MIAMI, Estados Unidos ― La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales Ayma por su presunta participación en los bloqueos de carreteras que durante 53 días paralizaron buena parte de Bolivia y exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La orden fue dictada dentro del caso previamente abierto contra el exmandatario. Morales es investigado por los presuntos delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
El documento dispone que la Policía “aprehenda y conduzca” a Evo Morales Ayma ante la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción. La Fiscalía justificó la medida en la necesidad de asegurar la presencia del exmandatario dentro de una investigación que todavía se encuentra en curso.
Morales rechazó la acusación mediante un mensaje publicado este miércoles en X, en el que sostuvo que el Gobierno intenta responsabilizarlo de las movilizaciones para ocultar la crisis económica y social del país. “No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre”, afirmó.
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz reclamó a la Policía que ejecute la medida. “Hoy está en manos de la Policía cumplir esta orden de aprehensión que ha emitido la Fiscalía”, declaró Cochamanidis, cuya organización había presentado la denuncia el 1 de julio.
La acción penal también señala al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al dirigente campesino paceño Vicente Salazar. Este último permanece en prisión preventiva desde el 6 de julio por otra investigación relacionada con los mismos hechos.
Los cortes de carreteras comenzaron el 6 de mayo y fueron promovidos principalmente por la COB y la Federación de Campesinos de La Paz, a las que se sumaron sectores afines a Morales. Las organizaciones movilizadas plantearon la renuncia de Paz como “única demanda”, mientras el exmandatario negó haber impulsado la salida del presidente y aseguró que respaldaba las reclamaciones económicas y sociales de los manifestantes.
En uno de los momentos más críticos del conflicto, la Administradora Boliviana de Carreteras contabilizó el 4 de junio 84 puntos de bloqueo simultáneos en seis departamentos. Cochabamba concentraba 25 cortes; La Paz, 20; Potosí, 15; Oruro, 12; Chuquisaca, nueve; y Santa Cruz, tres. Un día antes habían llegado a registrarse 103 interrupciones.
El saldo humano más reciente supera las cifras divulgadas durante las primeras semanas de la crisis. Un informe de la Defensoría del Pueblo registró 22 casos de presuntos fallecimientos y 88 personas heridas entre el 1 de mayo y el 21 de junio. De las muertes, 19 correspondieron a terceros afectados por los bloqueos —entre ellos pacientes que no pudieron llegar a centros de salud y víctimas de accidentes al intentar eludir los cortes— y tres a manifestantes presuntamente afectados durante operativos policiales o militares. La institución advirtió que corresponde al Ministerio Público investigar cada caso y establecer responsabilidades.
Las medidas de presión provocaron además desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. Al cumplirse 50 días de conflicto, la Cámara Nacional de Industrias calculó pérdidas acumuladas cercanas a los 3.000 millones de dólares, equivalentes a unos 60 millones diarios.
Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio y desplegó a la Policía y las Fuerzas Armadas para liberar las carreteras. La circulación fue restablecida durante los días siguientes, después de que el Ejecutivo alcanzara acuerdos con sectores como la COB.
La nueva orden se suma a la que ya pesaba contra Morales por un proceso de trata agravada de personas. El exmandatario fue declarado rebelde después de no comparecer al inicio del juicio oral, convocado para el 11 de mayo, por un caso relacionado con una menor de edad. Desde octubre de 2024 permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, protegido por seguidores que buscan impedir su detención.
La ejecución de ambas órdenes corresponde ahora a la Policía Boliviana. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, afirmó este miércoles que todas las órdenes de aprehensión deben cumplirse, mientras las autoridades policiales mantienen pendiente la captura que ya existía contra Morales por el proceso de trata de personas.
