LA HABANA.- A toda prisa y con el rabo entre las piernas se ha retirado de Cuba la compañía hotelera Meliá International. Se fue en medio de la peor crisis en la historia de la mayor de las Antillas, una muy distinta a la que le dio la bienvenida en los años noventa, durante el Período Especial, para sacar provecho del trato preferencial y el control social que le ofrecía el régimen de Fidel Castro.
La mayoría de los cubanos no atesora ningún recuerdo de sus instalaciones, en primer lugar, porque tuvieron prohibida la entrada a todas ellas por más de veinte años. Para muchos los hoteles de Meliá forman parte del paisaje de Varadero que se observa desde la carretera de Las Morlas, un mundo para ciudadanos de primera categoría que aterrizaban en tierra cubana con la moneda del enemigo a disfrutar de una vida que los nacionales no podían siquiera imaginar. Ese otro mundo donde todo lo que se recaudaba era para el pueblo, según anunciaba una valla a la entrada misma de Varadero, excluyó al pueblo al punto de no permitirle franquear la puerta de un hotel ni siquiera para usar el baño. Ser cubano era, en ese territorio cuidadosamente reservado para los extranjeros, sinónimo de apestado, de ciudadano de quinta categoría.
Meliá fue uno de los símbolos del apartheid económico decretado por Castro, y epítome de la complicidad empresarial con un régimen totalitario. Su presencia en Cuba validó un sistema de explotación laboral y discriminación que, en reiteradas ocasiones, ha sido denunciado ante organismos internacionales. Sus directivos aceptaron términos vergonzosos para la contratación de personal cuyo salario era abonado en moneda extranjera, pero recibían una parte insignificante en moneda nacional y una pequeña estimulación en divisas por deslomarse durante todo el mes, mientras el gobierno cubano se quedaba con el resto.
Para la compañía siempre fue una cuestión de negocios, para sus abogados resultaba sencillo argumentar que actuaban de conformidad con lo estipulado en las leyes cubanas. Pero en Cuba lo legal raramente coincide con lo justo, de modo que Meliá es tan responsable como el propio régimen por contribuir al empobrecimiento de hombres y mujeres en contextos marcados por escasez e inflación, donde casi todos los bienes y servicios son accesibles en divisas. La aceptación, por parte de Meliá, de los términos impuestos por el gobierno de Castro, empujó a miles de trabajadores calificados a devengar un salario indigno que debían completar con propinas y toda clase de trapicheos en los establecimientos donde laboraban. Cualquier reclamo de aumento salarial o mejora de las condiciones laborales acarreaba la expulsión directa con la anuencia del sindicato, que en Cuba existe para proteger los intereses del poder, no del trabajador.
En un clima de abuso semejante, ¿cuántas injusticias quedaron en silencio? ¿Cuántas vejaciones debió soportar un empleado o una empleada por tal de no perder el privilegio de trabajar en un sector que opera en divisas y donde los derechos laborales son letra muerta? De tales arbitrariedades se beneficiaron Meliá y otras hoteleras que han abandonado la isla tras las sanciones emitidas por la Casa Blanca. Ninguna ha manifestado responsabilidad social por conchabarse con un gobierno autoritario que utiliza a su población como mano de obra barata, y la norma de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos es bastante vaga al respecto.
No basta con decir que las empresas “tienen la responsabilidad de evitar beneficiarse de abusos”. El mundo empresarial debería regirse por pautas éticas y morales sólidas, que tengan como centro el respeto de los derechos individuales. Hacer negocios con una dictadura contribuye a mantenerla en el poder, a que redoble sus maltratos sobre la población y a que cuente con el financiamiento necesario para acceder a métodos y equipamiento con el fin de reprimir violentamente cualquier rebelión, como sucedió el 11 de julio de 2021.
Ahora anuncian que su salida de Cuba tuvo un elevado costo para Meliá Hotels International. Tras abandonar la gestión de más de 30 hoteles —con los que llegó a convertirse en la mayor cadena hotelera extranjera presente en el país—, la compañía registró pérdidas de 79,4 millones de euros (unos 92,3 millones de dólares), según informó el diario financiero español El Economista.
En la década de 1990 Meliá llegó a Cuba con paso seguro y todas las garantías de poder lucrar a la sombra de un régimen que no pudo ser arrastrado por la Unión Soviética en su caída. Treinta años después, colapsada la economía que se sostuvo a golpe de voluntarismo, agotado el modelo político y agotada también la paciencia del pueblo, la hotelera se marcha de un enclave que recuperará todo su potencial en un nuevo escenario de libertades, cuando se instaure la ansiada democracia y, junto con ella, un gobierno digno que no esté dispuesto a olvidar cuáles compañías cerraron los ojos y ayudaron a prolongar nuestro martirio.
