MIAMI, Estados Unidos ― Washington aceptó modificar las restricciones que impedían al Gobierno de Venezuela financiar la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el proceso penal que ambos enfrentan en Nueva York por cargos vinculados al narcotráfico, una decisión que desactiva, al menos por ahora, la moción con la que los abogados de los acusados buscaban la desestimación del caso por presunta violación del derecho constitucional a escoger abogado.
La medida quedó recogida en una carta conjunta presentada el 24 de abril ante el juez Alvin K. Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York.
La autorización no equivale a un levantamiento general de sanciones ni a una liberación amplia de fondos venezolanos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) emitió licencias modificadas para permitir que los abogados defensores de Maduro y Flores reciban pagos del Gobierno de Venezuela bajo condiciones específicas: los fondos deben estar disponibles para ese Gobierno después del 5 de marzo de 2026 y no pueden provenir de “Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros”.
“Las partes escriben conjuntamente para notificar al tribunal que la Oficina de Control de Activos Extranjeros emitió licencias modificadas para los abogados de los acusados Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro”, señala la carta dirigida al juez Hellerstein. El documento agrega que “las licencias modificadas autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones”.
Con esa modificación, la defensa retiró sus solicitudes de desestimación de la acusación sustitutiva, aunque dejó abierta la posibilidad de volver a presentarlas si surgen problemas similares. “El Gobierno entiende que las licencias modificadas han resuelto los asuntos que sustentaban las mociones de los acusados para desestimar la acusación sustitutiva”, indica la comunicación. La carta añade que los acusados “retiran sus mociones por haber quedado sin objeto, sin perjuicio de volver a presentarlas si surgen asuntos similares en el futuro”.
La Fiscalía y la defensa pidieron además al tribunal fijar una conferencia de estatus en aproximadamente 60 días y excluir ese período del cómputo de la Ley de Juicio Rápido, con el argumento de que el Gobierno necesita producir pruebas, la defensa debe revisarlas y los abogados de los acusados tienen que evaluar qué mociones previas al juicio presentarán. Según la carta, los abogados de Maduro y Flores aceptaron esa solicitud.
El cambio llega después de una disputa que amenazaba con complicar el avance del proceso. Barry Pollack, abogado de Maduro, había pedido en febrero al juez Hellerstein que desestimara el caso porque las sanciones estadounidenses impedían que el Gobierno venezolano pagara los honorarios legales de su cliente. La defensa sostuvo que esa restricción vulneraba el derecho de Maduro a contar con el abogado de su elección, amparado por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
“Como resultado, el señor Maduro, que carece de fondos propios para contratar abogado, está siendo privado de su derecho constitucional a un abogado de su elección”, argumentó la defensa en la moción presentada el 26 de febrero. En el mismo escrito, Pollack advirtió que, si la OFAC mantenía el bloqueo sobre el financiamiento, él no podría continuar en el caso y Maduro tampoco podría ser representado por otro abogado contratado.
La Fiscalía había rechazado esa tesis. En un escrito del 13 de marzo, el Gobierno estadounidense pidió negar las mociones de desestimación de Maduro y Flores y sostuvo que la autorización inicial para usar fondos del Gobierno venezolano había sido un error administrativo de la OFAC. La funcionaria Sara Thannhauser, directora asociada de Sanciones, Política e Implementación de la OFAC, declaró que no encontró antecedentes de un caso en el que un gobierno extranjero bloqueado hubiera sido autorizado a pagar servicios legales de una persona bloqueada por separado.
Thannhauser precisó que Maduro y Flores estaban bloqueados bajo sanciones desde 2017 y 2018, respectivamente, y que el Gobierno de Venezuela estaba bloqueado desde 2019. Según la funcionaria, las licencias emitidas inicialmente el 9 de enero de este año autorizaron pagos desde cuentas individuales, cuentas conjuntas y fondos del Gobierno venezolano, pero la inclusión de estos últimos fue “un error administrativo”; por eso la OFAC modificó luego las licencias para alinearlas con su política y con los objetivos de política exterior de Estados Unidos.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas el 3 de enero y trasladados a Nueva York, donde se declararon no culpables y permanecen detenidos a la espera de juicio. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, de acuerdo con la acusación sustitutiva publicada por el Departamento de Justicia.
La acusación sostiene que Maduro, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, conspiraron desde al menos 1999 y hasta 2025 para importar cocaína a Estados Unidos y usar o poseer armas de fuego, incluidas ametralladoras y artefactos destructivos, en relación con delitos de narcotráfico. El documento judicial afirma que la sustancia involucrada era “cinco kilogramos y más” de mezclas con una cantidad detectable de cocaína.
En la audiencia del 26 de marzo, el juez Hellerstein se mostró escéptico ante el bloqueo de los pagos, aunque no adelantó una desestimación del caso. “El acusado está aquí, Flores está aquí. No representan una amenaza adicional para la seguridad nacional”, dijo el magistrado. También afirmó que “el derecho implicado, primordial sobre otros derechos, es el derecho a un abogado constitucional”.
