MADRID, España.- Los presos políticos Ángel Cuza Alfonso y Daniel Alfaro Frías enviaron mensajes de esperanza al pueblo cubano desde el penal de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, en el inicio de 2026, pese a permanecer privados de libertad por causas vinculadas a su activismo político.
Cuza, periodista independiente y activista, denunció que se encuentra encarcelado desde hace meses sin que se haya presentado una petición fiscal formal ni se haya celebrado juicio en su contra. También señaló que su defensa no ha logrado sostener entrevistas con representantes de la Seguridad del Estado para conocer el estado real de su proceso penal.
“Seis meses en prisión, sin petición fiscal, sin nada. El abogado ha tratado de ir a entrevistarse con la gente de la Seguridad del Estado pero nada todavía. Esa gente no le han querido dar la cara”, precisó en conversación con Martí Noticias desde el penal.
En su mensaje al país, Cuza deseó salud y fortaleza a los cubanos y llamó a no abandonar la lucha cívica.
En noviembre pasado, Ángel Cuza envió una carta pública en la que denunció nuevas violaciones de derechos humanos durante su reclusión y responsabilizó a la Seguridad del Estado por el deterioro de sus condiciones físicas y emocionales. En ese testimonio, afirmó que prefería la muerte antes que continuar en prisión bajo lo que describió como un encarcelamiento arbitrario y sin garantías legales.
Por su parte, Daniel Alfaro Frías, de 71 años, cumple una condena de nueve años de prisión por delitos asociados a asociaciones, reuniones y manifestaciones consideradas ilícitas por las autoridades. El preso político explicó que las fechas de cierre e inicio de año resultan especialmente duras para quienes permanecen encarcelados, debido a la separación forzada de sus familias. Alfaro reiteró que su mayor anhelo para Cuba sigue siendo la libertad.
Diversas organizaciones independientes y defensores de derechos humanos han alertado sobre el uso sistemático del sistema penal cubano para castigar la disidencia, mediante procesos opacos, prolongadas prisiones preventivas y sanciones desproporcionadas contra activistas, periodistas y opositores pacíficos.
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