MIAMI, Estados Unidos ― Al menos siete menores de edad permanecen privados de libertad en Cuba por hechos relacionados con protestas o procesos penales de motivación política, de acuerdo con una actualización publicada este viernes por el Centro de Información Legal Cubalex.
La lista incluye a un niño de 13 años y a seis adolescentes de entre 15 y 17 años.
Los menores identificados son Cristian Fernández Sarmiento, de 16 años; Alex Javier Hernández González, de 13; Ander Magdiel del Toro Suárez, de 15; José Jorge Menéndez Vázquez, de 17; Cristian de Jesús Crespo Álvarez, de 16; Leroy Hernández Escalona, de 17; y José Ángel Borrero, también de 17.
Cubalex advirtió que en estos casos ha documentado incomunicación, falta de información a las familias y violaciones del debido proceso, además de condiciones de reclusión incompatibles con los estándares internacionales de protección de la niñez.
Tres de los adolescentes —Ander Magdiel del Toro Suárez, José Jorge Menéndez Vázquez y José Ángel Borrero— fueron arrestados tras las protestas del 21 de junio en Maffo, municipio Contramaestre, Santiago de Cuba, y el incendio de la Casa Memorial Orlando Pantoja Tamayo. Permanecen recluidos en el centro de la Seguridad del Estado conocido como Versalles, según la información comunicada por la activista Anamely Ramos González y recogida por Cubalex.
Los tres están bajo investigación por el presunto delito de “sabotaje”. A comienzos de julio fueron excarcelados sin cargos otros tres jóvenes detenidos por el mismo caso: Luis Alberto Leyva, Yordi Daniel Gómez Aguilar y Ángel Luis Leyva. Ramos González declaró entonces a Martí Noticias que los adolescentes solo disponían de 10 minutos semanales para ver a sus familiares.
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas había intervenido el 29 de junio, después de recibir una solicitud de acción urgente de Cubalex relacionada con varios detenidos en Contramaestre. El órgano internacional expresó preocupación por la prisión provisional impuesta a menores que, debido a su edad, no podían responder penalmente conforme a las propias leyes cubanas, y dio al Estado un plazo hasta el 14 de julio para informar sobre su situación.
En Versalles también se encuentra Cristian Fernández Sarmiento, detenido en junio durante las protestas de Altamira, en Santiago de Cuba. Su abuela, Soraya Cardoza, de 83 años, denunció esta semana que el menor ha perdido peso considerablemente y que las autoridades no han explicado por qué continúa encarcelado ni han ofrecido información suficiente sobre el proceso.
El detenido más joven es Alex Javier Hernández González, de 13 años, arrestado durante la protesta del 22 de julio en Santiago de las Vegas, La Habana. Su madre denunció que cuatro policías lo golpearon y que intentaron responsabilizar de las lesiones a los manifestantes. “Tiene golpes aquí —señalándose la cabeza—, en el cuello; tiene la espalda llena de piñazos, llena de golpes”, relató la mujer en un video difundido en redes sociales.
Después del arresto, Alex Javier fue llevado a la estación policial de Calabazar y posteriormente al centro de internamiento para menores de Guanabacoa conocido como El Combinadito, donde permanecía recluido al cierre del reporte. El artículo 18.1 del Código Penal cubano establece que la responsabilidad penal solo puede exigirse a quienes hayan cumplido 16 años en el momento de cometer el presunto delito, por lo que el niño no puede ser procesado penalmente.
Cristian de Jesús Crespo Álvarez permanece en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, desde las protestas ocurridas en marzo en Morón. Cubalex lo identifica actualmente como un adolescente de 16 años y asegura que en junio fue diagnosticado con hepatitis. Las autoridades penitenciarias comunicaron a la familia que no sería llevado a un hospital y lo mantuvieron en la enfermería de la cárcel, según la organización.
Leroy Hernández Escalona, de 17 años al ser arrestado, es quien acumula más tiempo en reclusión. Fue detenido el 18 de septiembre de 2025 durante una protesta pacífica en Maniabón, municipio Puerto Padre, Las Tunas, y permanece bajo prisión provisional. Prisoners Defenders registró que fue recluido en la sede provincial de Instrucción y denunció que la detención se produjo sin tutela judicial efectiva. Cubalex agregó que el adolescente fue sometido a interrogatorios prolongados y presiones psicológicas mientras su familia no podía visitarlo.
La legislación cubana permite exigir responsabilidad penal a partir de los 16 años, pero establece condiciones adicionales cuando el acusado tiene menos de 18: que se trate de hechos contra bienes jurídicos de “especial connotación”, que se hayan utilizado medios que denoten desprecio por la vida o irrespeto notorio a los derechos ajenos, o que exista reiteración delictiva. El propio Tribunal Supremo Popular ha señalado que la Fiscalía solo puede ejercer la acción penal contra menores de 18 años bajo esas circunstancias.
El antecedente más reciente es el de Jonathan David Muir Burgos, detenido el 16 de marzo, cuando tenía 16 años, después de las protestas del día 13 en Morón. Fue acusado de “sabotaje” y trasladado a la prisión para adultos de Canaleta, donde permaneció más de tres meses. CubaNet confirmó directamente con el adolescente su excarcelación el 24 de junio, aunque no trascendieron entonces las condiciones jurídicas de la medida ni si continuaba abierto el proceso penal. Amnistía Internacional informó posteriormente que la causa seguía activa y que Jonathan estaba sujeto a restricciones no precisadas.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ya había expresado en 2022 su preocupación por las detenciones de menores —incluidos niños de 13 años— durante protestas en Cuba, así como por los arrestos nocturnos, la incomunicación, los interrogatorios prolongados, las insuficientes garantías procesales para menores de 16 años y el uso excesivo de la prisión preventiva. El Comité recomendó al Estado cubano garantizar que la privación de libertad de niños y adolescentes se emplee únicamente como último recurso y durante el período más breve posible.
