LIMA, Perú — La firma estadounidense Atlas Holdings presentó una demanda contra el Gobierno cubano para reclamar más de 267 millones de dólares por la confiscación de los activos de la antigua Compañía Cubana de Electricidad, en un nuevo litigio basado en el Título III de la Ley Helms-Burton.
Según la demanda, radicada el 27 de julio ante la corte federal del Distrito de Columbia, la acción judicial está dirigida contra la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) y la empresa mixta Energas, al considerar que ambas se benefician actualmente de instalaciones e infraestructuras nacionalizadas por el fallecido dictador Fidel Castro en 1960.
El documento, difundido por el medio independiente Café Fuerte, sostiene que el entonces gobernante cubano «confiscó ilegalmente» la Compañía Cubana de Electricidad junto con «numerosos activos adicionales —valorados en conjunto en más de 300 millones de dólares— (…) sin causa justa ni indemnización». Como resultado, añade la reclamación la expropiación dejó a la empresa sin sus inversiones y sin control sobre sus activos, lo que finalmente la obligó a poner fin a sus operaciones en la Isla.
Atlas Holdings, con sede en Connecticut y propietaria de los derechos certificados sobre la antigua compañía eléctrica de la Isla, basa su reclamación en una certificación emitida en 1970 por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero (FCSC) de Estados Unidos. Ese organismo fijó el valor de los bienes expropiados en 267.568.413,62 dólares y estableció además un interés anual del 6% desde el 6 de agosto de 1960 hasta la fecha en que se produzca el pago.
El escrito sostiene que buena parte de la infraestructura que actualmente opera la UNE proviene de los bienes expropiados a la antigua Compañía Cubana de Electricidad. En ese sentido, identifica entre los activos utilizados las centrales termoeléctricas Antonio Maceo (Renté), en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, además del complejo de gas Melones, en la bahía de La Habana, y la central hidroeléctrica Guaso.
De acuerdo con los demandantes, la UNE «es una de las principales beneficiarias de la confiscación», ya que no solo administra esas instalaciones, sino que también emplea «partes sustanciales de la red de transmisión y distribución de la Compañía Cubana de Electricidad», infraestructura que constituye actualmente una parte esencial de la red eléctrica nacional de Cuba y de la red de gas natural de La Habana.
Respecto a Energas, la demanda afirma que la compañía «obtiene beneficios y trafica con la propiedad confiscada del demandante» mediante sus actividades de generación eléctrica y procesamiento de gas natural. El escrito agrega que esas operaciones dependen de instalaciones e infraestructura expropiadas y que, «en colaboración con UNE y otras entidades estatales cubanas», la empresa obtiene beneficios comerciales de activos integrados al Sistema Eléctrico Nacional.
Energas fue operada hasta mayo de este año por la minera canadiense Sherritt International, mientras que Atlas Holdings es también propietaria de Office Depot y adquirió los derechos certificados de la antigua compañía eléctrica cubana.
La acción judicial fue presentada por el bufete Steptoe LLP, firma que también representa a la empresa petrolera Exxon Mobil en otros procesos relacionados con propiedades nacionalizadas en la Isla.
La Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, había permanecido inactiva durante más de dos décadas debido a suspensiones presidenciales consecutivas, hasta que Donald Trump levantó esas restricciones en 2019. Desde entonces, varias compañías estadounidenses han iniciado procesos similares, aunque muchas no llegaron tan lejos dentro del sistema judicial como las más recientes.
Según cifras del Gobierno estadounidense, previas a la demanda de Atlas Holdings, más de 5.900 personas y empresas tienen reclamaciones certificadas contra el Estado cubano por un valor superior a 1.900 millones de dólares, sin contar intereses.
