La prensa independiente en Cuba y, por supuesto, el derecho a la libertad de expresión han sufrido en estos primeros días de octubre una nueva acometida represiva por parte de los órganos de Seguridad del Estado, lo que llevó a varios periodistas a renunciar públicamente a su trabajo en medios autónomos –como El Toque, Periodismo de Barrio o Cubanet–, mientras que otros han denunciado el hostigamiento sistemático que han padecido recientemente, incluidos detenciones e interrogatorios arbitrarios.
Se trata apenas del más reciente episodio en un ejercicio cíclico de limpieza que, finalmente, ha empujado al exilio a varias decenas de informadores —unos 150 en dos años, según algunas fuentes–, pero también a intelectuales, artistas y artivistas críticos del gobierno que a finales de la década pasada y comienzos de esta impulsaron una vibrante, y muy conectada (también con la diáspora), esfera independiente al interior de la isla.
A mediados de septiembre, Magazine AM:PM, un espacio enfocado en la promoción y la crítica de la escena musical cubana, anunció que haría “una pausa indefinida” en sus actividades debido a “la creciente presión y acoso a nuestro director por parte de los órganos de contrainteligencia cubanos”.
Si bien no se conocieron otros detalles sobre la abrupta decisión –más allá de la insistencia en que el hostigamiento al periodista Rafael G. Escalona, fundador y líder del proyecto, había dejado a la revista “sin la posibilidad de aplicar a fondos para realizar [su] trabajo” e incluso ponía “en peligro la integridad […] del equipo involucrado”–, ahora se lee el cierre de AM:PM –uno de los pocos medios considerados independientes cuyo núcleo todavía operaba dentro del país– como el primer paso en una escalada que un par de semanas alcanzó el nivel de los trabajadores y colaboradores individuales.
En redes sociales trascendieron los casos de Yadira Álvarez Betancourt, Yennys Hernández Molina o Annery Rivera Velasco, quienes el pasado 3 de octubre debieron hacer públicas –de manera casi coreografiada– sus renuncias “a colaborar y/o participar en cualquier medio de comunicación o proyecto de carácter independiente y/o considerado subversivo o contrario a los intereses del gobierno cubano”.
Los mensajes recordaron, aun en su brevedad, y aunque no suponen de ninguna manera un explícito mea culpa, los forzados actos de contrición a que se han visto orillados muchísimos cubanos –ya sean intelectuales disidentes (el caso Padilla como momento paradigmático) o simples ciudadanos más o menos “confundidos”– a lo largo de más de seis décadas en los más disímiles espacios de control y disciplinamiento sociales: campos de trabajo, reuniones y asambleas, informes y planillas, tribunales, medios de comunicación…
Por su parte, la periodista María Lucía Expósito articuló una denuncia que abarca distintos niveles: desde las recientes amenazas dirigidas a su persona por parte de agentes de la policía política, y el interrogatorio a que había sido sometida tres días antes de su publicación, hasta el cuadro completo de este operativo cuya novedad –luego del encarcelamiento o el destierro de los más prominentes activistas de los últimos años, y de sucesivas oleadas represivas que sacaron de la isla a varios de los periodistas independientes más conocidos internacionalmente– consistiría en que, a todas luces, pretende cortar, a ras de suelo, el más mínimo brote de autonomía (incluso si se trata de un magazine sobre música), así como cualquier vínculo con organizaciones periodísticas intensamente demonizadas por el aparato oficial.
“Entre septiembre y octubre de 2024, un grupo de periodistas cubanos sigue asistiendo por sus medios a las distintas sedes que constan en la «hoja tipo» que uno o dos días antes los agentes suelen entregar en la residencia de sus objetivos”, relató Expósito. “La causa del encuentro es un factor común: una investigación contra la revista cubana El Toque que se ha girado también hacia otros medios alternativos. La ruta del dinero tiene el matiz de una tilde esdrújula en estos sermones. La violencia psicológica, con la venia del Estado, usa el Código Penal como instrumento”.
En efecto, la práctica consuetudinaria de la censura y la criminalización ideológica de cualquier forma de expresión autónoma en Cuba ha ganado últimamente –en particular, en el caso de la prensa– un entramado legal que ofrece más y mejores herramientas al poder: la Ley de Comunicación sacó del limbo jurídico a los medios independientes para directamente ilegalizarlos; desde antes, el Decreto Ley 370 ha impuesto multas y ha servido para coartar la libertad de expresión incluso en redes sociales; por último, el nuevo Código Penal tipifica, y de hecho amplía el alcance al espacio virtual, de figuras que pueden limitar el ejercicio de derechos como el “desacato”, que protege en especial –y, por supuesto, con un margen de discrecionalidad– a los principales cargos del país.
También aparece en este último texto el Artículo 143, que reza: “Quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”. El uso a discreción de este apartado supone una obvia espada de Damocles sobre la cabeza de cualquier reportero independiente.
“Un periodista no estatal en Cuba es, por transitividad de la contrainteligencia, un mercenario”, subrayó María Lucía Expósito. “Yo quisiera que un salario «subversivo» o «federal» fuese suficiente para ayudar a mi hermana de 26 años, residente de anestesiología en el Hospital Provincial, cuyo salario por una guardia es equivalente a un batido de helado en cualquier restaurante de Pinar del Río. A mi madre, cuyo salario en cinco años de misión internacionalista en Venezuela fue inferior al 50 por ciento del monto que recibió, por los servicios prestados por un profesional de la salud, el Ministerio de Salud Pública”.
“Desde mediados de septiembre de 2024, el régimen cubano ha intensificado una ola represiva contra la sociedad civil, enfocada en periodistas independientes, activistas y gestores de proyectos sociales”, denunció por su parte El Toque, que ya antes ha sufrido renuncias de colaboradores y miembros de su equipo por las presiones de la Seguridad del Estado y que es actualmente una de las dianas favoritas del poder cubano debido a la publicación diaria de su tasa representativa del mercado informal de divisas en la isla. “Las autoridades han realizado interrogatorios coercitivos de hasta 12 horas, durante los cuales han utilizado amenazas, violencia verbal y chantajes. Los interrogados son obligados a elegir entre ser acusados o colaborar como «testigos», mientras se les presiona para autoinculparse y señalar a otros involucrados”.
En un artículo titulado “Extorsión, decomisos y amenazas en nueva operación represiva contra la sociedad civil cubana”, el staff de El Toque advierte: “Preparémonos para esta escena dentro de unos días: voceros de la Seguridad del Estado cubana aparecerán en televisión, con voz engolada y música efectista, para presentar los «resultados» de una «nueva investigación» que, basada en «pruebas de peso», servirá para «demostrar» una «nueva operación organizada desde Estados Unidos»”.
Elaine Díaz, directora de Periodismo de Barrio, detalló en un hilo de X: “Han decomisado laptops y teléfonos y pedido dinero de salarios supuestamente cobrados por actividades supuestamente ilícitas. Funcionarios del MININT pidiendo «100, 200, 1000, lo que sea pero tienes que entregar dinero»”.
“La dictadura cubana se ensaña nuevamente con los inocentes, con los más vulnerables, con quienes cometieron solamente el delito de pensar y hablar sin hipocresía”, escribió la periodista y exprofesora de la Universidad de La Habana. “Una vez más están obligando a personas inocentes a filmar videos autoinculpándose en delitos que no cometieron, mintiendo sobre los medios para los que trabajaron, haciendo renuncias públicas”.
“Denunciamos la escalada represiva de la Seguridad del Estado Cubana contra periodistas de Cubanet dentro de la isla”, se leía el jueves último en las redes de ese medio. “En las últimas horas varios colaboradores han sido detenidos, amenazados con altas penas de prisión o con ver afectada la integridad de sus familiares. Bajo coacción y luego de horas de tortura psicológica, han sido filmados contra su voluntad. Les han arrebatado, además, sus dispositivos electrónicos y ahorros”.
Colegas, activistas y otras organizaciones de la sociedad civil cubana, dentro y fuera de la isla, se han sumado a las denuncias y han expresado solidaridad con los informadores reprimidos.
A raíz de estos hechos, el abogado Eloy Viera Cañive sopesó en un texto aparecido en El Toque la táctica extorsiva que suele emplear la policía política cubana al tratar con periodistas independientes.
“Antes de emitir juicios sobre quienes ceden a la extorsión, es importante considerar que las decisiones están motivadas por un miedo real. El miedo está basado, en primer orden, en la evidencia histórica que indica que el régimen cubano puede sancionar a periodistas a decenas de años de prisión. Evidencia histórica que asegura que el Estado cubano ve a los periodistas como enemigos contrarios al «socialismo irrevocable», como personas capaces de mentir y tergiversar animadas por el dinero”, precisa el jurista exiliado en Canadá.
“Pero, sobre todo, el miedo está fundado en el hecho de que el proceso extorsivo se produce en contextos que estuvieron precedidos por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas e interrogatorios ilegales” agrega Viera Cañive, antes de subrayar la trampa dialéctica y práctica del poder represivo. “Interrogatorios en los cuales a los periodistas independientes se les califica, de forma nominal, como «testigos» de un proceso penal más grande sobre el que no se ofrece dato alguno. En la práctica, se les trata como acusados sin derechos”.
