Organizaciones de derechos humanos de Venezuela han hecho público un novedoso reporte/ensayo en torno a la resistencia ciudadana y la represión estatal y paraestatal tras la jornada electoral del pasado 28 de julio, cuando las autoridades comiciales del país sudamericano declararon vencedor una vez más a Nicolás Maduro a pesar de muchas irregularidades señaladas por los observadores internacionales y sin que desde entonces haya mostrado la evidencia requerida para validar legalmente el resultado.
“Derribando estatuas. Desafiando al biopoder bolivariano (una aproximación al 29j bolivariano)” –suscrito por un grupo de organizaciones coordinadas y protegidas bajo la denominación genérica Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento– no solo cartografía y define la vandalización de nueve estatuas del expresidente y líder bolivariano Hugo Chávez en tanto “clímax de una jornada insurreccional [el 29J] protagonizada por los sectores populares”, sino que caracteriza ese gesto espontáneo como símbolo político y social del quiebre del “poder biopolítico” instaurado por el chavismo en Venezuela.
En el documento es asumido ese concepto acuñado por el filósofo francés Michel Foucault como marco teórico de sus análisis de la situación venezolana: “Luego del 28 de julio hay que hacer menos esfuerzos en demostrar la vocación no democrática del gobierno bolivariano y la coalición dominante que lo acompaña. El chavismo ha intentado instalar la completa estatización de la vida cotidiana de la población. Según Foucault, el biopoder interfiere en las vidas individuales a través de lo que denomina «dispositivos» o «aparatos», sostienen las entidades denunciantes.
Y a continuación relacionan y describen los que, desde su punto de vista, constituyen “dispositivos biopolíticos desplegados por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro”: a saber, “la división territorial-ideológica de los grandes centros urbanos”; “la sustitución del espacio público por el espacio estatizado”; “el uso de viviendas sociales como mecanismos de discriminación, control y disciplinamiento”, y “la precarización y privatización del transporte público”, como parte de un movimiento que va “del derecho a la ciudad a la ciudad sin derechos”; asimismo, la dominación “por hambre” (o sea, “distribución controlada” de alimentos) y “por ingresos” (“depauperación de los salarios” y sistema de “bonificaciones” directas a los trabjadores); así como programas sociales que, en la práctica, suponen “una relación transaccional que como retribución demanda fidelidad ideológica y servidumbre voluntaria” (las llamadas misiones educativas o de salud, y otras formas clientelares).
El reporte –que sigue al titulado “Crisis Postelectoral y de Derechos Humanos 2024 en Venezuela”, un inventario de las violaciones de derechos humanos en las semanas posteriores a los comicios– subraya que el derribo de las nueve efigies de Chávez en diferentes partes de Venezuela constituyó el culmen emblemático de una reacción popular que “incluyó la destrucción de propaganda electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); incendio de alcaldías, sedes de partidos oficiales y ataques a módulos policiales”. Igualmente, el texto recuerda la “feroz” respuesta de las autoridades: “solo en dos días, el 29 y 30, fueron asesinadas 24 personas en el contexto de las manifestaciones”.
“En el caso de las efigies, todas ellas se encontraban en áreas consideradas como controladas por el oficialismo”, hace notar el documento colectivo, que ensaya una tan urgente como sólida interpretación sobre la hora venezola. “Las estatuas de Hugo Chávez eran la continuación del marcaje panóptico iniciado con los murales de los «ojos de Chávez». Quienes echaron abajo el símbolo de la narrativa hegemónica sabían que estaban siendo observados, que serían excluidos de la bolsa CLAP [Comités Locales de Abastecimiento y Producción] y la bombona de gas, que podían ser víctimas de una detención arbitraria, que sus familiares que trabajaban en la administración pública podían ser objeto de represalias. Aún así, no contuvieron su indignación y la celebración orgiástica de la caída de un símbolo de la opresión”.
A modo de conclusión, los autores afirman que las protestas populares sobrevenidas en la cotuntura postelectoral resultan las más importantes, “en extensión y magnitud”, de la historia contemporánea venezolana, “quizás solo comparables cualitativamente con «El Caracazo» de 1989”.
“La incomprensión sobre los marcos de acción colectiva de los habitantes de las barriadas venezolanas (con una lógica diferente de los sectores medios), junto a la férrea censura impuesta por las autoridades en medios de comunicación y redes sociales, ha imposibilitado la medición y comprensión del fenómeno”, se lee a continuación, y se enfatiza por fin en un diagnóstico a todas luces estratégico: “Aquí hay fortalezas democráticas que hay que mantener, desarrollar y expandir. Para ello hay que superar algunos prejuicios que los sectores medios mantienen sobre los sectores populares, alimentados y potenciados por el gobierno bolivariano, dado que la separación ha sido su principal estrategia durante dos décadas y media de hegemonía”.
