Un grupo de organizaciones venezolanas de derechos humanos –no identificadas debido al peligro de represalias en el actual contexto altamente represivo– ha puesto en circulación desde este martes 3 de septiembre lo que han denominado “el libro negro de la dictadura”: un documento de unas 130 páginas cuyo título formal es “Crisis postelectoral y de Derechos Humanos 2024 en Venezuela”, el cual viene a confirmar la ocurrencia en ese país de “ilícitos” e “irregularidades” electorales, así como el uso de la violencia para anular el disenso y la protesta en el espacio público.
Bajo la rúbrica genérica “Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento”, el legajo analiza ampliamente el proceso electoral del 28 de julio pasado en Venezuela y sistematiza tanto los antecedentes como la situación posterior a la misma.
“El reporte incluye patrones de violaciones a derechos humanos ocurridos antes, durante y después de la jornada electoral del 28 de julio de 2024, con datos de más de 25 iniciativas asociativas del país”, señalan esas mismas agrupaciones en un resumen ejecutivo también distribuido entre la prensa y entidades aliadas. “El informe concluye que las actuaciones de las autoridades ratifican que en Venezuela se continúa cometiendo el crimen de persecución por motivos políticos, un delito de lesa humanidad incluido en el Estatuto de Roma; [q]ue la actuación coordinada de las diferentes instituciones del poder público, dirigidas a fomentar el temor generalizado como mecanismo de control y coerción, deben calificarse como «Terrorismo de Estado»; [q]ue la grave erosión de la institucionalidad democrática ha derogado, por la vía de los hechos, el 21.7% de los artículos de la Carta Magna, vinculados a derechos fundamentales, por lo que en el país se ha instaurado un régimen de excepción por la vía de los hechos».
Partiendo del evidente diagnóstico de fraude –hasta la fecha el gobierno de Nicolás Maduro no ha podido mostrar las actas que acreditan la victoria adjudicada por un Consejo Nacional Electoral bajo su control–, los autores del informe concluyen que, “aunque la voluntad popular hubiera sido reconocida por las actuales autoridades, las continuas barreras erigidas en el proceso electoral, de forma generalizada y sistemática, obstaculizando el ejercicio de los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación, igualmente hubieran impedido calificar al proceso electoral como «libre» y «justo».
El argumento es coherente con las denuncias de la oposición venezolana, las sospechas de la gran mayoría de la comunidad internacional (que no ha reconocido la victoria de Maduro), y sobre todo con las tempranas observaciones que contradicen la presunta limpieza de los comicios del 28J realizadas por entes como el Centro Carter y expertos de Naciones Unidas.
Acerca de la violencia estatal y paraestatal sobrevenida a raíz de las manifestaciones pacíficas contra el supuesto triunfo del oficialismo, el expediente señala que “Nicolás Maduro ha sido el vocero principal de las estrategias de represión, divulgadas públicamente, incluyendo la fabricación de falsos positivos para deslegitimar las denuncias sobre violaciones al derecho a la vida en el contexto de las protestas, de manera coordinada a diferentes niveles del poder público, en conjunto con sus aliados”.
Hasta el día 29 de agosto eran mil 590 detenidos confirmados por las ONG que elaboraron el texto (86.1% hombres y 13.9% mujeres). “En los patrones vinculados a las detenciones”, revelan, “hubo desapariciones forzadas de corta duración, negativa a poder ser representados por sus abogados de confianza, aplicación masiva de la legislación contra el terrorismo, realización de audiencias virtuales en juicios sumarios, privación de libertad a adolescentes y personas con discapacidad. Además, después del 28 de julio se registraron por lo menos 184 actuaciones de civiles armados, conocidos como «Colectivos»”.
El amplio diapasón de las denuncias contenidas en este documento va desde los ataques a las libertades de expresión, asociación y manifestación pública, restricciones del libre tránsito, hostigamientos, detenciones arbitrarias e incluso ejecuciones extrajudiciales, entre los antecedentes del 28J, hasta la aprobación de normas restrictivas para la reunión, la persecución de testigos de mesas electorales, aprehensiones de ciudadanos en ejercicio de los derechos a la expresión y la información, restricciones de redes sociales, un “falso positivo” (caso “Pinpina”), las “muertes en el contexto de protesta” durante las últimas semanas, la “institucionalización del miedo” –verbigracia, mediante la llamada “Operación Tun Tun”, que llega hasta los domicilios de los disidentes– y, en general, “el uso del terror para restringir el espacio cívico”.
Al respecto, también se pronunció este martes la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, quien habló de “un clima de miedo” en Venezuela y pidió al gobierno “garantizar que se tomen todas las medidas de conformidad con las leyes internacionales de derechos humanos, con transparencia, y tomar provisiones para resolver esta disputa de forma pacífica”.
En cuanto a los derechos civiles, políticos y laborales en el presente contexto postelectoral venezolano, el citado informe relaciona varios tipos de detenciones arbitrarias, así como sus motivos y patrones; por ejemplo, se ha constatado “allanamientos sin orden judicial” y “actuación de civiles armados en labores de seguridad ciudadana”. Asimismo, denuncian la vulneración de derechos propios del ámbito laboral y violaciones de los derechos a la nacionalidad, identidad y libre tránsito, incluida la anulación de pasaportes.
Hacia el final del reporte, se incluye un apartado especial consagrado a la situación en Yaracuy, estado del interior del país, a fin de visibilizar la gravedad de los actuales acontecimientos más allá de Caracas, que usualmente –tal como se advierte en el resumen ejecutivo– “recibe mayor atención”.
Las organizaciones agrupadas bajo la firma colectiva “Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento” examinan finalmente –en un capítulo dedicado a los patrones que caracterizan la actual coyuntura venezolana— los “criterios de configuración del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos y su materialización en la situación de Venezuela”; la “aplicación sistemática del terrorismo de Estado”; el “régimen de excepción por la vía de los hechos”, y los “cambios cualtitativos en la actuación de los funcionarios policiales y militares”.
Entre las principales recomendaciones de este “libro negro” (como aquel que sirvió en 1952 para denunciar el régimen militar de Marcos Pérez Jiménez), dirigidas a la comunidad internacional, se encuentran: “mantener los esfuerzos de mediación y presión diplomática sobre las autoridades venezolanas; incrementar las medidas de reconocimiento individual a los responsables de violaciones a los derechos humanos; tomar medidas para reconocer a los venezolanos que saldrán del país como beneficiarios de refugio según la Declaración de Cartagena; [mantener] el no reconocimiento de los resultados anunciados por el CNE hasta que no exista una divulgación detallada, verificada por una revisión forense electoral realizada por técnicos electorales independientes; [reconocer] como interlocutor en la crisis venezolana a las víctimas de violaciones a los derechos humanos”.
