Historiadora y académica Alina Bárbara López Hernández, expulsada por su postura cívica de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba

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Logo de la UNEAC tachado, tal como aparece en una publicación en redes sociales de Alina Bárbara López Hernández
Logo de la UNEAC tachado, tal como aparece en una publicación en redes sociales de Alina Bárbara López Hernández (IMAGEN Facebook / Alina Bárbara López Hernández)

La intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández –víctima de acoso sistemático, detenciones arbitrarias por parte de la policía política, así como de la judicialización contra críticos y disidentes que ejerce el régimen de la isla– dio a conocer que fue “separada definitivamente de la UNEAC [Unión de Escritores y Artistas de Cuba] sin posibilidad de apelación”. Se trata del último episodio en una ya bastante larga serie de medidas represivas para acallar la voz de la historiadora.

Según la entrada de Facebook donde relata una reunión a la que debió asistir este jueves en la delegación de la UNEAC en Matanzas (donde entre otros estaba el presidente provincial), la expulsión se debería a que López Hernández publicó en redes sociales “información interna” sobre el proceso disciplinario que se realizaba en su contra y, además, supuestamente ofendió a un miembro de la organización: “se trata de Julio César Pérez Verdecia, funcionario profesional del PCC [Partido Comunista] que es a su vez vicepresidente de la Asociación de Escritores, el cual comentó en la página Atenea Matancera, un perfil de Seguridad del Estado para «el cibercombate», que yo «había perdido la vergüenza y que violaba la paz en la ciudad»”, explicó la profesora.

“Lejos de ofenderlo, me defendí con una altura ética que ya quisiera él, sin embargo, la directiva no considera que fui yo la ofendida”, agregó en el post cuyo título, “Sanciones que honran”, resulta muy elocuente. “En cuanto a mí, independientemente del artículo en cuestión, jamás intentaría apelar una decisión que parece dictada más por agentes de Seguridad del Estado que por escritores y artistas”. 

López Hernández contó que en dicha reunión “se negaron, de manera cobarde”, a darle una copia del documento de expulsión, alegando que se trataba solo de “una comunicación verbal”; por lo que tuvo que “tomar nota” e “insistir mucho para que repitieran la lectura del documento”. 

“La pretensión del presidente de la UNEAC”, dijo, “era que yo escuchara y, al terminar la lectura, concluyera la reunión pues «no querían debatir». Me conocen muy poco evidentemente. No acepté e impuse un intercambio que no deseaban donde tuvieron que escuchar mi punto de vista”.

En su publicación en redes, la activista –quien desde hace tiempo se manifiesta en solitario cada mes para reclamar libertades cívicas en Cuba, y por eso ha sido detenida una y otra vez– resumió las causas “textuales” de su expulsión de la entidad gremial: a saber, “por realizar actividades contra la revolución”; “por publicaciones contra la alta dirigencia de la revolución en La Joven Cuba, en CubaxCuba y en mis redes sociales; “por mostrar solidaridad con el movimiento del 11 de julio”; “por incurrir en delitos graves previstos y sancionados por el Código Penal como desobediencia y atentado; “por violación grave de los estatutos y del reglamento de la UNEAC”.

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A continuación, la excoordinadora de La Joven Cuba y actual codirectora de CubaxCuba –que se presenta como “laboratorio de pensamiento cívico sobre la nación cubana”– pasó a analizar y rebatir con argumentos, y citando hechos, cada uno de esos puntos.

En un pasaje de su explicación, López Hernández se define en términos que aclaran su postura cívica y su trayectoria intelectual: “Además de ser una ciudadana con derechos a los que no renunciaré jamás, soy una científica social y entré a la Asociación de Literatura [de la UNEAC] precisamente en mi carácter de ensayista en el género histórico-social. Llevo gran parte de mi vida estudiando la historia y política cultural del Partido Comunista desde los años cuarenta del pasado siglo, he escrito sobre el aumento de la burocracia partidista, sobre los congresos del partido y los errores y violaciones de la organización, sobre las consecuencias de su dirección económica y la imposibilidad de reformar la economía sin transformaciones de naturaleza política”.

La conclusión no dista de los motivos que a lo largo de los años han llevado a muchos a abandonar esa entidad controlada por el gobierno: “Nada, que la UNEAC es peor que todo el aparato represivo nacional y no es capaz de estudiar la legislación vigente antes de escribir la infamia que recoge ese documento. Qué sentido tiene una organización intelectual que tenga que obedecer a estatutos inalterables de una organización política a la que no todos sus miembros pertenecen”, expresó la historiadora matancera, quien, según agregó, habría intentado abordar este tema en la Asamblea de la Asociación de Literatura: “casi no me lo permitieron bajo el argumento de que la UNEAC no es el sitio para abordar temas de naturaleza política”, dijo, “sin embargo, ahora me aplican una sanción motivada políticamente. Además de todo, es el colmo de la incoherencia y el oportunismo”.

En junio pasado, Alina Bárbara López Hernández y la antropóloga Jenny Pantoja fueron detenidas por la policía política cubana. Ambas intentaban trasladarse a La Habana para manifestarse pública y pacíficamente junto a una estatua de José Martí, héroe nacional cubano.

Se trataba de un modesto acto cívico que, cada día 18, e inspirada en la histórica Protesta de los Trece (18 de marzo de 1923), López Hernández realiza junto a una imagen pública de Martí para –según ha explicado— exigir a las autoridades cubana: 1) “una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente para redactar una nueva constitución aplicable en todas sus partes”; 2) “que el Estado no se desentienda de la crítica situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en pobreza extrema; 3) “libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio, y 4) “cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión”.

A finales de 2023, López Hernández también fue sometida a juicio bajo el cargo de “desobediencia” y fue condenada a pagar una multa de siete mil pesos cubanos en lo que constituyó –según denunciaron ampliamente colegas suyos y otras voces de la sociedad civil cubana— la culminación de un proceso sistemático de “acoso judicial”. La intelectual y activista cubana consideró el fallo arbitrario y fundamentalmente injusto, e interpuso una apelación.

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