MIAMI, Estados Unidos ― Washington impuso este jueves nuevas sanciones contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), la presidenta ejecutiva de ese conglomerado militar cubano, Ania Guillermina Lastres Morera, y la empresa Moa Nickel S.A., en una ampliación de la ofensiva financiera de Washington contra estructuras económicas vinculadas al régimen de La Habana.
El secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio, anunció las designaciones al amparo de la Orden ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo pasado.
“La Administración Trump está adoptando medidas decisivas para proteger la seguridad nacional de EE.UU. y privar al régimen comunista y al Ejército de Cuba del acceso a activos ilícitos”, señaló Rubio en un comunicado del Departamento de Estado.
Las medidas afectan a GAESA por operar en el sector de servicios financieros de la economía cubana, a Lastres por ser la presidenta de GAESA, y a Moa Nickel por operar en el sector de metales y minería de Cuba.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro actualizó este jueves la “Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas”. Lastres Morera fue añadida como individuo sancionado, mientras que GAESA y Moa Nickel fueron actualizadas para quedar bajo la nueva autoridad de sanciones vinculada a la Orden ejecutiva 14404.
Rubio afirmó que las sanciones forman parte de “la campaña integral de la Administración Trump para abordar las apremiantes amenazas a la seguridad nacional planteadas por el régimen comunista de Cuba y responsabilizar al régimen y a quienes le proporcionan apoyo material o financiero”. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó: “A solo 90 millas del territorio estadounidense, el régimen cubano ha llevado la isla a la ruina y la ha subastado como plataforma para operaciones extranjeras de inteligencia, militares y terroristas”.
El Departamento de Estado describió a GAESA como una empresa paraguas controlada por los militares y “el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba”. Washington sostiene que el conglomerado controla “un estimado de 40 por ciento o más” de la economía de la Isla y que sus actividades están diseñadas para generar ingresos “no para el pueblo cubano, sino solo para beneficio de sus élites corruptas”.
El comunicado también acusa a GAESA de desviar ingresos hacia cuentas bancarias ocultas en el extranjero mientras los cubanos sufren hambre, enfermedades y falta crónica de inversión en infraestructura crítica, incluida la red eléctrica. Según el Departamento de Estado, “estimaciones públicas recientes” indican que los ingresos de GAESA probablemente superan en más de tres veces el presupuesto estatal y que el conglomerado probablemente controla hasta 20.000 millones de dólares en activos ilícitos.
Lastres Morera fue identificada por Washington como presidenta ejecutiva de GAESA y responsable de la gestión de los activos ilícitos del conglomerado en el exterior.
Moa Nickel S.A., por su parte, fue descrita por el Departamento de Estado como una empresa mixta entre Sherritt International Corporation y la estatal cubana Compañía General de Níquel. Rubio afirmó que Moa Nickel “ha explotado los recursos naturales de Cuba para beneficiar al régimen a expensas del pueblo cubano” y que obtiene ganancias de activos “originalmente expropiados por el régimen cubano a personas y corporaciones estadounidenses”.
Las consecuencias prácticas de las designaciones incluyen el bloqueo de todos los bienes e intereses en bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses, así como la obligación de reportarlos a la OFAC. También quedan bloqueadas las entidades en las que personas sancionadas posean, directa o indirectamente, 50% o más de participación.
La Orden ejecutiva 14404 amplía el marco de sanciones contra el régimen cubano y autoriza medidas contra personas extranjeras que operen o hayan operado en sectores de la economía cubana como energía, defensa y material relacionado, metales y minería, servicios financieros y seguridad. La Casa Blanca indicó el 1 de mayo que la orden impone sanciones a entidades, personas o afiliados que apoyen el aparato de seguridad del régimen cubano, estén implicados en corrupción o violaciones graves de derechos humanos, o actúen como agentes, funcionarios o apoyos materiales del Gobierno cubano.
La OFAC explicó que la Orden ejecutiva 14404 crea un nuevo programa de sanciones relacionado con Cuba bajo la Ley de poderes económicos de emergencia internacional, separado y adicional al Reglamento de control de activos cubanos. La agencia advirtió además que personas extranjeras, incluidas instituciones financieras, enfrentan nuevos riesgos si brindan apoyo al régimen cubano o facilitan transacciones significativas con personas bloqueadas bajo esa orden.
El efecto sobre empresas extranjeras comenzó a sentirse de inmediato. Sherritt International informó este jueves que suspendió su participación directa en actividades de empresas conjuntas en Cuba, aunque aclaró que no ha sido formalmente designada bajo la orden ejecutiva. La compañía canadiense dijo que la mera emisión de la orden “crea condiciones que alteran materialmente” su capacidad de operar con normalidad, incluidas sus actividades vinculadas a negocios conjuntos cubanos.
Sherritt también anunció la renuncia inmediata de Brian Imrie, Richard Moat y Brett Richards a su junta directiva, así como gestiones para repatriar a sus empleados actualmente en Cuba. La empresa dijo que por ahora no hay un impacto inmediato en sus operaciones en Fort Saskatchewan, Alberta, donde su refinería continúa produciendo níquel y cobalto terminado con inventario disponible hasta aproximadamente mediados de junio.
La nueva ronda de sanciones llega días después de que el Gobierno cubano rechazara la orden ejecutiva firmada por Trump. Miguel Díaz-Canel dijo que la medida “no solo busca un ‘cambio de régimen’, sino también constituye un acto de desestabilización regional forzando a la comunidad internacional a una elección imposible entre su relación con Cuba y el acceso al mercado y al sistema financiero de Estados Unidos”.
El gobernante cubano también calificó la orden como “un caso de injerencia directa y unilateral por parte de Estados Unidos” y “un claro intento de imponer un modelo político por coerción económica”. Washington, en cambio, sostiene que las políticas y acciones del Gobierno cubano constituyen una amenaza “inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., argumento incorporado en la propia orden ejecutiva.
Por su parte, Rubio advirtió este jueves que “pueden esperarse designaciones adicionales en los próximos días y semanas”.
