LIMA, Perú — La compañía minera canadiense Sherritt International, uno de los principales socios extranjeros del régimen cubano en sectores estratégicos como la energía y la minería, anunció la paralización inmediata de su participación directa en empresas mixtas en la Isla, una decisión que atribuyó al endurecimiento de las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump.
La medida fue divulgada este jueves en un comunicado corporativo citado por Infobae, donde la empresa reconoció que el nuevo escenario generado por la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 1 de mayo compromete seriamente sus operaciones relacionadas con Cuba.
Aunque Sherritt aún no ha sido incluida formalmente dentro de las entidades sancionadas por Washington, la compañía afirmó que ello puede ocurrir “en cualquier momento” y tal inminencia es suficiente para alterar su funcionamiento habitual.
«La simple emisión de la orden ejecutiva crea en sí mismo las condiciones que materialmente alteran la capacidad de la corporación para operar de forma ordinaria, incluidas las actividades relacionadas a las operaciones de las empresas mixtas», explicó la empresa.
Como parte de la reestructuración, la firma confirmó el retiro de su personal expatriado en Cuba y solicitó a sus socios cubanos adoptar medidas similares con trabajadores desplazados en Canadá.
El anuncio coincidió además con cambios abruptos dentro de la dirección corporativa. Tres miembros del consejo de administración abandonaron sus cargos con efecto inmediato, entre ellos el presidente de la empresa, Brian Imrie. La minera no ofreció detalles sobre las razones de esas dimisiones.
La presencia de Sherritt ha sido durante años una de las más importantes dentro de la economía cubana. La empresa participa en Energas, considerada la principal generadora eléctrica independiente de la Isla y responsable de cerca del 10 % de la producción nacional de electricidad.
También opera junto a la estatal General Nickel Company en la explotación y procesamiento de níquel y cobalto en Moa, un enclave vital para las exportaciones mineras del país.
La decisión de la compañía ocurre mientras Cuba enfrenta una profunda crisis energética y financiera, marcada por apagones frecuentes, caída de ingresos externos y dificultades para sostener inversiones en la infraestructura básica.
El endurecimiento de la política estadounidense hacia La Habana ha incrementado además la presión sobre compañías extranjeras asociadas al aparato económico estatal cubano, particularmente en sectores considerados estratégicos por el régimen.
¿Qué establecen las sanciones de Trump?
Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que amplía las sanciones de Washington contra el régimen cubano y autoriza medidas contra personas, entidades, afiliados y bancos extranjeros vinculados al aparato de seguridad del régimen, a actos de corrupción o a graves violaciones de derechos humanos en la Isla.
La medida, publicada por la Casa Blanca, eleva la presión sobre La Habana y permite bloquear bienes en jurisdicción estadounidense, prohibir transacciones y suspender la entrada a EE.UU. de los sancionados.
La orden dispone que podrán ser sancionadas personas extranjeras que operen o hayan operado en los sectores energético, de defensa y material relacionado, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, así como en cualquier otro sector que determine el Departamento del Tesoro, en consulta con el Departamento de Estado. También incluye a quienes sean propiedad del Gobierno cubano, actúen en su nombre, le brinden apoyo financiero, material o tecnológico, ocupen cargos de dirección, sean agencias o instrumentos estatales, participen en abusos graves de derechos humanos o estén implicados en corrupción relacionada con Cuba.
El alcance de la medida incluye además a familiares adultos de personas designadas bajo la orden. En la práctica, el decreto bloquea propiedades e intereses en propiedades que estén en EE.UU. o bajo control de personas estadounidenses, y prohíbe operaciones destinadas a evadir esas restricciones.
La orden también suspende la entrada al país de quienes sean alcanzados por los criterios de sanción, salvo que el secretario de Estado determine que su ingreso responde al interés nacional estadounidense.
El texto faculta al Departamento del Tesoro, en consulta con el Departamento de Estado, a imponer sanciones a instituciones financieras extranjeras que hayan realizado o facilitado transacciones significativas para personas o entidades sancionadas. Entre esas medidas figuran la prohibición o imposición de condiciones estrictas para mantener cuentas corresponsales o de pago en EE.UU., además del bloqueo de propiedades e intereses en propiedades de esas instituciones.
