MIAMI, Estados Unidos ― El secretario de Estado de EE.UU., el cubanoamericano Marco Rubio, defendió este jueves las nuevas sanciones contra estructuras económicas y militares del régimen cubano y afirmó que la Administración Trump continuará tomando medidas hasta que La Habana adopte reformas políticas y económicas.
“Las sanciones de hoy demuestran que la Administración Trump no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen comunista de Cuba amenaza nuestra seguridad nacional en nuestro hemisferio. Continuaremos actuando hasta que el régimen adopte todas las reformas políticas y económicas necesarias”, escribió Rubio en X.
Este jueves, Washington sumó nuevas sanciones contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), un conglomerado de empresas controlado por los militares cubanos, y contra la compañía Moa Nickel S.A. Además, incluyó en su lista la “Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas” a Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA y sucesora de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja.
Rubio encuadró las medidas como parte de una ofensiva más amplia de la Administración Trump contra el régimen de La Habana. En el anuncio oficial, el secretario de Estado afirmó que “estas sanciones forman parte de la campaña integral de la Administración Trump para enfrentar las amenazas urgentes a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista de Cuba y responsabilizar al régimen y a quienes le proporcionan apoyo material o financiero”.
Today’s sanctions demonstrate that the Trump Administration will not stand by while Cuba’s communist regime threatens our national security in our hemisphere. We will continue to take action until the regime takes all necessary political and economic reforms.
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 7, 2026
También sostuvo que “a solo 90 millas del territorio estadounidense, el régimen cubano ha llevado la isla a la ruina y la ha subastado como plataforma para operaciones extranjeras de inteligencia, militares y terroristas”.
Las sanciones fueron impuestas al amparo de la Orden ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump el 1 de mayo, titulada “Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
Esa norma declara que las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba constituyen una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., y autoriza el bloqueo de bienes e intereses de personas extranjeras vinculadas a sectores como energía, defensa, metales y minería, servicios financieros y seguridad, así como de quienes actúen en nombre del Gobierno cubano, apoyen a personas sancionadas o estén implicados en abusos graves de derechos humanos o corrupción relacionada con Cuba.
La OFAC aclaró que la orden ejecutiva crea un nuevo programa de sanciones sobre Cuba bajo la Ley de poderes económicos de emergencia internacional, separado y adicional a las Regulaciones de control de activos cubanos.
El alcance de la medida es relevante porque no solo mantiene las prohibiciones tradicionales sobre personas sujetas a jurisdicción estadounidense, sino que también abre la puerta a sanciones contra personas extranjeras no cubanas que apoyen al Gobierno cubano y contra instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas con personas bloqueadas bajo esa autoridad.
En el caso específico de GAESA, la OFAC indicó que las personas extranjeras, incluidas instituciones financieras, quedan expuestas en general a riesgo de sanciones si realizan transacciones con el conglomerado o con entidades en las que GAESA posea directa o indirectamente al menos el 50% de participación. La agencia precisó que el Gobierno de EE.UU. no pretende perseguir transacciones ordinarias y necesarias para cerrar operaciones con GAESA hasta el 5 de junio próximo, pero advirtió que las acciones destinadas a devolver activos a una parte sancionada o transferirlos a otra jurisdicción para posible uso del sancionado podrían exponer a personas no estadounidenses a un riesgo significativo.
GAESA ya estaba identificada desde el 21 de diciembre de 2020 en la lista de sancionados de la OFAC y en la “Lista restringida sobre Cuba” administrada por el Departamento de Estado. La diferencia ahora es que queda incorporada también al nuevo esquema de sanciones derivado de la Orden ejecutiva 14404.
El Departamento de Estado describió a GAESA como “el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba”, de acuerdo con el reporte de Axios sobre el comunicado oficial. Rubio también acusó a Moa Nickel S.A. de haber “explotado los recursos naturales de Cuba para beneficiar al régimen a costa del pueblo cubano” y de lucrar con activos originalmente expropiados por el régimen cubano a personas y corporaciones estadounidenses.
Las consecuencias de la nueva política comenzaron a sentirse de inmediato en el sector minero. Sherritt International Corporation, empresa canadiense con operaciones vinculadas al níquel y el cobalto cubanos, anunció este jueves que suspendió “con efecto inmediato” su participación directa en actividades de empresas mixtas en Cuba y que trabaja para repatriar a sus empleados expatriados en la isla. La compañía señaló que no había sido designada formalmente bajo la orden ejecutiva, pero reconoció que la sola emisión de la medida “crea condiciones que alteran materialmente” su capacidad de operar con normalidad, incluidas sus actividades relacionadas con empresas mixtas cubanas.
Sherritt informó además que no había un impacto inmediato sobre sus operaciones en Fort Saskatchewan, Alberta, donde continúa produciendo níquel y cobalto terminados para la venta, aunque advirtió que el inventario disponible para esa producción se espera que dure aproximadamente hasta mediados de junio. La empresa también alertó que la orden ejecutiva, y cualquier designación posterior, podría provocar que proveedores financieros u otros prestadores de servicios no puedan o no quieran seguir respaldando sus operaciones u otras actividades comerciales.
Por la parte del régimen cubano, el canciller Bruno Rodríguez calificó las sanciones como “medidas coercitivas unilaterales” orientadas a imponer un “castigo colectivo contra el pueblo cubano”.
