La Habana se queja de las nuevas sanciones de EE.UU. y las califica de “despiadadas”

Bruno Rodríguez Parrilla y Miguel Díaz-Canel se pronunciaron.
Jerarcas del régimen cubano
Jerarcas del régimen cubano (Foto tomada de la cuenta en X @DiazCanelB)

MIAMI, Estados Unidos ― El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) acusó este jueves a EE.UU. de escalar el bloqueo y reforzar la amenaza de agresión contra la Isla, después de que Washington añadiera a GAESA y Moa Nickel S.A. a la lista de sancionados de la OFAC, en aplicación de una orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 1 de mayo que amplía el riesgo de sanciones para personas, empresas e instituciones financieras extranjeras vinculadas a sectores estratégicos de la economía cubana.

La Cancillería cubana calificó la medida como “un acto de agresión económica despiadada” y afirmó que multiplica los efectos extraterritoriales del embargo, “con la potencial aplicación de sanciones secundarias contra empresas, bancos y entidades extranjeras, incluso si sus negocios en los Estados Unidos no tienen relación con Cuba”.

La orden ejecutiva del 1 de mayo autoriza el bloqueo de bienes e intereses bajo jurisdicción estadounidense de personas extranjeras que operen o hayan operado en los sectores de energía, defensa, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, así como de quienes actúen en nombre del Gobierno cubano o le presten apoyo material, financiero o tecnológico.

La OFAC precisó que la identificación de esos sectores “no impone automáticamente” sanciones a todos los operadores, pero sí los expone a riesgo si las autoridades estadounidenses determinan que cumplen los criterios de la orden. También advirtió que personas extranjeras, incluidas instituciones financieras, enfrentan riesgo por transacciones con GAESA o con entidades en las que el conglomerado posea directa o indirectamente al menos el 50% de participación, aunque abrió un período hasta el 5 de junio próximo para liquidar operaciones ordinarias y necesarias.

El paquete golpea directamente a GAESA, el conglomerado militar que controla parte central de la economía estatal cubana; a Ania Guillermina Lastres Morera, su presidenta ejecutiva; y a Moa Nickel S.A., empresa minera ubicada en Moa. 

El comunicado del MINREX sostiene que la decisión “obstaculizará aún más el funcionamiento de la economía nacional”, ya afectada —según La Habana— por el bloqueo petrolero impuesto el 29 de enero. 

La Cancillería cubana fue más allá de la denuncia económica y acusó a Washington de intentar crear “una catástrofe social, económica y política a escala nacional” y de construir “un escenario de crisis humanitaria para justificar acciones más peligrosas, incluida una agresión militar contra Cuba”.

El alcance práctico de las sanciones empezó a sentirse de inmediato. Sherritt International Corporation, empresa canadiense vinculada a operaciones mineras en Cuba, informó este jueves la suspensión “con efecto inmediato” de su participación directa en actividades de empresas mixtas en la Isla e inició gestiones para repatriar a sus empleados. 

La orden de mayo no sustituye las sanciones ya existentes bajo las Regulaciones de control de activos cubanos, sino que crea un programa paralelo. 

A la vez, expertos independientes de derechos humanos de la ONU criticaron este jueves la orden ejecutiva de enero sobre combustible y afirmaron que equivalía a una forma de “inanición energética” con graves consecuencias para los derechos humanos y el desarrollo de Cuba. También señalaron que la medida habría agravado la escasez de combustible y puesto servicios esenciales al límite, aunque recordaron que sus opiniones son independientes y no representan necesariamente a la ONU ni a la Oficina del Alto Comisionado.

Washington justificó la escalada con argumentos de seguridad nacional. La Casa Blanca afirmó en la orden ejecutiva del 1 de mayo que las políticas y acciones del Gobierno cubano constituyen una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., y habilitó sanciones por corrupción, abusos graves de derechos humanos, apoyo al Gobierno cubano o participación en sectores clave de la economía estatal.

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la medida en X. “Las sanciones de hoy demuestran que la Administración Trump no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen comunista de Cuba amenaza nuestra seguridad nacional en nuestro hemisferio. Continuaremos tomando medidas hasta que el régimen adopte todas las reformas políticas y económicas necesarias”, aseguró.

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