MIAMI, Estados Unidos ― Uruguay prevé dejar de pagarle al Gobierno cubano por los médicos de la Isla que trabajan en el Hospital de Ojos “José Martí” y abonarles el sueldo directamente a ellos. El canciller Mario Lubetkin le dijo al periodista Gabriel Pereyra que ese esquema ya está acordado con Washington y con La Habana, informó el jueves Informativo Sarandí.
El cambio todavía no está firmado. Según el relato de Pereyra, que habló con el canciller en Nueva York, falta resolver “un problema técnico que es modificar la forma de pago de estos médicos”. El periodista contó que, ante la pregunta de si Cuba aceptaba las nuevas condiciones, Lubetkin le respondió que el asunto “está conversado”.
El propio canciller marcó un límite. De acuerdo con Pereyra, Lubetkin le advirtió que Uruguay “no puede interferir en otros posibles movimientos que haya”, como que, una vez cobrado el sueldo, “los médicos cubanos se vean obligados a trasladar ese dinero al Gobierno de Cuba”.
El esquema de “remesas obligatorias”: el caso de Jamaica
En efecto, el régimen podría poner en práctica otro esquema que ya desarrolla en Jamaica. Como reveló CubaNet en el reportaje “Tráfico de batas blancas en el Caribe: la historia de cinco cubanas”, los trabajadores sanitarios de la Isla en ese país caribeño reciben directamente su sueldo en moneda local, pero deben transferir mensualmente la mitad de sus ingresos netos a una cuenta a nombre de la misión médica en el National Commercial Bank (NCB).
Ese monto, que debería formar parte del salario del trabajador, es reembolsado al Estado cubano bajo una justificación ambigua: la de una “remesa”.
“Para enmascarar la apropiación de los ingresos de sus trabajadores, la oficialidad cubana se refiere al reembolso obligatorio del 50% como ‘remesa’, término que da una dimensión personal a la transferencia bancaria”, explica la periodista Annarella Grimal en el reportaje mencionado.
Los médicos deben entregar el payslip (recibo de sueldo) a la jefatura de la brigada y remitir una declaración jurada con el monto transferido. “Es frustrante ver los días 25 de cada mes cómo se sienten los colaboradores. Se nota el descontento. Muchos dicen que no van a trabajar horas extra porque, para qué, si tienen que dar la mitad. Es muy humillante”, relató Yaniset*, una profesional cubana en misión en Jamaica.
El temor ahora es que, bajo el argumento de una nueva modalidad de pago directo en Bahamas, se reproduzca el mismo esquema. Esto permitiría a las autoridades cubanas seguir recibiendo el grueso de los ingresos generados por los médicos sin asumir públicamente responsabilidad directa sobre los contratos, que podrían permanecer ocultos.
De vuelta a Uruguay
El nuevo esquema de Uruguay apunta directamente a la objeción de EE.UU. La Embajada estadounidense en Montevideo le explicó al semanario Búsqueda que Uruguay “apareció por primera vez en el informe de 2026 por el hecho de que los pagos van directamente a la embajada cubana y no hay evidencia de que los mismos médicos reciban remuneración por su trabajo atendiendo al pueblo uruguayo”.
El informe al que se refería es el que el Departamento de Estado envió al Congreso a finales de agosto sobre trabajo forzoso y trata de profesionales médicos cubanos. Según ese documento, citado por Búsqueda, en lo que va de 2026 trabajaron en Uruguay 21 cubanos de esas misiones, frente a los 3.650 que lo han hecho en México.
El Estado uruguayo sí pone dinero en la brigada, pero no para salarios. La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, explicó el 15 de septiembre en el programa 8AM que el organismo destina 250.000 dólares al año a la misión. “Lo que reintegra Uruguay, se le llama estipendio, es un reintegro de gastos”, dijo. Ese dinero va a una cuenta de la brigada abierta por el Ministerio de Salud Pública, y los sueldos de los profesionales los paga el Gobierno cubano.
La presión se hizo pública el 8 de septiembre. Ese día, Radio Sarandí reveló que el Departamento de Estado había advertido a la Cancillería y al Ministerio de Defensa que, si Uruguay seguía contratando médicos cubanos para el Hospital de Ojos, entraría en una especie de “lista negra” de países con trabajo forzoso y perdería la asistencia militar estadounidense.
Horas después, Lubetkin negó haber recibido un aviso formal. “Nosotros no hemos recibido ninguna comunicación oficial por parte de Estados Unidos sobre este tema”, declaró a la prensa tras comparecer ante la comisión parlamentaria que analizaba la rendición de cuentas. En esa misma rueda de prensa reconoció que el tema estaba en la agenda con Washington y defendió la brigada al afirmar que “esta experiencia de estos profesionales oculistas ha sido una experiencia extraordinaria en el país”.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, usó un tono más duro. “Uruguay es un país soberano, libre”, respondió el 12 de septiembre en una entrevista con El Eco, publicada el 21. Sánchez afirmó que el acuerdo con Cuba permitió que “alrededor de 100.000 uruguayos pudieran recuperar la visión” y aseguró que “nosotros vamos a seguir trabajando con los médicos cubanos”. Cerró con una frase dirigida a Washington: “Los uruguayos hacemos lo que consideramos que es mejor para el país, sin aceptar órdenes ajenas”.
Mientras el Gobierno defendía el programa en público, la Cancillería ya buscaba una salida. Búsqueda informó el 17 de septiembre que el ministerio trabajaba con el Ministerio de Salud Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y el BPS en “un mecanismo que implique un pago directo a los médicos”, una fórmula que no obligaría a modificar el convenio firmado con Cuba.
El Departamento de Estado no se ha pronunciado públicamente sobre el acuerdo anunciado por Lubetkin. Este viernes, el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, volvió a pedir a los países que reciben brigadas médicas cubanas que “contraten a estos trabajadores de forma ética” y que dejen de financiar al régimen “poniendo fin a estos acuerdos explotadores”. Su mensaje no menciona a Uruguay.
*Yaniset es el seudónimo de una trabajadora cubana de la Salud que pidió proteger su nombre real y omitir cualquier detalle que permitiera identificarla, por temor a represalias del régimen.
