LIMA, Perú — El Tribunal Supremo Popular rechazó el recurso de casación presentado a favor del artista cubano y preso político Fernando Almenares Rivera, conocido como “Nando OBDC”, dejando en firme la condena de cinco años de privación de libertad por el delito de propaganda contra el orden constitucional, según informó el Centro de Asesoría Legal Cubalex.
La decisión fue comunicada a sus familiares el pasado 7 de abril en la capital cubana. “La notificación fue realizada a su madre, Eva Rivera”, quien confirmó el fallo en declaraciones a Martí Noticias.
El proceso judicial contra el joven se remonta a diciembre de 2025, cuando la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del tribunal provincial habanero dictó la sentencia.
De acuerdo con el expediente, citado por Cubalex, el tribunal sostiene que el artista colocó telas con mensajes políticos en espacios públicos, acciones que buscaban “alterar la tranquilidad ciudadana”, “crear descontento en la población” y “estimular acciones contra el orden social establecido”.
Almenares Rivera permanece detenido desde el 31 de diciembre de 2024, tras un registro en su vivienda en el que, según la organización, “solo fue ocupada una bandera cubana”. Inicialmente, el caso fue abierto bajo la acusación de sabotaje, pero posteriormente la Fiscalía modificó el cargo a propaganda contra el orden constitucional, fundamentándolo en lo que Cubalex describe como una manifestación artística.
La organización señaló además presuntas irregularidades en el proceso. “Las inconsistencias del caso —desde el motivo inicial del registro hasta la falta de relación entre las supuestas pruebas y el delito imputado— evidencian violaciones al debido proceso y al principio de legalidad”, advirtió.
Cubalex consideró que la ratificación de la sanción “confirma el uso del sistema penal como herramienta de castigo político” y alertó que el caso se inscribe en “un patrón sostenido de criminalización del arte y de la libertad de expresión en Cuba”.
“El arte no es delito”, subrayó la organización en su pronunciamiento.
La decisión del máximo órgano judicial cubano refuerza las denuncias de organizaciones independientes sobre la persistencia de una política punitiva y de cero tolerancia contra el disenso en la Isla.
Activistas y defensores de derechos humanos advierten que este tipo de fallos consolida un patrón en el que el sistema de justicia estatal actúa como mecanismo de control político. La confirmación de la condena a Almenares Rivera se produce en medio de reiteradas denuncias sobre el trato a los presos políticos en Cuba, marcadas por restricciones, cambios de acusación y procesos cuestionados, lo que evidencia que el régimen castrista mantiene una postura “implacable” frente a cualquier forma de disidencia.
