MIAMI, Estados Unidos ― La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió al Estado cubano que entregue, en un plazo de cinco días, información sobre la situación del adolescente Jonathan David Muir Burgos, arrestado tras las protestas del 13 de marzo en Morón, Ciego de Ávila.
En un oficio fechado este 9 de abril y dirigido al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, la Comisión pidió precisiones sobre sus condiciones de detención, su estado de salud, la atención médica que recibe, la evaluación oficial del riesgo que enfrenta y los procesos judiciales o investigaciones abiertos en su contra.
El documento deja claro que la CIDH actúa “sin prejuzgar sobre el posible otorgamiento de medidas cautelares”, pero ordena al Gobierno cubano responder “dentro de un plazo de cinco días” sobre el caso. Entre los puntos exigidos por el organismo están también las observaciones del Estado a la propia solicitud y cualquier otra información pertinente en los términos del artículo 25 de su Reglamento.
Jonathan Muir Burgos, de 16 años, fue detenido el 16 de marzo, tres días después de las manifestaciones de Morón, según documentó el Centro de Información Legal Cubalex a partir de las denuncias de familiares del menor de edad. De acuerdo con elTOQUE, que tuvo acceso a la respuesta oficial al habeas corpus presentado a su favor, el menor quedó bajo prisión provisional en el expediente preparatorio 5 de 2026 por el posible delito de sabotaje.
Aunque el abogado del menor pidió un cambio de medida cautelar por su delicado estado de salud (el adolescente padece dishidrosis y otras afecciones bacterianas en la piel), las autoridades no han cedido. De acuerdo con testimonios de sus familiares, el menor ha perdido peso, permanece estresado y fue trasladado a la prisión provincial de Canaleta, un penal para adultos.
La protesta de Morón dejó una respuesta represiva que el propio aparato oficial reconoció parcialmente. El 16 de marzo, el primer secretario del Partido Comunista en Ciego de Ávila, Julio Heriberto Gómez Casanova, declaró al periódico Invasor que 14 personas seguían detenidas y descalificó a los manifestantes como “un grupo de delincuentes que no representan al pueblo de Morón”.
Cubalex sostuvo después que la cifra real de detenidos en la provincia vinculados a esos hechos era de al menos 16 y que, entre ellos, había por lo menos cuatro adolescentes identificados. La organización también advirtió sobre un patrón de opacidad, restricciones al contacto familiar, traslados intimidatorios y uso de figuras penales graves para castigar la protesta, incluidos casos de menores de edad.
Pese a la solicitud de la CIDH, el régimen cubano no suele responder a la entidad ni a ninguno de los otros órganos de la Organización de Estados Americanos (OEA). La propia CIDH recordó en su informe anual de 2024 que, aunque la resolución de 1962 que excluyó al Gobierno cubano del sistema interamericano quedó sin efecto en 2009, eso no se tradujo en la reincorporación de Cuba a la OEA.
El mismo informe recoge que el canciller Bruno Rodríguez reiteró la postura oficial según la cual La Habana considera a la OEA un instrumento de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Más recientemente, una declaración del MINREX divulgada en 2025 insistió en que el Gobierno cubano “no reconoce, ni reconocerá autoridad moral o legal alguna a la OEA ni a ninguno de sus funcionarios y órganos subsidiarios”, incluida la CIDH.
Esa postura, sin embargo, no elimina la actuación de la Comisión sobre Cuba. La CIDH sostiene que la exclusión de 1962 afectó al Gobierno cubano, no al Estado como sujeto de obligaciones internacionales, y por eso mantiene que puede seguir examinando denuncias, otorgando medidas cautelares, celebrando audiencias y pidiendo información a La Habana sobre violaciones de derechos humanos.
