MIAMI, Estados Unidos ― La ONG Justicia 11J confirmó hasta este jueves la excarcelación de 20 personas privadas de libertad por razones políticas en Cuba dentro del proceso anunciado por el régimen el pasado 12 de marzo, una cifra que sigue quedando muy por debajo de las 51 personas que La Habana dijo que beneficiaría.
La organización sostuvo, además, que esas salidas de prisión no han significado liberaciones plenas, sino “beneficios penitenciarios condicionados y revocables”, administrados de manera discrecional por el Estado.
De acuerdo con la actualización publicada por Justicia 11J, todos los excarcelados confirmados habían sido sancionados por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, no hay mujeres entre los beneficiados y los casos seleccionados apuntan, según el observatorio, a una priorización de personas con menor visibilidad pública o con un nivel de confrontación más bajo durante el encierro.
La organización también señaló que la mayoría de esas personas no estaba próxima a cumplir sus condenas: entre los 20 casos verificados hay sanciones de seis, nueve, 10, 11, 13, 14, 15, 16 y hasta 18 años de privación de libertad.
Los nombres confirmados por Justicia 11J son Adael Jesús Leyva Díaz, Ariel Pérez Montesino, Deyvis Javier Torres Acosta, Eduardo Álvarez Rigal, Felipe Almirall, Franklin Reymundo Fernández Rodríguez, Hansel Felipe Arbolay Prim, José Luis Sánchez Tito, Juan Pablo Martínez Monterrey, Léster Ayala Alarcón, Luis Esteffani Hernández Valdés, Miguel Enrique Girón Velázquez, Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, Roberto Ferrer Gener, Ronald García Sánchez, Wilmer Moreno Suárez, Yussuan Villalba Sierra y Renán Julio Vilches Wong. La organización añadió que hay otros dos casos ya verificados cuyos nombres permanecen protegidos.
En su comunicado del 12 de marzo, difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y reproducido por medios estatales, el régimen dijo que serían liberadas 51 personas sancionadas a privación de libertad, todas después de haber cumplido “una parte significativa de la pena” y de mantener “buena conducta en prisión”.
La nota oficial enmarcó la medida en las relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano y la presentó como parte de una práctica habitual del sistema penal cubano. Justicia 11J subrayó, sin embargo, que el régimen no reconoció en ningún momento que entre esas 51 personas hubiera presos por motivos políticos, en línea con su práctica sistemática de negar la existencia de ese tipo de encarcelamiento.
La actualización de Justicia 11J añade que los beneficios fueron otorgados bajo condiciones que permiten su revocación. En ese sentido, la organización denunció que este tipo de medidas no desmantela la represión, sino que la traslada del espacio carcelario a fórmulas de control posterior sobre los excarcelados.
Tras el anuncio de marzo, el régimen de la Isla informó, el 2 de abril, de un nuevo proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios mediante indulto para 2.010 sancionados, amparado, según la versión estatal, en el artículo 90, inciso II, de la Constitución. Los medios oficiales afirmaron que la selección se basó en la conducta en prisión, el tiempo extinguido de la sanción y el estado de salud, e incluyó a jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, extranjeros y cubanos residentes en el exterior. También precisaron que fueron excluidos los condenados por una serie de figuras penales, entre ellas los “delitos contra la autoridad”. Pese a la magnitud de ese anuncio, Justicia 11J aseguró que no ha podido identificar, hasta el momento, a ninguna persona presa por razones políticas entre los beneficiarios del indulto.
La organización también registró al menos tres excarcelaciones de personas privadas de libertad por razones políticas en los días previos al anuncio del 2 de abril: Liván Hernández Lago, excarcelado el 27 de marzo, e Ienelis Delgado Cué, conocida como “La Mambisa Agramontina”, y Jiordan Marrero Huerta, ambos el 1 de abril.
La ONG 11J aclaró que no tiene elementos suficientes para determinar si esos casos forman parte del indulto anunciado después o si responden a otro tipo de decisión. Lo que sí afirmó es que esas personas ya reunían condiciones para acceder a beneficios penitenciarios o seguían detenidas desde 2025 sin haber sido juzgadas.
Con esa secuencia de anuncios, excarcelaciones parciales y ausencia de listados oficiales completos, Justicia 11J sostiene que se refuerzan las dudas sobre la transparencia del proceso. Su balance hasta ahora apunta a una ejecución selectiva, sin criterios públicos verificables y sin señales de que el Estado cubano haya modificado su negativa a reconocer la existencia de presos políticos en la Isla. La organización anunció que seguirá monitoreando el proceso en contacto con familiares y fuentes dentro del país.
