PUERTO PADRE.- Este viernes la Constitución de Guáimaro cumple 157 años, que son unas veces luminosos y otras tristísimos dentro del ya más de siglo y medio del panorama constitucional cubano, marcado por encuentros cívicos y desencuentros criminales en los que dictaduras, golpes de Estado y una revolución transformada en régimen totalitario —que ya se prolonga por más de 67 años—, manipulada por el egocentrismo castrista y el comunismo internacional, han resultado en que Cuba no cuaje como nación y los cubanos no pasen de ser un mero “montón de gentes”, según el concepto aristotélico.
Promulgada en la ciudad de Guáimaro el 10 de abril de 1869, la Constitución provisional fue firmada por los delegados de la República en Armas Carlos Manuel de Céspedes, Salvador Cisneros Betancourt, Francisco Sánchez Betancourt, Miguel Betancourt Guerra, Jesús Rodríguez, Antonio Alcalá, José María Izaguirre, Honorato del Castillo, Miguel Gerónimo Gutiérrez, Arcadio García, Tranquilino Valdés, Antonio Lorda, Eduardo Machado, Ignacio Agramonte y Antonio Zambrana, siendo estos dos últimos firmantes quienes, por su influencia en el derecho constitucional comparado y universal, se les atribuye la letra y el espíritu de nuestro primigenio texto constitucional.
La Constitución fue redactada en 29 artículos, considerando a todos los habitantes de la República “enteramente libres” y a “todos los ciudadanos soldados del Ejército Libertador”; el poder legislativo residía en “una Cámara de Representantes del pueblo”, compuesta por igual representación de cada uno de los cuatro “Estados” en que fue jurisdiccionalmente dividida la Isla, y estos fueron: Oriente, Camagüey, Las Villas y Occidente. El Poder Ejecutivo residía en el Presidente de la República, a quien estaba subordinado el general en jefe del Ejército. “El Poder Judicial es independiente”, conceptuó el artículo 22. Asimismo, el artículo 26 dispuso: “La República no reconoce dignidades, honores especiales ni privilegio alguno”.
Una lectura a primera vista revela la influencia ejercida en Ignacio Agramonte y Antonio Zambrana —influjo que llevaron a los demás constituyentes— de El espíritu de las leyes, el ensayo de 1748 de Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, no solo en lo concerniente a la división de poderes —legislativo, ejecutivo y judicial—, sino también, y muy especialmente, a la libertad del ser humano, puesto que la libertad constitucional, entiéndase política, consiste, primeramente, en la seguridad de las personas, que es donde precisamente se sostiene la seguridad del Estado, pero que no es tal sin seguridad ciudadana. Porque, según Montesquieu, “de la bondad de las leyes criminales —compréndase penales— depende principalmente la libertad del ciudadano”.
Muy arraigados en el pensamiento jurídico y, sobre todo, humanista de Zambrana y Agramonte estaban los conceptos de derechos universales de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, del 4 de julio de 1776; asimismo, los preceptos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789. Así llevaron esas ideas de libertad y democracia a la Constitución de Guáimaro de 1869. Pero, ¡lástima!, esos pensamientos de libertad, civismo y moral llevan ya más de medio siglo siendo pisoteados en Cuba, donde una familia dominante, un partido único y un Estado policial han amordazado los derechos ciudadanos hasta niveles infrahumanos.
Y así lo muestran los niños, las mujeres y los hombres presos o en procesos penales conducentes a la cárcel, porque la opinión sociopolítica en Cuba el régimen la ha reducido a crimen, negando incluso la condición de delito político, pues pretende abochornar al ciudadano cívico con la etiqueta de “delincuente contrarrevolucionario”.
La ruina política y moral del régimen totalitario castrocomunista es de tal magnitud que hoy, en abril de 2026, al retroceder 157 años hasta abril de 1869 para mirar a Cuba desde el poblado de Guáimaro, desde donde nuestros mayores nos legaron nuestra Constitución, esa mirada nos muestra no solo un país inútil y una nación deshecha por un Estado criminal, sino, lo que es todavía peor, el cadáver de la esperanza, producto de la muerte de la fe en sí mismas de las personas.
