MIAMI, Estados Unidos ― El cirujano cubano Yonardo Fonseca Mesa denunció este viernes en Facebook que estaba siendo detenido, horas después de informar que había sido citado verbalmente para presentarse en la Unidad de Instrucción Penal de Ciego de Ávila.
“Me están llevando detenido”, escribió a las 3:43 de la tarde. Antes, a las 10:54 de la mañana, había publicado: “Acaban de citarme verbalmente, a través del J[efe de] Servicio de Cirugía, para q[ue] hoy esté en Instrucción Penal de C. Ávila a las 2:00 p.m. Por supuesto que no voy”.
La denuncia de este viernes llegó después de varios mensajes en los que el médico había criticado de forma abierta las condiciones de vida en la Isla y el funcionamiento de su centro de trabajo. El 8 de abril relató que, tras una noche de apagones y un amanecer “sin desayuno”, un funcionario intentó obligarlo a bajarse del ascensor cuando iba a operar a “dos pacientes con cáncer”.
Según su versión, desobedeció la orden y subió al salón para intervenirlas. En ese mismo texto arremetió contra su salario y contra la negativa de sus superiores a liberarlo del puesto: “La mierda que ustedes me pagan (8.800 pesos = 17 dólares) no me alcanza ni para comprar papel higiénico”, escribió. También afirmó que llevaba “casi cinco años” pidiendo la “liberación” sin que se la concedieran.
Dos días antes, el 6 de abril, Fonseca Mesa también había usado su perfil para burlarse de la propaganda oficial sobre la producción de alimentos. “Cuando en el Menticiero [burla al programa informativo oficial de la Televisión Cubana, Noticiero] te digan ‘Se sobrecumplió el plan de producción de papas’, convéncete, no vas a ver una papa en cinco años”, escribió.
Además, en su perfil de Facebook ha sido activo compartiendo publicaciones en redes sociales de los periodistas cubanos residentes en Miami Mario J. Pentón y Mario Vallejo, ambos críticos con el régimen de La Habana, y denunciando el hostigamiento de las autoridades contra la creadora de contenidos Anna Bensi y la detención del adolescente Jonathan Muir Burgos.
La detención de Fonseca Mesa ocurre en un entorno ampliamente documentado de castigo a la crítica pública en Cuba. En su informe mundial de 2026, la ONG Human Rights Watch indicó que el Gobierno cubano continuaba “reprimiendo y castigando la disidencia y la crítica pública” y señaló que las autoridades detenían arbitrariamente, hostigaban e intimidaban a críticos, activistas independientes, periodistas y opositores políticos. Ese mismo reporte recoge que, según el Centro de Información Legal Cubalex, que opera desde el exilio, al menos 203 personas habían sido detenidas arbitrariamente entre enero y junio de 2025 en operaciones policiales y de vigilancia estatal.
El patrón no se limita a figuras opositoras tradicionales. La misma ONG documentó en su informe del primer semestre de 2024 un total de 1.876 hechos violatorios de derechos fundamentales, con 978 personas afectadas, y subrayó que la mayoría de las víctimas no pertenecía a organizaciones políticas o de la sociedad civil. Asimismo, Cubalex detalló que la represión alcanzó a “usuarios de redes sociales” y “profesionales”, y que las detenciones arbitrarias derivaron con frecuencia en desapariciones forzadas, golpizas y torturas. También registró cortes de internet y bloqueo de sitios web como mecanismos para restringir severamente la libertad de expresión.
Freedom House clasificó a Cuba en 2026 como un país “No libre”, con una puntuación de 9 sobre 100 en libertades políticas y civiles. En su evaluación sobre internet, la misma organización otorgó a la Isla 21 sobre 100 y sostuvo que, aunque hubo una ligera mejora técnica en el período analizado, el entorno siguió siendo “altamente restringido” porque las autoridades persistieron en sus esfuerzos por censurar y castigar la disidencia en línea. Freedom House mencionó el bloqueo de sitios de noticias independientes, el encarcelamiento de usuarios de internet y otras formas de hostigamiento.
Ese cerco se ha reforzado con nuevas herramientas legales. Freedom House señaló que la Ley de Comunicación Social, en vigor desde octubre de 2024, incluye restricciones vagas sobre contenidos y puede servir para imponer sanciones adicionales por expresiones en línea. La organización añadió que su implementación coincidió con más intimidaciones, interrogatorios y estigmatización contra periodistas digitales independientes, además de la exhibición de “inspectores de comunicación social” encargados de monitorear contenidos en internet.
Human Rights Watch había advertido ya que en Cuba periodistas, blogueros, influencers, artistas y académicos que publican información considerada crítica suelen ser blanco de hostigamiento, campañas de descrédito, restricciones de viaje, cortes de internet, allanamientos, confiscaciones y detenciones arbitrarias. En otras palabras, el castigo por hablar no recae solo sobre militantes opositores, sino sobre cualquiera que rompa la obediencia pública, incluso desde Facebook.
