LA HABANA, Cuba ― Merlía Catriona Martínez, una mujer trans holguinera, denunció en Facebook que este viernes le fue negada la entrada a la Prisión Provincial de Mujeres de Holguín, cuando se disponía a realizar una visita a una prima, por ir “vestida de mujer”.
Según su testimonio, al presentarse con ropa acorde a su identidad de género, la mayor a cargo le comunicó que no podía ingresar. Martínez contó que la oficial le indicó que debía acudir con ropa de hombre. “Con pantalón, pulóver y el pelo recogido con gorra, porque yo soy un hombre, según ella”, detalló. Solo le permitieron pasar alimentos y otras pertenencias.
Martínez sostiene que lo ocurrido responde a transfobia y que se aplican criterios discriminatorios hacia las mujeres trans dentro y fuera del sistema penitenciario. “Nunca he visto cosa igual”, afirmó, al tiempo que señaló que, por su experiencia y la de otras personas, mujeres trans han podido entrar a prisiones para visitar a familiares y parejas sin inconvenientes.
De acuerdo con lo narrado, la negativa también se justificó con que su nombre “no aparecía en el sistema”. Sin embargo, la denunciante asegura que una semana antes su nombre había sido registrado por la propia prima que la recibiría.
“Un Código de las Familias por gusto. Sigue la transfobia hacia las mujeres trans por parte de la PNR [Policía Nacional Revolucionaria ]”, expresó, refiriéndose a la ley aprobada en 2022 que buscaba ampliar derechos sexuales y reproductivos en la Isla.
Aunque el artículo 42 de la Constitución cubana establece que ninguna persona será discriminada por motivos de “identidad de género”, no es la primera vez que Martínez enfrenta este tipo de incidentes. En 2021, mientras esperaba su turno para entrar a una tienda en moneda libremente convertible (MLC) en Cabaiguán, un oficial de la PNR la abordó de manera que describió como inapropiada, cuestionándole qué hacía en un lugar público “vestida de mujer”. Tras explicarle que se trataba de su derecho amparado en la Constitución, el uniformado le ordenó hacer silencio, la amenazó con procesarla por el delito de “peligrosidad”, la esposó y la condujo a la unidad policial del municipio.
La joven relató que allí se le impuso una multa de 1.000 pesos cubanos por “uso incorrecto del nasobuco”, una indisciplina penalizada durante la crisis sanitaria del COVID-19, pero en la que ella no incurrió. En aquel momento, Martínez contó que el delito por el cual se le multaba era infundado, ya que no solo usaba una mascarilla facial sino dos debido a condiciones respiratorias que sufre. Semanas después, tras la denuncia, la multa le fue retirada. En su lugar, el official implicado fue separado tres meses de su cargo por abuso de poder y multado con 300 pesos.
Ahora, la denunciante pide una solución inmediata para garantizar su derecho a visitar a su prima el próximo martes, considerando que su familia reside lejos y no puede trasladarse en su lugar. Mientras, la joven teme que se repita el incidente de discriminación. “De varón vestida no voy a ir”, afirmó, remarcando que su identidad debe ser reconocida y aceptada.
