MIAMI, Estados Unidos ― El Consejo de Estado de Cuba aprobó este miércoles 19 de agosto cuatro decretos-leyes que modifican las normas aplicables a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia; buscan permitir importaciones de mercancías con carácter comercial por personas naturales mediante los canales aduaneros no comerciales; establecen un seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos terrestres y regulan las licitaciones para el empleo de recursos estatales.
La primera norma es el decreto-ley “Modificativo de los decretos-leyes 88 ‘Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas’, 89 ‘De las cooperativas no agropecuarias’ y 90 ‘Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia’”. Presentada ante el Consejo de Estado por Lázara Mercedes López-Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales, tiene como objetivo, según el comunicado del Parlamento cubano, “eliminar restricciones, favorecer el desarrollo y diversidad del sistema empresarial del país”, mediante cambios relacionados con la aprobación, clasificación, organización, funcionamiento y autonomía de esos actores económicos.
El alcance concreto de esas modificaciones no fue detallado en el anuncio. Sin embargo, el documento oficial de las “176 Transformaciones Económicas y Sociales” aprobadas en junio permite identificar las medidas que el Gobierno había planteado para el sector: autorizar las mipymes y cooperativas no agropecuarias pendientes de aprobación; reducir requisitos, trámites y plazos para crear, convertir y operar negocios no estatales; permitir la contratación de más de 100 trabajadores —a partir de lo cual serían clasificados como empresas privadas—; autorizar a una persona natural a ser titular de más de una empresa privada; ampliar las formas societarias para incluir sociedades anónimas por acciones; y permitir que una misma persona tenga participación accionaria en más de una empresa.
Ese mismo programa contempla conceder derechos de usufructo y superficie a empresas privadas y cooperativas para realizar inversiones; permitir a los actores no estatales depositar divisas en efectivo en cuentas bancarias en la misma moneda, con declaración del origen lícito de los fondos y derecho de extracción; autorizar actividades productivas o de servicios adicionales a la principal; reducir la lista de actividades prohibidas y permitir empresas privadas en la actividad agropecuaria. El comunicado sobre la reunión del Consejo de Estado no especifica cuáles de estas medidas quedaron incorporadas al decreto-ley aprobado esta semana ni cómo fueron redactadas jurídicamente.
Otra de las normas aprobadas modifica el Decreto-Ley 22, “Arancel de Aduanas de la República de Cuba para las importaciones sin carácter comercial”. Según el Parlamento, el cambio tiene el propósito de autorizar que personas naturales importen mercancías con carácter comercial en su condición de pasajeros y mediante envíos, pero utilizando la vía aduanera no comercial y “sin que ello constituya una actividad de comercio exterior”.
El diseño de esa medida ya aparecía con mayor detalle entre las transformaciones aprobadas en junio. El punto 158 dispone autorizar a las personas naturales a efectuar importaciones comerciales por la vía no comercial por encima de los límites establecidos, con el cobro de aranceles y servicios en divisas, sin otorgarles facultades de comercio exterior. El anuncio de esta semana no precisa cuáles serán los límites aplicables, las tarifas, los productos admitidos, las condiciones para efectuar esas operaciones ni los procedimientos que deberá seguir la Aduana.
El Consejo de Estado también aprobó el decreto-ley “Del seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos de transporte terrestre de motor”, presentado por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale. La norma busca unificar los regímenes de responsabilidad civil derivados del riesgo de conducir vehículos de motor y obliga a suscribir un contrato de seguro a todo titular de un vehículo de transporte terrestre que circule por las vías públicas y férreas del país, ya sea una persona natural o jurídica, cubana o extranjera. La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para conductores ya figuraba como la transformación número 162 del programa económico aprobado en junio.
Por ahora no se han divulgado las coberturas mínimas del seguro, las primas, los plazos para contratarlo, las entidades que podrán ofrecerlo ni las consecuencias de circular sin una póliza vigente.
La cuarta disposición, denominada decreto-ley “Sobre licitaciones”, fue presentada por el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez. Su propósito es regular la licitación como método general para seleccionar contrapartes en la contratación de bienes, servicios y obras, así como para la gestión de espacios, capacidades productivas o cualquier otra modalidad de utilización de recursos del Estado. La regla alcanzará, de acuerdo con el comunicado, tanto a actores económicos estatales como no estatales.
Las transformaciones económicas aprobadas en junio ya preveían licitar a empresas estatales, extranjeras, privadas y cooperativas la gestión de parques recreativos, zoológicos, acuarios, áreas protegidas y unidades de alojamiento. También contemplaban crear una plataforma digital con inteligencia artificial para las compras públicas y licitaciones, así como un sistema “automatizado, digital, auditable y público” para licitar locales y activos a todos los actores económicos. El anuncio del nuevo decreto no detalla todavía los procedimientos, plazos, requisitos, umbrales económicos o mecanismos de impugnación que regirán esos procesos.
Los cuatro decretos-leyes fueron aprobados durante una sesión ordinaria del Consejo de Estado encabezada por su presidente, Esteban Lazo Hernández, y con la participación de Miguel Díaz-Canel. En la misma reunión, el secretario de la Asamblea Nacional, José Luis Toledo Santander, presentó acciones que deberán desarrollar las asambleas municipales para implementar las transformaciones económicas y sociales.
Las normas forman parte del proceso de instrumentación jurídica de las 176 medidas económicas y sociales aprobadas por el poder cubano este año. A finales de julio, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, informó ante la Asamblea Nacional que se había elaborado un cronograma de 138 normas jurídicas para respaldarlas y que el Gobierno pretendía concluir entre agosto y septiembre el diseño y aprobación de la mayoría de las medidas restantes, salvo ocho previstas para noviembre.
