MADRID, España.- El America First Policy Institute (AFPI) recomendó a la administración de Donald Trump reforzar de forma sustancial la presión sobre el Gobierno cubano, incluida una presencia militar estadounidense permanente en el Caribe y el uso coordinado de sanciones, inteligencia, herramientas financieras, capacidades cibernéticas y acciones diplomáticas.
Las propuestas aparecen en el informe «The Dictatorship Next Door: Cuba and the Fight for the Western Hemisphere» («La dictadura de al lado: Cuba y la lucha por el Hemisferio Occidental»), publicado este 19 de agosto y firmado por Melissa Ford Maldonado, directora de la Western Hemisphere Initiative del AFPI. El documento contiene 12 recomendaciones y parte de la premisa de que Cuba debe ser tratada como un asunto central de seguridad nacional para Estados Unidos. Se trata de propuestas del instituto, no de medidas anunciadas por la Casa Blanca.
La primera medida plantea asignar de manera permanente al Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) fuerzas navales, de la Guardia Costera, inteligencia, aviación, capacidades cibernéticas y unidades de operaciones especiales, en lugar de depender de despliegues temporales. El informe aclara que esto no exige construir grandes bases permanentes en Cuba o en otros países caribeños: propone ampliar acuerdos de acceso, derechos de sobrevuelo y emplazamientos de cooperación con gobiernos aliados.
AFPI también recomienda que los departamentos de Estado, Tesoro y Justicia, junto con la comunidad de inteligencia, revisen si el Partido Comunista de Cuba (PCC), el conglomerado militar GAESA u otras entidades controladas por el régimen cumplen los requisitos legales para ser designadas como organizaciones terroristas extranjeras.
Otra prioridad es poner fin a la cooperación militar, de inteligencia, cibernética y de vigilancia entre La Habana y China, Rusia, Irán y otros adversarios de Washington. El informe reclama el cierre de instalaciones chinas de inteligencia de señales, el fin de la cooperación militar rusa y la retirada de personal cubano de seguridad desplegado en países como Venezuela y Nicaragua.
En el ámbito económico, el documento aboga por ampliar las sanciones contra GAESA y altos funcionarios, e incluso aplicar sanciones secundarias a bancos, empresas y gobiernos extranjeros que continúen financiando o haciendo negocios con estructuras estatales cubanas. También propone desmantelar GAESA y sacar de control militar sus hoteles, bancos, puertos y otras empresas, para someterlos a procesos de privatización abiertos y transparentes.
La normalización de relaciones, según AFPI, debería quedar condicionada a elecciones libres y supervisadas internacionalmente, la legalización de partidos opositores, la liberación de todos los presos políticos, la independencia judicial y garantías para la libertad de expresión, religión y prensa. También pide abrir archivos del PCC y de los órganos de seguridad y desmantelar los Comités de Defensa de la Revolución.
AFPI sostiene que Washington debe mantener disponibles todos los instrumentos legales de poder, incluida la fuerza militar, aunque precisa que esta debería utilizarse únicamente como último recurso.
El documento justifica su estrategia en la cercanía de Cuba a Florida, la crisis económica y demográfica de la Isla y la cooperación de La Habana con Rusia, China e Irán. En su conclusión, advierte que una Cuba más débil no necesariamente implicaría un menor riesgo para Estados Unidos, porque podría aumentar su dependencia de potencias extranjeras.
