EE.UU. sanciona a uno de “los Cinco”, a dos funcionarias del ICAP y a nueve entidades estatales

La OFAC también incorporó a su lista de sancionados al MICONS y empresas de minería, metales, comercio exterior y contratación.
El exespía Fernando González Llort (Foto: ICAP)

MIAMI, Estados Unidos ― Washington amplió este jueves sus sanciones contra la cúpula del régimen cubano con la inclusión en la “Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas” (SDN, por sus siglas en inglés) de tres ciudadanos vinculados al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), entre ellos su presidente, el exespía Fernando González Llort, y nueve entidades estatales relacionadas con la construcción, la minería, los metales, el comercio exterior y la contratación de personal.

La medida fue publicada este 20 de agosto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Además de González Llort, fueron designadas Leima Martínez Freire y Noemí Ramona Rabaza Fernández. La OFAC identifica a los tres como vinculados al ICAP, institución estatal que Washington incorporó a la lista SDN el pasado 4 de junio bajo la Orden ejecutiva 14404. Fuentes vinculadas al propio instituto han identificado en los últimos años a Martínez Freire como directora en el ICAP —y anteriormente como responsable de su oficina para América del Norte—, mientras Rabaza Fernández ha ejercido como vicepresidenta de la organización.

Fernández LLort, actual presidente del ICAP, es uno de los cinco integrantes de la llamada Red Avispa detenidos por el FBI en 1998 y condenados en Miami en 2001 por cargos que incluyeron conspiración y no registrarse como agentes de un gobierno extranjero. González Llort salió de una prisión federal de Arizona el 27 de febrero de 2014, después de cumplir su condena, y fue deportado a Cuba al día siguiente. 

Su liberación ocurrió meses antes del canje de diciembre de 2014 mediante el cual regresaron a la Isla Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero.

Las entidades cubanas incorporadas este jueves son el Ministerio de la Construcción (MICONS), Acinox Comercial, la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales S.A. (ACOREC), Coratur S.A., Transimport, Consumimport, la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, Metalcuba y el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal).

El alcance sectorial de las designaciones es amplio. Acinox Comercial aparece registrada por la OFAC como fabricante de hierro y acero; ACOREC se dedica a la provisión de recursos humanos; Coratur y Consumimport, al comercio mayorista; Transimport, a la comercialización de piezas y accesorios para vehículos; la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, a la extracción de minerales metálicos no ferrosos; Metalcuba, al comercio mayorista de metales y minerales; y Geominsal, a actividades de minería y canteras. Coratur, Transimport y Consumimport figuran además vinculadas al Grupo Empresarial del Comercio Exterior.

La Administración de Donald Trump también volvió a centrar sus señalamientos en el ICAP. El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a la institución de patrocinar en territorio estadounidense “una vasta red subversiva (…) destinada a identificar, cultivar y radicalizar” a ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con una declaración obtenida por Associated Press (AP). Washington ya había sancionado al ICAP en junio, al considerarlo una dependencia del Gobierno cubano que apoya actividades de inteligencia y contrainteligencia.

La nueva actualización no designa por separado otras tres instituciones del ICAP, pero amplía los datos identificativos de la entidad sancionada para incluir la Casa de la Amistad, en el Vedado; la Casa Memorial Salvador Allende, también en La Habana; y el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, en Caimito, provincia de Artemisa. Hasta ahora, la entrada del ICAP en la lista SDN recogía únicamente su sede de la calle 17, en el Vedado.

El Campamento Internacional Julio Antonio Mella es una de las principales instalaciones utilizadas por el ICAP para recibir brigadas extranjeras de solidaridad con el régimen cubano. Granma ha documentado que allí se alojan activistas llegados desde distintos países y que sus programas incluyen trabajo voluntario, conferencias, recorridos por instituciones cubanas y actividades organizadas por el ICAP. La Casa de la Amistad también ha sido utilizada regularmente para recibir delegaciones internacionales.

Las designaciones fueron adoptadas al amparo de la Orden ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo. La norma creó un programa de sanciones adicional a las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos y autoriza al Tesoro y al Departamento de Estado a sancionar, entre otros, a quienes operen en determinados sectores de la economía cubana, actúen en nombre del Gobierno de Cuba, le proporcionen apoyo o estén vinculados con graves abusos de derechos humanos o corrupción. También permite sancionar a instituciones financieras extranjeras que realicen o faciliten transacciones significativas para personas bloqueadas bajo esa orden.

Como consecuencia de las designaciones bajo esa orden, los bienes e intereses en bienes de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos, entren posteriormente al país o estén en posesión o bajo control de ciudadanos o entidades estadounidenses quedan bloqueados. Salvo autorización o excepción de OFAC, las personas estadounidenses tampoco pueden realizar transacciones que involucren esos bienes o intereses. Las entidades poseídas directa o indirectamente en un 50% o más por personas bloqueadas quedan igualmente sujetas al bloqueo, aunque no aparezcan por su nombre en la lista.

En paralelo con las nuevas designaciones, la OFAC modificó este jueves su pregunta frecuente 1265 específicamente para abordar las consecuencias de la sanción contra el Ministerio de la Construcción. El Gobierno estadounidense señaló que no pretende sancionar a personas o instituciones financieras extranjeras por operaciones “ordinariamente incidentales y necesarias” para poner fin a transacciones con el MICONS —o con entidades en las que este posea directa o indirectamente al menos el 50%— hasta el 19 de septiembre de 2026.

La acción de este jueves profundiza las medidas adoptadas el 4 de junio, cuando Washington colocó en la lista SDN al propio ICAP, a su agencia de viajes Amistur Cuba S.A., al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y a Minera La Victoria S.A. En aquella misma ronda fueron sancionados Miguel Díaz-Canel; su esposa, Lis Cuesta Peraza; y su hijastro, Manuel Anido Cuesta; así como el general Alejandro Castro Espín y su hijo Raúl Alejandro Castro Calis.

Más recientemente, el 6 de agosto, la OFAC incorporó a otros seis ciudadanos cubanos y cinco entidades, entre ellas Tecnotex, Tecnoimport, la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin y la Unión de Industria Militar, en una acción que el Departamento de Estado vinculó con las importaciones de armas y la cooperación militar exterior del régimen. También añadió la nueva autoridad de la Orden ejecutiva 14404 a las fichas de Álvaro López Miera y Roberto Legrá Sotolongo.

El ICAP rechazó su designación inicial de junio. En un comunicado divulgado entonces por González Llort y reproducido por Granma, calificó la medida como un “acto de hostilidad política basado en calumnias” y aseguró que durante sus 65 años de existencia su misión ha sido fomentar las relaciones de amistad y cooperación con Cuba.

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