LA HABANA, Cuba ― La llamada “Mafia Cubana en Quintana Roo” fue identificada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) como una organización criminal transnacional violenta que operaba desde al menos 2009 en Cuba, México, España y el sur de Florida, y obtenía ganancias, entre otros delitos, del tráfico y la extorsión de migrantes cubanos.
La trama volvió al centro de la atención esta semana después de que una investigación de The New York Times revelara que dos integrantes condenados de la red señalaron como colaborador a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo, nieto de Raúl Castro.
El negocio con los migrantes combinaba el traslado clandestino con el secuestro y la extorsión. De acuerdo con el expediente resumido por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, los miembros de la red exigían a las víctimas los datos de contacto de un familiar y posteriormente reclamaban 10.000 dólares. Si el dinero no llegaba, amenazaban a los parientes —algunos residentes en Miami— con torturar, matar de hambre o asesinar al migrante retenido. Cuando la familia pagaba, la víctima era liberada y enviada en autobús hasta la frontera entre México y Estados Unidos, con instrucciones para solicitar asilo político.
Quienes no conseguían reunir el dinero sufrían golpizas, amenazas con cuchillos y armas de fuego y descargas eléctricas, según el DOJ. Reynaldo Crespo Márquez, uno de los acusados que posteriormente se declaró culpable, describió en 2023 el método ante un tribunal federal de Miami: “Aplicábamos castigos físicos”. “A veces los golpeábamos con una tabla de madera o con una pistola Taser”.
The New York Times, basándose en documentos judiciales, cifró además en unas 25 las personas que murieron durante los viajes y señaló que algunas mujeres retenidas fueron obligadas a trabajar en clubes de striptease.
En el caso federal United States v. Vidal et al., el Departamento de Justicia identificó como integrantes de la organización a José Miguel González Vidal, Reynaldo Abreu García, Yohismy Pérez González, Yosvani Carbonel Lemus, Reynaldo Crespo Márquez y Jancer Sergio Ramos Valdés, todos ciudadanos cubanos que residían en México cuando se presentaron los cargos, además de Maikel Antonio Hechavarría Reyes y Mónica Susana Castillo, ambos de México.
González Vidal, Crespo Márquez, Abreu García, Pérez González, Carbonel Lemus y Ramos Valdés se declararon culpables de conspiración bajo la ley federal RICO y de tráfico ilícito de migrantes.
La red tenía además una rama logística en Florida. Las pruebas presentadas en un proceso separado mostraron que Javier Hernández, de Miami Beach, y Ramón Reyes Aranda, de Naples, robaban embarcaciones en la costa oeste de Florida y las trasladaban a México, donde eran utilizadas para financiar y facilitar las actividades de la organización. González Vidal había puesto en contacto a ambos hombres y miembros del grupo les pagaban por transportar los bienes robados. En uno de los casos, Hernández llevó a México un vehículo destinado a sobornar a un funcionario extranjero para que las operaciones de tráfico de migrantes pudieran continuar sin interferencia de las autoridades.
Hernández fue declarado culpable en octubre de 2023 de cargos relacionados con el tráfico de migrantes, transporte de embarcaciones robadas, tráfico de vehículos y lavado de dinero para promover el comercio de bienes robados y el soborno de funcionarios públicos. En febrero de 2024 recibió una condena de 95 meses de prisión. Reyes Aranda se había declarado culpable previamente de participar en una conspiración de lavado de dinero destinada a promover el tráfico de propiedad robada y el soborno.
Las actividades atribuidas al grupo fueron más amplias que el traslado clandestino de personas. El Departamento de Justicia documentó intentos de obtener beneficios mediante tráfico de drogas y fraudes, además del movimiento de embarcaciones y vehículos robados. The New York Times reportó, sobre la base de expedientes judiciales, el robo de más de 600 motores fuera de borda y embarcaciones en Florida que terminaron en manos de traficantes de migrantes en Quintana Roo, así como un esquema para adquirir mercancías con tarjetas de crédito robadas, llevarlas a Cuba y venderlas en establecimientos del Estado cubano.
La investigación del diario estadounidense también reconstruyó un episodio de 2009 en el que varios integrantes de la organización conspiraron para secuestrar y asesinar a un hombre durante una disputa relacionada con Los Zetas, entonces uno de los principales grupos criminales de México. La víctima fue desmembrada y su cuerpo arrojado al mar, de acuerdo con los documentos judiciales citados por el periódico.
Entre las personas trasladadas clandestinamente por la organización estuvieron los peloteros cubanos Yasiel Puig y Adeiny Hechavarría, según The New York Times. Puig llegó a convertirse en una de las figuras cubanas más conocidas de las Grandes Ligas, mientras Hechavarría jugó para varios equipos de la MLB. El tráfico de beisbolistas aparece también en investigaciones anteriores de Operación Sísifo: en 2020, el Departamento de Justicia informó que Tomás Vale Valdivia, cubano residente en Isla Mujeres, había reconocido dirigir otra conspiración que llevó a más de 100 migrantes desde Cuba a México y posteriormente a la frontera estadounidense, y admitió además haber traficado peloteros cubanos hacia Estados Unidos. El comunicado no identificó a esos jugadores.
El elemento más sensible de las nuevas revelaciones es el presunto vínculo con Raúl Guillermo Rodríguez Castro. De acuerdo con The New York Times, González Vidal y Crespo Márquez identificaron al nieto de Raúl Castro Ruz como colaborador de la organización después de declararse culpables. González Vidal sostuvo que Rodríguez Castro recibió una lancha de alto rendimiento Fountain 38, además de un reloj Rolex, una motocicleta Suzuki y ropa Louis Vuitton, a cambio de facilitar las actividades del grupo dentro de Cuba y mantener alejadas a la Guardia Costera y las autoridades aduaneras cubanas.
El periódico aseguró que parte de esa información fue respaldada por mensajes de texto y de voz recuperados por el FBI de teléfonos de miembros de la organización.
González Vidal figura entre los principales procesados del expediente federal. Un fallo presentado el 16 de diciembre de 2023 registra para él una condena de 240 meses de prisión —20 años—, seguida de tres años de libertad supervisada. El dato del documento judicial primario difiere de los 25 años atribuidos a González Vidal en algunas informaciones publicadas esta semana.
Hasta ahora, Rodríguez Castro no ha sido acusado formalmente por las autoridades estadounidenses. El Gobierno cubano calificó de “calumnias” las acusaciones contra él, mientras Rodríguez Castro no respondió a las solicitudes de comentarios de The New York Times.
El Gabinete de Seguridad de México reaccionó el 11 de agosto al reportaje y afirmó que “no se cuenta con información ni pruebas propias” sobre los señalamientos publicados por The New York Times ni sobre los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios extranjeros o familiares de estos. El Gobierno mexicano reiteró además su compromiso con la cooperación internacional contra la delincuencia organizada y el tráfico de personas.
La trama mantiene además ramificaciones judiciales abiertas. El 6 de abril de 2026, autoridades federales y locales mexicanas anunciaron en Quintana Roo la detención de Remigio “N”, descrito oficialmente como coordinador operativo y financiero de un grupo criminal y objetivo prioritario que tenía una orden de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de personas y delincuencia organizada. The New York Times identificó al detenido como Remigio Valdez-Lao, de 59 años, y lo señaló como una figura clave en la financiación de la Mafia Cubana de Quintana Roo.
El desmantelamiento de la estructura ha sido parte de Operación Sísifo, una fuerza de tarea multiagencia impulsada por autoridades estadounidenses para perseguir organizaciones criminales transnacionales del Caribe. El Departamento de Justicia informó en febrero de 2024 que, desde 2012, las investigaciones realizadas bajo esa operación habían conseguido la condena de más de 30 miembros y asociados de la organización. En general, los expedientes United States v. Vidal et al. y United States v. Hernandez et al. documentan una red que conectó el tráfico de migrantes cubanos, la extorsión violenta, el robo y traslado de embarcaciones y vehículos y otros negocios ilícitos a ambos lados del estrecho de Florida y de la frontera entre México y Estados Unidos.
