MIAMI, Estados Unidos ― El régimen cubano presentó este jueves ante la Asamblea Nacional un paquete de 176 propuestas de transformaciones económicas y sociales que abre la puerta a la venta de activos estatales, la compra de acciones de empresas públicas por personas naturales y jurídicas, la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles, mayor margen para el sector privado y una planificación económica con más espacio para mecanismos de mercado.
El primer ministro del régimen, Manuel Marrero Cruz, expuso las medidas durante la tercera sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, después de que el Comité Central del Partido Comunista de Cuba aprobara el miércoles el conjunto de transformaciones. El paquete está organizado en 23 ejes y, según la información divulgada por medios oficiales, salió de un proceso en el que fueron evaluadas 390 propuestas, de las cuales fue aceptado el 66,7%.
Marrero afirmó ante el Pleno del Comité Central que “las propuestas de transformaciones económicas y sociales que hoy se presentan impactarán en el perfeccionamiento del sistema de gestión de la economía cubana”. El discurso oficial insiste en que las medidas no suponen una renuncia al socialismo, aunque varias de ellas introducen cambios de fondo en la relación entre el Estado, la propiedad, el mercado y los actores privados.
Uno de los puntos más relevantes es el referido a las relaciones de propiedad. El plan plantea ratificar la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, pero al mismo tiempo permitir la compra de acciones de empresas estatales por personas jurídicas y naturales, tanto nacionales como extranjeras, así como autorizar la venta de activos estatales a esos mismos actores económicos.
El programa también prevé facilitar la participación de empresas externas, incluidas las vinculadas a residentes en Cuba y en el exterior. La propuesta reconoce, además, el “crecimiento legítimo” del patrimonio financiero y material de personas jurídicas y naturales, aunque el discurso oficial asegura que ello debe hacerse garantizando derechos laborales y sociales y evitando prácticas de “explotación indiscriminada del trabajo”.
En el caso de la empresa estatal socialista, el paquete plantea una ampliación de sus facultades y de su autonomía de gestión. Entre las medidas mencionadas figuran la posibilidad de que las empresas realicen cualquier actividad lícita, una mayor descentralización en la formación de precios mayoristas y minoristas, y más flexibilidad para utilizar y destinar utilidades después de cumplir sus obligaciones tributarias.
Las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial también serían redimensionadas. Las propuestas les otorgarían mayores atribuciones para crear empresas y mipymes estatales, aprobar filiales, decidir fusiones, liquidaciones o reestructuraciones, y definir sus propias estructuras y plantillas.
Otro cambio de calado sería la modificación de la relación entre el presupuesto del Estado y el sistema empresarial. La propuesta incluye revisar cargas financieras y subsidios, diseñar nuevos instrumentos financieros y crear mecanismos para monetizar activos empresariales y captar inversiones.
El paquete también faculta a gobiernos provinciales y municipales para crear, fusionar o extinguir empresas estatales locales. Además, propone reducir al mínimo los indicadores utilizados para medir la eficiencia empresarial, una vieja demanda de economistas y directivos que han cuestionado durante años la rigidez del aparato estatal.
En materia laboral, una de las medidas más sensibles es la eliminación de la escala salarial en el sistema empresarial estatal. En su lugar, se establecería un salario mínimo que tenga en cuenta la inflación y que sería negociado entre administraciones, trabajadores y organizaciones sindicales, de acuerdo con las capacidades financieras de cada entidad.
Las transformaciones contemplan igualmente crear procedimientos para la quiebra, liquidación y reestructuración de empresas. También se abre la posibilidad de convertir empresas estatales socialistas en sociedades mercantiles por acciones o participaciones. El Estado definiría su participación accionaria en cada sector de la economía y mantendría una posición mayoritaria en los considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
Para el sector no estatal, el plan apunta a una ampliación significativa de su participación en la economía. Entre las medidas previstas está la autorización de todas las solicitudes pendientes de actores económicos registradas en la plataforma correspondiente. Según la información divulgada, existen 12.771 mipymes no estatales constituidas y permanecen pendientes 7.254 solicitudes, de las cuales 3.505 ya han sido certificadas.
El régimen también propone reducir los tiempos de aprobación para la creación de empresas y permitir que estas superen el límite actual de 100 trabajadores. Las entidades que excedan esa cifra pasarían a ser reconocidas como empresas privadas.
Otra modificación permitiría que una persona natural sea titular de más de una empresa privada. Además, se ampliarían las formas societarias bajo las cuales pueden organizarse estos negocios y se autorizaría la participación mediante acciones. Las propuestas incluyen conceder derechos reales, como usufructo y superficie, a las formas de gestión no estatal.
Entre las medidas de mayor alcance para el sector privado figura la autorización para abrir cuentas bancarias en el exterior con derecho a realizar extracciones. También se prevé permitir actividades adicionales sin abandonar el objeto principal para el cual fueron creados esos negocios.
Marrero informó que se propone reducir las actividades actualmente prohibidas para los actores económicos no estatales y perfeccionar su plataforma de gestión mediante herramientas de inteligencia artificial. En el sector agropecuario, por primera vez se permitiría la creación de mipymes en la agricultura, ámbito donde hasta ahora solo podían operar cooperativas.
El paquete incluye desarrollar un mercado de insumos accesible a todos los actores económicos y crear una plataforma nacional de encadenamientos productivos que obligue a las empresas a publicar sus demandas de bienes y servicios, así como sus niveles de compra e incentivos para la producción nacional.
En planificación económica, el Gobierno propone pasar hacia un modelo de planificación financiera en el que el Estado deje de realizar la distribución física de recursos y otorgue mayor espacio a los mecanismos de mercado. No obstante, mantendría balances considerados fundamentales, como energía, alimentos y divisas, como elementos esenciales de diagnóstico.
La propuesta también plantea incorporar las actividades de las formas de gestión no estatal a los programas de desarrollo hasta 2030, tanto a nivel nacional como local. Asimismo, prevé ampliar los límites de aprobación de inversiones mediante una mayor descentralización y el aprovechamiento de capacidades propias.
En el sector presupuestado, el paquete incluye el redimensionamiento de la Administración Central del Estado, con posibles cambios en la estructura y funcionamiento de los ministerios. También se plantea revisar estructuras y plantillas de las administraciones locales, con el argumento de mejorar la eficiencia organizativa y racionalizar recursos públicos.
La agencia Reuters reportó que las medidas permitirían, además, abrir paso al desarrollo inmobiliario privado, transformar negocios estatales en empresas comerciales privadas con acciones y participaciones, y permitir la entrada de bancos privados en un sector financiero hasta ahora dominado por el Estado. La agencia Associated Press (AP) señaló que el paquete incluye mayor autonomía para municipios y empresas estatales, más oportunidades para la empresa privada y medidas para atraer inversión extranjera, incluida la de cubanos residentes en el exterior.
Miguel Díaz-Canel defendió el giro económico como una respuesta de emergencia ante la crisis. En su discurso de clausura del Pleno Extraordinario del Comité Central del PCC, dijo: “La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del Gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella”.
El gobernante también reconoció problemas internos que no pueden atribuirse a las sanciones de Estados Unidos. “Hay trabas que no vienen de afuera, ni del bloqueo. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado. Lo que depende de nosotros, tenemos que cambiarlo nosotros, y tenemos que cambiarlo ahora”, afirmó.
El Gobierno cubano presentó el paquete en medio de una crisis marcada por apagones prolongados, caída de ingresos en divisas, deterioro de la infraestructura energética, inflación y pérdida de poder adquisitivo. Según la explicación oficial reseñada por medios estatales, la economía cubana sufrió en el primer semestre de 2026 una “contracción aguda”, con un promedio diario de 20 horas de afectación eléctrica y 1.955 MW de déficit.
Díaz-Canel sostuvo que la economía necesita una agenda “profunda y ágil” que combine estabilización macroeconómica, incentivos productivos, seguridad jurídica, atracción de inversiones, uso de tecnología y protección social focalizada. También defendió sustituir subsidios generalizados por apoyos directos a personas vulnerables, una medida que el Gobierno ha anunciado en distintas ocasiones pero que suele generar preocupación por el deterioro de los ingresos reales.
El discurso oficial vinculó las medidas con cinco frentes simultáneos: estabilización macroeconómica y recuperación de ingresos externos; transformación del modelo económico y social; estímulo al sector productivo agrícola; fortalecimiento de la contabilidad y la gestión de costos; y previsión de los costos sociales asociados a los cambios.
En el plano agrícola, Díaz-Canel resumió la urgencia con una frase directa: “No hay soberanía con el plato vacío”. También anunció que se ampliaría la entrega de tierras en usufructo a productores, cooperativas, mipymes y formas asociativas, aunque insistió en que la tierra seguirá siendo propiedad estatal.
“Cada pedazo de tierra que hoy está cubierto de marabú, cuando debería estar produciendo alimentos, tendrá que tener una respuesta clara: o se pone a producir, o se entrega a quien esté dispuesto a hacerlo”, dijo el gobernante.
El paquete también contempla autorizar la importación y exportación directa para empresas estatales y no estatales productivas, exportadoras o que sustituyan importaciones, eliminando la intermediación obligatoria, aunque manteniendo requisitos técnicos y fiscales. Díaz-Canel mencionó específicamente la posibilidad de que productores accedan de forma más directa a semillas, fertilizantes, piezas y equipos.
Pese al alcance de las medidas, el Gobierno insistió en que no abandona el control político ni el carácter socialista del sistema. El documento discutido por el PCC indica que las transformaciones “no constituyen una desviación del proyecto socialista; por el contrario, responden a la lógica propia de su desarrollo”.
Varios funcionarios del régimen advirtieron durante el debate interno sobre los riesgos de implementación. Miriam Nicado García, rectora de la Universidad de La Habana, alertó sobre posibles desigualdades y concentración de riqueza. Otros dirigentes insistieron en reforzar mecanismos de control, rendición de cuentas y supervisión sindical.
Las medidas requerirán cambios legales. Según la información oficial, aunque las propuestas no entrarían en contradicción con la Constitución, sí exigirán derogar y modificar normas, además de crear nuevas regulaciones. También obligarán a revisar el proyecto de ley del Código de Trabajo antes de su presentación ante la Asamblea Nacional.
