MIAMI, Estados Unidos – El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, advirtió que el rumbo de la relación con Cuba dependerá de las decisiones que adopten las autoridades de la Isla y aseguró que, si La Habana toma “decisiones inteligentes”, Washington tendría “una relación mucho mejor” con el país.
En una rueda de prensa celebrada este miércoles en la Casa Blanca, Vance dijo que la administración de Donald Trump observará los pasos de La Habana antes de decidir su respuesta. “Vamos a ver qué hacen. Y, obviamente, si ellos hacen una cosa, nosotros vamos a hacer algo”, afirmó. “Si toman decisiones inteligentes, vamos a tener una relación mucho mejor con la Isla”, agregó.
Justo este miércoles, el Partido Comunista de Cuba (PCC) aprobó en pleno extraordinario un conjunto de transformaciones económicas y sociales que, según la versión oficial, incluye 23 ejes fundamentales y 176 propuestas. Las medidas fueron elevadas a la Asamblea Nacional del Poder Popular, convocada de manera extraordinaria para evaluarlas este 18 de junio.
Miguel Díaz-Canel presentó el paquete como una necesidad impostergable, tras años de deterioro económico, crisis energética, inflación, escasez y malestar social. “La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del Gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella”, admitió el gobernante cubano.
El reconocimiento, poco habitual por su tono, no implica una apertura política. El propio Díaz-Canel delimitó el alcance de las transformaciones al presentarlas como parte de la defensa del socialismo. “Las transformaciones que estamos presentando son para avanzar en la defensa del socialismo, para apoyar y ampliar la justicia social, para crear riqueza económica y distribuirla con equidad”, dijo.
El paquete incluye una agenda de estabilización macroeconómica, incentivos productivos, mayor seguridad jurídica, atracción de inversión, digitalización y una protección social más focalizada. Díaz-Canel también habló de “desatar las fuerzas productivas” y mencionó a empresas estatales, mipymes, cooperativas, productores agropecuarios e inversionistas extranjeros y cubanos, residentes o no en la isla, como actores que deberían operar con reglas más claras.
Entre las medidas anunciadas figura la autorización de importaciones y exportaciones directas para empresas estatales y no estatales productivas, exportadoras o sustituidoras de importaciones, con requisitos técnicos y fiscales, pero sin la intermediación obligatoria que durante años ha limitado la capacidad de operación de los actores económicos fuera del monopolio estatal. “Debemos autorizar la importación y exportación directa para empresas estatales y no estatales productivas, exportadoras o que sustituyan importaciones, manteniendo requisitos técnicos y fiscales, pero eliminando intermediación obligatoria”, afirmó Díaz-Canel.
El gobernante cubano también reconoció el fracaso de políticas de control administrativo de precios. “Por eso no vamos a seguir topando precios de manera general”, dijo, tras admitir que los topes no resolvieron los problemas estructurales de oferta, inflación y acceso a bienes básicos.
La presentación oficial del plan alude además a las experiencias de China y Vietnam, dos modelos de apertura económica bajo control político de partido único. Díaz-Canel dijo que fueron estudiadas “con rigor” para extraer aprendizajes útiles, aunque insistió en que Cuba necesita una fórmula propia.
La agencia AP describió el paquete como un conjunto de medidas de libre mercado sin precedentes para abrir una economía golpeada por la crisis y señaló que el documento completo aún no había sido hecho público al momento de su reporte.
En los últimos meses, la Administración Trump ha endurecido el discurso y las medidas contra el régimen cubano, incluidas disposiciones ejecutivas que presentan al Gobierno de Cuba como una amenaza para Estados Unidos y habilitan sanciones contra sectores, funcionarios y entidades vinculadas al aparato estatal cubano.
En enero, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional respecto al régimen cubano y estableció un sistema de aranceles contra países que compren petróleo cubano o participen en determinadas transacciones vinculadas a la Isla. En mayo, otra orden amplió el esquema de sanciones y restricciones de entrada a Estados Unidos para personas relacionadas con sectores estratégicos del Gobierno cubano, así como con abusos graves de derechos humanos o corrupción.
El contexto interno en Cuba sigue marcado por la represión. La ONG Prisoners Defenders informó en junio que Cuba alcanzó un nuevo récord de 1.281 presos políticos, una cifra que contrasta con el discurso oficial de reformas económicas y justicia social.
