MIAMI, Estados Unidos ― El régimen cubano anunció este jueves una reforma salarial integral para el sector estatal que elevaría el salario mínimo de 2.100 a 3.110 pesos cubanos y actualizaría todos los grupos y escalas salariales, una medida que, según el Gobierno, beneficiaría al 51% de los trabajadores del país.
La medida fue presentada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura.
La aplicación de los nuevos salarios comenzaría en julio, con cobro efectivo en agosto, según el calendario anunciado. El aumento del salario mínimo sería de 1.010 pesos, equivalente a un alza nominal de 48,1% respecto al nivel vigente desde la llamada Tarea Ordenamiento, cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fijó el mínimo nacional en 2.100 pesos mensuales.
El anuncio llega en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo en Cuba. La Oficina Nacional de Estadística e Información reportó que en mayo de 2026 el Índice de Precios al Consumidor tuvo una variación interanual de 15,89% y una acumulada de 9,16%. En alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los rubros de mayor impacto para los hogares, la inflación interanual fue de 19,24%, mientras que en restaurantes y hoteles alcanzó 26,54%.
Además del incremento salarial, Marrero Cruz anunció cambios en el sistema de pensiones. Entre ellos figura la eliminación de restricciones a la cuantía de las pensiones y la posibilidad de reconocer los ingresos por pluriempleo en el cálculo de esos beneficios.
El paquete también flexibiliza requisitos para la jubilación: dentro de los 30 años mínimos de servicio se podrían considerar hasta 10 años dedicados al cuidado familiar. La medida fue presentada como una respuesta a la actual dinámica demográfica del país, marcada por el envejecimiento poblacional, la caída de la natalidad y la emigración de fuerza laboral.
En materia de empleo, el Gobierno propuso incentivos para jóvenes y mujeres. En el caso de los jóvenes sin empleo, se plantea otorgar un salario mínimo como estímulo para su incorporación a cursos de capacitación, con la posibilidad de que ese apoyo sea posteriormente reembolsable, según la información oficial.
Otra de las medidas anunciadas faculta a los empleadores a implementar jornadas laborales reducidas mediante convenios colectivos, sin mantener esquemas rígidos de ocho horas presenciales. También se eliminaría la aprobación administrativa del pluriempleo y se autorizaría el teletrabajo desde el exterior en determinados casos.
El paquete incluye además una protección equivalente a un mes de salario para trabajadores del sector no estatal que queden sin empleo, como parte de las nuevas medidas de seguridad económica y protección social. La información divulgada no precisó cómo se calculará ese salario, quién asumirá el pago ni bajo qué requisitos se concederá la cobertura.
La reforma se inserta en el “Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”, en medio de una crisis prolongada marcada por inflación, bajos salarios reales, caída del consumo, escasez de productos básicos y pérdida de trabajadores en sectores estatales. El propio programa oficial de 2026 ya contemplaba presentar al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros una actualización de la propuesta de incremento salarial integral para el sector presupuestado.
Hasta el momento, el reporte oficial no detalla el costo fiscal de la reforma, su fuente de financiamiento ni el texto jurídico que pondrá en vigor las medidas. Tampoco precisa si el aumento salarial vendrá acompañado de mecanismos para evitar que el incremento nominal sea absorbido rápidamente por la inflación y los precios del mercado interno.
