MIAMI, Estados Unidos — Una corte federal del Distrito Medio de Florida ordenó este 8 de julio la liberación del cubano Miakel Guerra Morales, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tras cumplir 21 años de condena por los delitos de piratería aérea y conspiración para interferir con una tripulación de vuelo.
La orden judicial concede la petición de habeas corpus presentada por Guerra Morales, quien permanecía bajo custodia migratoria después de que ICE lo arrestara el 30 de diciembre de 2025 con la intención declarada de removerlo a México.
“Los demandados deberán liberar a Guerra Morales dentro de las 24 horas de esta orden y facilitar su transporte desde el centro de detención permitiéndole acceso telefónico para notificar a su abogado y a su familia cuándo y dónde puede ser recogido”, dispuso el tribunal en la resolución.
Guerra Morales, ciudadano cubano, entró a Estados Unidos el 19 de marzo de 2003, cuando él y al menos otros 11 nacionales cubanos abordaron un avión de pasajeros en Nueva Gerona, Cuba, agredieron a la tripulación y obligaron al piloto a aterrizar en Cayo Hueso, Florida, de acuerdo con los antecedentes recogidos por la Corte. Posteriormente fue condenado a 264 meses de prisión por piratería aérea y conspiración para interferir con una tripulación de vuelo.
Tras cumplir 21 años de cárcel, ICE inició procedimientos de deportación contra Guerra Morales. Sin embargo, su deportación a Cuba quedó diferida por una reclamación bajo la Convención contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés).
La Corte recordó que el tribunal migratorio le concedió esa protección el 16 de mayo de 2022; que el Departamento de Seguridad Nacional apeló; que la Junta de Apelaciones de Inmigración devolvió el caso al tribunal migratorio el 11 de noviembre de 2022; y que el 1 de marzo de 2023 el juez de inmigración reafirmó la concesión de protección CAT.
Ese mismo 1 de marzo de 2023, ICE liberó a Guerra Morales bajo una orden de supervisión. La Corte señaló que, pese a que cumplió todos los términos de esa orden, fue detenido nuevamente el 30 de diciembre de 2025 después de que la agencia determinara que “tenía la intención” de removerlo a México.
El tribunal aplicó el estándar fijado por la Corte Suprema, el cual limita la detención migratoria posterior a una orden final de deportación cuando la expulsión no es razonablemente previsible. Según la resolución, después de 180 días de detención, si el no ciudadano ofrece “una buena razón para creer que no existe una probabilidad significativa de remoción en el futuro razonablemente previsible”, corresponde al Gobierno presentar pruebas suficientes de lo contrario.
En febrero, los demandados habían alegado que Guerra Morales no tenía derecho a ser liberado porque, al presentar su petición el 23 de enero de 2026, llevaba solo 24 días detenido. Sin embargo, para el momento de la decisión judicial ya no había disputa de que el cubano había permanecido más de seis meses bajo custodia de ICE después de su orden de remoción.
El 29 de junio, la Corte ordenó al Gobierno actualizar el expediente y “describir en detalle todos los esfuerzos realizados para asegurar la remoción de Guerra Morales”. En su respuesta suplementaria, los demandados insistieron en que existía una orden final de deportación y que ICE pretendía removerlo a México, pero no afirmaron que México hubiera aceptado recibirlo ni presentaron evidencias de comunicaciones específicas con ese país sobre el caso.
La resolución también subrayó que el Gobierno no afirmó haber solicitado, y mucho menos obtenido, documentos de viaje necesarios para enviar a Guerra Morales a México, Cuba u otro país. La Corte añadió que otros tribunales federales han reconocido que la aceptación de México de nacionales cubanos puede depender del consentimiento del migrante, algo que, en este caso, los demandados no tenían.
“En resumen, los demandados han tenido más de tres años desde la orden de remoción de Guerra Morales —y más de seis meses desde su detención actual— para removerlo de Estados Unidos y todavía no pueden articular un plan específico para su remoción a Cuba, México u otro país”, sostuvo el tribunal.
La Corte concluyó que, aunque existiera alguna posibilidad de que México aceptara eventualmente a Guerra Morales, esa posibilidad no equivalía a una probabilidad significativa de aceptación en un futuro razonablemente previsible, especialmente considerando sus antecedentes penales y su protección bajo la Convención contra la Tortura.
“La ley es clara en este asunto. El Gobierno no puede encerrar a individuos en una celda indefinidamente como una forma de eludir un proceso de deportación estancado”, afirmó la Corte.
La resolución advierte que, si Guerra Morales, incumple las condiciones de su puesta en libertad, puede enfrentar sanciones penales, incluida una nueva detención. Además, si su deportación se vuelve probable en un futuro razonablemente previsible, ICE podrá detenerlo nuevamente para asegurar su presencia al momento de la remoción.
