MIAMI, Estados Unidos ― El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó este miércoles que el ciudadano cubano Luis A. Álvarez García, condenado por intento de asesinato y tráfico de cocaína, será enviado a la Isla. El cubano permanecía en libertad bajo supervisión de ICE, puesto que La Habana no aceptaba su repatriación, de acuerdo con la propia agencia estatal.
En una publicación en X, ICE presentó el caso como parte de sus acciones de remoción de extranjeros con antecedentes penales y afirmó que Álvarez García había estado “caminando libre” porque había sido liberado de prisión y el Gobierno cubano no estaba recibiendo a inmigrantes del éxodo del Mariel.
La publicación agregó: “Gracias a los esfuerzos diplomáticos del presidente Trump, extranjeros criminales cubanos como Álvarez García finalmente pueden ser enviados a casa y es precisamente hacia allí adonde se dirige”.
ICE no precisó la edad de Álvarez García, el lugar y la fecha de las condenas, cuándo salió de prisión ni si el traslado hacia Cuba ya fue ejecutado.
El mecanismo citado por la agencia estatal, la orden de supervisión, está previsto en la normativa migratoria estadounidense para extranjeros liberados después del período de remoción. La norma establece que ese tipo de orden puede imponer condiciones como reportarse periódicamente ante un oficial, colaborar para obtener documentos de viaje, pedir autorización para desplazamientos fuera de los límites autorizados y notificar por escrito cualquier cambio de dirección al Departamento de Seguridad Nacional.
La misma disposición permite conceder autorización de empleo cuando el extranjero no puede ser removido en tiempo oportuno o cuando la remoción resulta impracticable o contraria al interés público.
Las deportaciones de cubanos desde Estados Unidos hacia la Isla volvieron a ocupar un lugar en la agenda migratoria bilateral tras el endurecimiento de la política de Washington y la vigencia de los acuerdos que permiten a La Habana recibir a nacionales con órdenes de remoción. Actualmente, el régimen de la Isla se mantiene cumpliendo el acuerdo migratorio de 2017 que permite vuelos de deportación de ciudadanos cubanos, aun en medio del deterioro de las relaciones entre ambos gobiernos.
El mecanismo, sin embargo, no opera como una deportación masiva automática. En diciembre de 2024, tras conversaciones migratorias en La Habana, el viceministro cubano de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío dijo a Reuters que una propuesta de deportaciones masivas desde Estados Unidos hacia Cuba sería “irrealista” y tendría que ajustarse a los acuerdos migratorios existentes.
Bajo la Administración Biden, La Habana solo aceptaba “pequeños números” de deportaciones desde Estados Unidos, tanto por vía aérea como marítima.
Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington intensificó su política de remociones y La Habana siguió recibiendo vuelos, aunque sin que ello implicara una normalización política entre ambos países.
El universo de cubanos potencialmente expuestos a procesos de remoción también se amplió por los cambios en los programas de parole humanitario. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos revocó en 2025 las protecciones temporales de unos 532.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que habían ingresado bajo el programa de patrocinio impulsado durante la Administración Biden. La medida dejó a esos beneficiarios en riesgo de deportación si no obtenían otra vía migratoria, aunque su aplicación ha estado sujeta a litigios en tribunales federales.
En el caso cubano, ese escenario convive con la Ley de Ajuste Cubano, que sigue ofreciendo una vía excepcional para solicitar la residencia permanente a nativos o ciudadanos cubanos que hayan sido inspeccionados y admitidos o puestos bajo parole en Estados Unidos y cumplan al menos un año de presencia física en el país, siempre que sean admisibles. No obstante, esa posibilidad no elimina el riesgo de deportación para quienes tengan órdenes finales de remoción, antecedentes penales, causales de inadmisibilidad o casos migratorios cerrados en su contra.
