MIAMI, Estados Unidos ― La primera farmacia privada de Cuba abrió sus puertas en el municipio de Regla, en La Habana, después de que el Gobierno autorizara a empresas privadas, mipymes y cooperativas no agropecuarias a gestionar servicios farmacéuticos. Un reportaje difundido por el canal Preval Official mostró el funcionamiento del establecimiento, sus productos y los precios que enfrentan los clientes en medio del grave desabastecimiento de la red estatal.
El creador de contenido presentó el recorrido con el título “Entré a la PRIMERA FARMACIA PRIVADA de Cuba… ¡No esperaba encontrar esto!”. En la grabación conversó con trabajadores y vecinos, además de mostrar medicamentos, vitaminas, suplementos y productos de medicina natural colocados en los estantes.
La farmacia ofrece cefalexina en polvo para preparar una suspensión pediátrica por 2.000 pesos cubanos. También aparecen nistatina por 1.200 CUP; ácido fólico en jarabe y difenhidramina por 1.800; bromhexina y jarabe Bronfarme por 2.000; y una solución oral antialérgica y la loción Jupin por 1.000. Los tés cuestan 100 pesos, mientras que las vitaminas y otros suplementos oscilan entre 2.000 y 3.000 CUP.
Los precios provocaron reservas entre algunos vecinos. Una residente reconoció que, pese a que un suplemento vitamínico cuesta 2.000 pesos, “hay que comprarlo”. Otro entrevistado resumió: “Es mejor no enfermarse en Cuba”. El precio de un producto de 3.000 CUP equivale a casi el 94% del salario mínimo nacional, fijado desde julio en 3.210 pesos mensuales.
Mayra Morales, dependienta del establecimiento, aseguró que el proyecto también realiza entregas dirigidas a determinados grupos: “Tenemos para los ancianos, para las personas vulnerables, para las casas de abuelos y para los hogares maternos, aportamos medicamentos”. Añadió que regalan fármacos a personas que no pueden asumir su costo, aunque aclaró que esa no es la modalidad habitual del negocio.
Morales explicó durante la grabación que el establecimiento sería ampliado el 14 de agosto. Preval indicó que en el nuevo espacio funcionaría “la parte oficial de la farmacia privada”, dentro de un proyecto que, según la trabajadora, estaba siendo “analizado y autorizado” por las instituciones estatales.
La apertura fue posible tras la aprobación del Decreto 160, publicado el 28 de julio y vigente desde el 4 de agosto. La norma estableció que los servicios farmacéuticos, ópticos, de cuidado y rehabilitación pueden ser gestionados por empresas privadas, micro, pequeñas y medianas empresas privadas y cooperativas no agropecuarias. Estas actividades fueron clasificadas como “autorizables o condicionadas”, por lo que necesitan autorización, licencia o certificación de las instituciones facultadas.
Cristina Lara Bastanzuri, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), explicó que los locales deberán cumplir condiciones específicas de temperatura, humedad y almacenamiento, contar con personal farmacéutico calificado y obtener una habilitación sanitaria y una licencia operativa. Los medicamentos comercializados también deberán tener registro sanitario y autorización de venta en Cuba.
El Decreto 160 no fija precios para las farmacias privadas ni desarrolla las reglas de dispensación de antibióticos y otros medicamentos sometidos a controles. La norma indica que el comercio de productos restringidos de salud será autorizable o condicionado conforme a las disposiciones especiales de cada materia. Aunque el MINSAP anunció que supervisará la calidad y los precios, el decreto no especifica el mecanismo que se utilizará para ejercer ese control.
La primera farmacia privada surge en uno de los momentos más críticos del sistema sanitario cubano. Díaz-Canel reconoció este mes que “solo el 30% del cuadro básico de medicamentos” estaba disponible. La cifra supone que alrededor de siete de cada 10 renglones del listado oficial no están disponibles.
Las farmacias privadas desaparecieron de Cuba mediante un proceso gradual de estatización después de 1959. El historiador sanitario José Ramón Ruiz Hernández documentó que el Gobierno nacionalizó las grandes droguerías el 13 de octubre de 1960; el 10 de enero de 1962 estatizó 370 farmacias y 35 almacenes de medicamentos, y en noviembre de 1963 nacionalizó los establecimientos restantes, con lo que consolidó el control estatal de la actividad.
La última fase se ejecutó mediante mecanismos de compraventa y expropiación. La Ley 1090, fechada el 1 de febrero de 1963, facultó a organismos estatales para imponer la expropiación por causa de utilidad pública o interés social cuando los propietarios se negaran a vender los bienes requeridos.
