MIAMI, Estados Unidos. ─ La organización no gubernamental Prisoners Defenders aseguró este lunes que la Delegación de la Unión Europea (UE) en Cuba entrega al régimen cubano partidas de dinero supuestamente destinadas a la Sociedad Civil de la Isla, un hecho que podría ser declarado “delito penal de fraude por malversación de caudal público”.
En un informe publicado este lunes, la ONG destaca que la Delegación europea en La Habana entrega un porciento del fondo de cooperación Cuba-UE a organizaciones “independientes” de la Isla, pero que, en realidad, operan bajo el control de la dictadura castrista.
“Se están entregando divisas al régimen de Cuba comunicando a través de la Delegación al contribuyente europeo que se entregan a la ´Sociedad Civil´ cubana, y en proyectos con partidas presupuestarias, presuntamente definidas para tal fin…”, detalla el documento, que argumenta las implicaciones jurídicas de dicha maniobra.
En ese sentido, fuentes del Estado cubano a las que habría accedido Prisoners Defenders “confirman que los fondos son detraídos del presupuesto de las organizaciones beneficiarias eliminando otros costes, yendo el efecto neto de las divisas a las arcas del régimen”.
“La conclusión es irrefutable: ni un sólo euro de los analizados en base a los beneficiarios mencionados en el documento de la Delegación de la UE han sido entregados por la Unión Europea a la Sociedad Civil. De forma incomprensible todos los proyectos analizados son dotaciones de divisas (euros) a Sociedades Estatales del Gobierno de Cuba, pero que la Delegación de la UE en Cuba comunica oficialmente como “Sociedad Civil” en numerosas fuentes y comunicados como el analizado y, lo más grave, pertenecen a partidas presupuestarias presuntamente destinadas parcial o totalmente a la Sociedad Civil por definición”, precisa el informe.
Entre los beneficiarios de esos fondos se encuentran, entre otras, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), el Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria (CIERIC), la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) y la Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el Respeto Ambiental (Cubasolar).
También se entregan ingresos a la Oficina del Conservador de la Ciudad (OCC), así como a centros educativos que, en ningún caso, funcionan fuera del control del Estado, como la Universidad de La Habana y el Instituto Superior de Arte (ISA).
“De confirmarse este proceder y que la partida presupuestaria BL 21 02 08 01, entre otras similarmente definidas, han sido empleadas para entregar fondos a organizaciones estatales, podría ser la definición de algo que sería constitutivo de delito de fraude por malversación de fondos públicos, definido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal, art. 3.2.a, y Arts. 432 y ss. del Código Penal del Reino de España”.
Prisoners Defenders añade que el propio documento Cooperación Unión Europea-Cuba – Contribuyendo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, publicado por la Delegación de la UE en Cuba, indica que son 127,8 los millones de euros que se destinaban, en el momento de publicación, a la Colaboración con Cuba, por lo que se estima que, en la actualidad, los montos sean superiores.
Prisoners Defenders denunció, además, que la Sociedad Civil en Cuba “jamás participó una sola de las reuniones públicas comunicadas” por la Delegación europea en La Habana, hecho reconocido hace algunos meses por Alberto Navarro, embajador del bloque en la Isla.
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