MIAMI, Estados Unidos ― El economista cubano Pedro Monreal propuso crear una cámara de comercio específica para las mipymes y autorizar sindicatos independientes de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), con afiliación voluntaria y capacidad legal para negociar convenios laborales dentro del sector privado.
La propuesta, publicada este 27 de agosto, surgió después de que la Presidencia cubana informara sobre una reunión de Miguel Díaz-Canel con “representantes del sector privado”. El reporte oficial señaló que participaron empresarios de la alimentación, la agricultura, la energía, el transporte y el asesoramiento jurídico, pero no identificó a los asistentes ni explicó cómo fueron seleccionados, qué mandato recibieron o a quiénes representaban.
“¿Qué norma define su estatus jurídico y regula su selección, mandato y rendición de cuentas? ¿Representan a propietarios, trabajadores o ambos?”, preguntó Monreal.
Durante el encuentro, Díaz-Canel prometió mantener un contacto constante con las formas estatales y no estatales del sistema empresarial. “Si no hay diálogo sistemático, no podemos saber qué estamos pensando y cómo vamos construyendo con consenso”, afirmó. Sin embargo, también advirtió que el sector privado “no puede convertirse en espacio de ilegalidades, de evasión fiscal, de especulación, de corrupción, de acaparamiento, de fijación de precios desconectados de las realidades”. Los empresarios, por su parte, denunciaron “prejuicios y trabas” en niveles intermedios de la administración.
La primera propuesta de Monreal consiste en crear una organización empresarial dedicada exclusivamente a las mipymes. “Ya operan a escala nacional, pero carecen de una institución que las represente con la misma especificidad con que se las regula”, argumentó.
El economista precisó que esa entidad no desplazaría a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, sino que la complementaría y permitiría concentrar servicios, demandas e interlocución de acuerdo con las particularidades de los negocios privados. “Sin un interlocutor colectivo, sus demandas legítimas se diluyen”, señaló.
Las mipymes ya pueden solicitar su ingreso en la Cámara de Comercio cubana y, si son admitidas, participar con voz y voto en su Asamblea General de Asociados. El directorio de la institución reúne actualmente 1.705 empresas de distintas formas de propiedad, pero no precisa cuántas son mipymes privadas.
La Cámara se define como una institución nacional de derecho público cuya misión principal es promover la internacionalización de las empresas cubanas y los intereses económicos del país en el exterior, mientras que Monreal propone un gremio concentrado específicamente en la representación colectiva del sector privado.
Un gremio especializado, eventualmente organizado por ramas, podría recopilar información sobre cierres, pérdidas y obstáculos locales, sostuvo Monreal. Esos datos permitirían, a su juicio, diseñar políticas con menos “ensayo y error”, reducir la fricción regulatoria y ofrecer mayor previsibilidad a los negocios privados.
El sector está sometido a un marco regulatorio específico. El Decreto-Ley 88 de 2024 sustituyó al Decreto-Ley 46 de 2021 sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, mientras que el Decreto 160, publicado en julio de 2026, actualizó las actividades prohibidas o condicionadas para las empresas privadas, las mipymes, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia.
La segunda propuesta de Monreal se concentra en los empleados de esos negocios. El economista pidió autorizar sindicatos independientes de la CTC, con personería jurídica para negociar convenios colectivos, debido a que la relación entre un empleador privado y sus trabajadores difiere de la existente dentro de una empresa estatal.
“Si admite contratación laboral y lucro del empleador privado, también debe existir una contraparte laboral que represente a los trabajadores en la negociación colectiva. Sin ella, el modelo queda incompleto: hay empresario, pero no contrapoder laboral institucionalizado”, afirmó.
Monreal consideró insuficiente establecer secciones de la CTC dentro de las mipymes, pues esa central ha funcionado tradicionalmente bajo una lógica de unidad entre la dirección empresarial, el Partido Comunista y la organización laboral. Los trabajadores privados, sostuvo, necesitan un sindicato que “no sea brazo de la dirección privada ni ‘polea de transmisión del PCC’, sino representante de la plantilla de la empresa privada”.
La propia dirección de la CTC ha reconocido dificultades para representar al creciente sector no estatal. En una entrevista publicada en junio por el periódico Trabajadores, Osnay Miguel Colina Rodríguez, actual secretario general de la central, admitió que la sindicalización no aumenta al mismo ritmo que el empleo privado. “No podemos decir que representamos a los trabajadores cubanos si no incluimos a quienes laboran en ese sector”, declaró.
Colina también afirmó que, en los negocios donde los empleadores son privados, el sindicato no puede adoptar un papel pasivo. No obstante, asignó a la organización una “doble función”: “transmitir las orientaciones generales a la masa trabajadora independientemente de la forma de gestión en que laboren, representarlos y defender sus intereses específicos e inmediatos”.
El reclamo de Monreal coincide con las reiteradas observaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el sindicalismo independiente en Cuba. La Isla ha ratificado los convenios 87 sobre libertad sindical, 98 sobre sindicación y negociación colectiva y 135 sobre representantes de los trabajadores. Sin embargo, el Comité de Libertad Sindical recordó en junio de 2026 que lleva décadas examinando denuncias sobre la falta de reconocimiento y la injerencia gubernamental en organizaciones no afiliadas a la CTC.
En su informe más reciente sobre el caso 3271, el Comité lamentó la “total falta de avances” y reiteró su exigencia de que La Habana reconozca a la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), permita su libre funcionamiento y garantice que ningún trabajador sea detenido o perseguido por ejercer actividades sindicales.
El Gobierno cubano rechazó las denuncias, sostuvo que la ASIC no posee representación sindical legítima y la acusó de perseguir objetivos políticos con apoyo de organizaciones extranjeras. También pidió cerrar el expediente, abierto desde 2016. El Comité mantuvo el caso activo porque las autoridades no aportaron información sustantiva, investigaciones ni sentencias que respaldaran sus respuestas, y volvió a solicitar una misión de contactos directos de la OIT en Cuba.
