LIMA, Perú – El Banco Central de Cuba (BCC) autorizó de manera selectiva a un grupo de diez micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y a una empresa mixta a emplear activos virtuales en pagos internacionales vinculados a su actividad comercial, según la Resolución 4/2026 publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria No. 46.
La disposición no extiende el uso de criptomonedas al conjunto del sector privado, sino que responde a solicitudes específicas evaluadas previamente por el Grupo de Criptoactivos del propio BCC. Las entidades beneficiadas incluyen firmas como IngeniusTecnologías, Dofleini, La Calesa Real, La Meknica, Cema SOLTEC, El Asadito, Pasareladigital SURL, ARA, DQ DASQOM SURL, así como la Empresa Mixta de Productos Sanitarios S.A. (PROSA).
De acuerdo con el texto oficial, las operaciones propuestas por estas entidades fueron consideradas de “interés socioeconómico” y compatibles con la normativa vigente, lo que permitió su aprobación bajo un esquema de autorización individual.
La medida se sustenta en la Resolución 215 de 2021, que ya contemplaba el uso de activos virtuales en transacciones entre personas jurídicas y naturales, siempre sujeto a autorización expresa del banco emisor. La nueva norma aplica ese marco regulatorio a casos concretos, ampliando su implementación práctica.
El BCC estableció restricciones estrictas para estas operaciones. Las entidades autorizadas deberán canalizar la compra, venta, transferencia y custodia de los activos virtuales exclusivamente a través de proveedores de servicios que cuenten con licencia oficial en el país, quedando prohibidas las transacciones fuera de esas plataformas.
Asimismo, el uso de criptomonedas queda limitado a pagos transfronterizos, por lo que cualquier otro tipo de operación requerirá una autorización adicional. También se precisa que solo podrán emplearse los activos virtuales aprobados para cada proveedor contratado.
La resolución incorpora además obligaciones de reporte y supervisión. Las entidades deberán presentar informes trimestrales al Banco Central con detalles sobre los montos operados, los activos utilizados y las plataformas empleadas en las transacciones.
El permiso tendrá una vigencia inicial de un año a partir de su aprobación, con posibilidad de prórroga si se solicita con al menos 60 días de antelación a su vencimiento. El incumplimiento de las normas puede provocar la revocación inmediata de la licencia.
