MADRID, España.- El Gobierno cubano eliminará los límites de extensión y de tiempo para la entrega de tierras estatales en usufructo, en un nuevo intento por reactivar un sector agrícola incapaz de satisfacer la demanda interna de alimentos en medio de la profunda crisis económica que atraviesa la Isla.
Las medidas fueron presentadas este fin de semana por el ministro de Agricultura, Ydael Pérez Brito, y el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca como parte del paquete de 176 acciones aprobado por el Gobierno para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”.
Hasta ahora, las personas naturales podían acceder a una cantidad limitada de hectáreas y debían renovar periódicamente el derecho de explotación. Con la nueva normativa, la extensión de la tierra dependerá del «proyecto productivo» presentado por cada solicitante y de su capacidad para ponerla en funcionamiento. Asimismo, desaparecen las restricciones temporales para las personas físicas y jurídicas.
Las autoridades sostienen que el objetivo es incrementar la producción nacional de alimentos y aprovechar «las tierras ociosas o deficientemente explotadas». Según explicaron, quienes aspiren a recibir nuevas parcelas deberán demostrar el uso adecuado de las que ya poseen y presentar un plan que detalle el destino productivo de la tierra, ya sea para la agricultura, la ganadería u otras actividades.
La reforma supone, además, una flexibilización sin precedentes en el acceso a las tierras estatales. El Gobierno confirmó que podrán optar al usufructo “todos los actores económicos”, incluidas las mipymes, las cooperativas, las empresas mixtas y el capital extranjero.
Otro de los cambios anunciados es la posibilidad de transmitir por herencia los derechos sobre las tierras entregadas en usufructo. Aunque las parcelas continuarán siendo propiedad del Estado, las disputas relacionadas con sucesiones y otros conflictos jurídicos pasarán a manos de los tribunales y de las direcciones de Justicia.
De acuerdo con lo anunciado, los trámites, que en algunos casos se prolongaban durante meses, deberán resolverse ahora en un plazo de entre 15 y 20 días. Además, se flexibilizarán las normas para la construcción de viviendas e instalaciones agropecuarias dentro de las fincas.
Pese a la apertura anunciada, el Estado conservará la propiedad de las tierras y mantendrá el control sobre su asignación y explotación. Las modificaciones formarán parte de la nueva Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales, cuya aprobación está prevista para este mes.
Sin embargo, quienes aporten recursos para recuperar las fincas no obtendrán la propiedad de la tierra ni garantías plenas sobre la continuidad de sus inversiones. La desconfianza se agrava por la posibilidad de que el Estado revoque el derecho de uso, por la falta de insumos, combustible y maquinaria, y por un sistema de comercialización agrícola que continúa sometido a fuertes controles. En esas condiciones, la apertura puede interpretarse más como un intento de atraer capital para rescatar tierras improductivas que como una reforma capaz de otorgar verdadera autonomía a los productores.
El anuncio llega en un momento especialmente delicado para el campo cubano. La caída sostenida de la producción agrícola, la escasez de alimentos y el aumento de las importaciones han obligado al Gobierno a introducir cambios en un sector afectado durante décadas por la falta de inversión, el deterioro de la infraestructura y el excesivo control estatal.
