MIAMI, Estados Unidos ― Cinco años después de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, las fundadoras del proyecto Justicia 11J coincidieron este jueves en que el Estado cubano mantiene intactos los patrones de represión que dieron origen a la mayor ola de manifestaciones antigubernamentales posterior a 1959 y continúa sin ofrecer verdad, justicia ni reparación a las víctimas.
Reunidas desde distintas ciudades del exilio en el panel “Documentando el 11J: cinco años sin justicia”, las activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos repasaron el trabajo que comenzó el mismo 11 de julio de 2021, cuando cientos de manifestantes y opositores comenzaron a ser detenidos en toda Cuba.
Bajo la coordinación de Laritza Diversent y el respaldo del Centro de Información Legal Cubalex, surgió entonces el grupo Justicia 11J, integrado por Camila Rodríguez, Cynthia de la Cantera, Darcy Borrero, Eilyn Lombard, Ivette Leyva, Kirenia Yalit Núñez, María Matienzo y Salomé García. A través de grupos de WhatsApp y Facebook, el equipo comenzó a verificar identidades, registrar detenciones y brindar apoyo legal a las familias.
Ese esfuerzo colectivo permitió elaborar una base de datos con más de 1.500 registros, utilizada para documentar procesos judiciales sin garantías, dar seguimiento a los casos e impulsar denuncias ante organismos internacionales y medios de comunicación.
Durante el encuentro, las participantes recordaron a los seis manifestantes del 11J fallecidos bajo custodia del régimen cubano: Luis Barrios Díaz, Yosandri Mulet, Geraldo Díaz Alonso, Manuel de Jesús Guillén, Luis Miguel Oña y Ernesto Brieva Sempé. También mencionaron a los presos políticos excarcelados tras las negociaciones entre el Gobierno cubano y el Vaticano en 2025 que posteriormente fueron devueltos a prisión o forzados al exilio, entre ellos Félix Navarro, Jaime Firdó, Adán Kiubel Castillo, Donaida Pérez Paseiro, Marlon Brando Díaz, Óscar Corría, José Enrique Pablo Oliva, Denis Hernández, Yunaykis Linares, Leonel Tristá y José Daniel Ferrer.
Las integrantes del panel analizaron además la evolución de la represión desde 2021. Entre los patrones que, aseguraron, continúan repitiéndose figuran las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, el procesamiento de menores de edad, el uso de delitos como sedición y sabotaje para castigar la protesta, la vigilancia permanente sobre antiguos manifestantes convertidos en activistas y la persecución contra sus familiares.
También señalaron que barrios emblemáticos del 11J, como La Güinera, Toyo, Santa Amalia y Contramaestre, siguen siendo focos de fuerte represión estatal. En el caso de La Güinera, continúa siendo el barrio con mayor número de presos políticos del país, con 26 personas encarceladas, según registros de Cubalex.
Las panelistas subrayaron igualmente el impacto que ha tenido la documentación del 11J en el ámbito internacional. Recordaron las acciones de incidencia impulsadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y distintos mecanismos de Naciones Unidas, entre ellos el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de los Derechos del Niño, espacios donde las denuncias contribuyeron a visibilizar las violaciones de derechos humanos cometidas tras las protestas.
Como parte del debate, las participantes recordaron que las demandas formuladas desde Justicia 11J y Cubalex —entre ellas el acceso a información sobre los detenidos, el sobreseimiento definitivo de los procesos judiciales, la reparación integral de las víctimas, la apertura de las cárceles al escrutinio internacional y el reconocimiento público de las violaciones cometidas por el Estado— permanecen sin respuesta cinco años después.
Por el contrario, afirmaron, la criminalización del ejercicio de las libertades de expresión, reunión y asociación pacífica se ha profundizado, mientras el exilio forzado, la vigilancia y la represión preventiva continúan formando parte de la política estatal contra quienes participaron en las manifestaciones o defienden los derechos humanos en Cuba.
Las fundadoras de Justicia 11J coincidieron en que la documentación rigurosa de estos hechos constituye un insumo indispensable para cualquier eventual proceso de justicia transicional y reiteraron que preservar la memoria de las víctimas será fundamental para la reconstrucción del Estado de derecho en Cuba.
