MADRID, España.- El Gobierno cubano ha concentrado en apenas dos días la publicación de un amplio paquete de normas económicas que introduce cambios en áreas clave del funcionamiento empresarial del país.
Las disposiciones aparecidas los días 2 y 3 de septiembre modifican las reglas para las empresas privadas y estatales, flexibilizan determinados procedimientos para la inversión extranjera, introducen cambios en el comercio exterior y abren nuevos espacios para actores no estatales en actividades relacionadas con el turismo.
Entre las novedades más significativas están el reconocimiento de empresas privadas con más de 100 trabajadores, la posibilidad de que cubanos residentes en el exterior participen como socios en negocios privados, la contratación directa de trabajadores por determinadas empresas con capital extranjero y la flexibilización para la apertura de cuentas bancarias fuera del país.
No se trata, sin embargo, de un único paquete de “leyes” aprobado por la Asamblea Nacional. La mayoría de los cambios publicados esta semana corresponden a decretos-leyes del Consejo de Estado y resoluciones de distintos organismos estatales.
Más espacio para las empresas privadas
La Gaceta Oficial Ordinaria No. 71, publicada el 2 de septiembre, incluyó el Decreto-Ley 133/2026, que modifica las normas aplicables a las mipymes, las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia.
Uno de sus principales cambios es el reconocimiento de empresas privadas con más de 100 trabajadores, eliminando en la práctica el límite que hasta ahora establecía el tamaño máximo de una mediana empresa.
La nueva regulación permite además que cubanos residentes en el exterior sean socios de empresas privadas en la Isla y que una misma persona participe en más de una empresa, algo restringido hasta ahora. Los cubanos residentes fuera del país también podrán ejercer determinadas actividades por cuenta propia cuando estas no requieran su presencia permanente en Cuba.
Las empresas privadas podrán realizar directamente operaciones de importación y exportación, aunque deberán obtener previamente la autorización del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
También podrán asociarse con capital extranjero, gestionar cuentas bancarias, determinar sus plantillas y establecer los ingresos de sus trabajadores dentro de las regulaciones vigentes.
La norma contempla igualmente la posibilidad de que reciban derechos de usufructo o superficie sobre terrenos o inmuebles estatales para realizar inversiones, siempre que exista autorización de las instituciones correspondientes.
La creación y reorganización de estos negocios seguirá dependiendo de procedimientos administrativos. Las solicitudes deberán tramitarse ante las direcciones municipales de Desarrollo, principalmente a través de la Plataforma de Actores Económicos.
Otras normas publicadas junto con el decreto regulan los depósitos bancarios necesarios para constituir empresas, los procesos de fusión, división y cierre de negocios y determinadas actividades privadas relacionadas con el cuidado infantil y la enseñanza.
Cambios para la empresa estatal
Ese mismo 2 de septiembre fue publicado el Decreto-Ley 120/2026, dedicado al Sistema Empresarial Estatal Cubano.
La norma establece nuevas reglas para la reorganización de las empresas estatales, su funcionamiento financiero, su objeto social y las estructuras encargadas de representar al Estado como propietario.
El nuevo esquema busca ampliar determinados márgenes de autonomía de estas entidades, aunque mantienen su subordinación a las estructuras gubernamentales correspondientes.
Inversión extranjera y contratación directa
Un día después, el 3 de septiembre, la Gaceta Oficial Ordinaria No. 73 reunió otras nueve disposiciones vinculadas principalmente a la inversión extranjera, el comercio exterior y el turismo.
Entre las modificaciones más relevantes aparece el Decreto-Ley 128/2026, que cambia aspectos de la Ley de la Inversión Extranjera.
La disposición elimina la obligación general de que las empresas con capital extranjero contraten a sus trabajadores cubanos exclusivamente a través de agencias empleadoras estatales y abre la posibilidad de establecer relaciones laborales de manera directa.
Otra de las medidas permite que empresas mixtas e inversionistas nacionales participantes en determinadas asociaciones económicas puedan abrir cuentas bancarias en el extranjero sin solicitar previamente autorización al Banco Central de Cuba.
El procedimiento no desaparece completamente: las entidades deberán notificar la apertura de esas cuentas y mantener las obligaciones de información y control establecidas.
También se modificaron los procedimientos para autorizar operaciones de importación y exportación y se establecieron nuevas disposiciones fiscales y laborales para actividades vinculadas a la inversión extranjera.
Apertura limitada en el turismo
Las nuevas normas alcanzan igualmente al sector turístico. Tres resoluciones establecen nuevos reglamentos para las agencias de viajes, el transporte turístico y el ejercicio de la actividad de guía turístico.
Los cambios permiten una mayor participación de actores privados en actividades que durante años estuvieron concentradas fundamentalmente en empresas estatales.
Trabajadores por cuenta propia y otros actores no estatales podrán participar en algunas de estas áreas si cumplen los requisitos establecidos y reciben las autorizaciones correspondientes.
También se fijó un impuesto sobre utilidades del 25 % para determinados proyectos de ecoturismo y otras modalidades de turismo especializado.
Una cadena de reformas que viene desde julio
Las normas de septiembre se suman a varias leyes aprobadas por la Asamblea Nacional a finales de julio.
Entre ellas figuran nuevas legislaciones sobre tierras agropecuarias y forestales, vivienda, organización de la Administración Central del Estado, identidad personal y domicilio, además de un nuevo Código de Trabajo.
Los acuerdos parlamentarios relacionados con esas normas fueron publicados en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 67, del 14 de agosto.
La sucesión de disposiciones de las últimas semanas muestra un intento del Gobierno por reajustar simultáneamente varias piezas del modelo económico cubano.
Las medidas eliminan algunas restricciones que pesaban sobre el sector privado y la inversión extranjera, pero no significan una liberalización completa. El Estado conserva la capacidad de autorizar actividades, establecer los sectores permitidos, controlar operaciones bancarias y comerciales y definir las condiciones bajo las cuales pueden funcionar los distintos actores económicos.
