MIAMI, Estados Unidos ― Un panel de expertos de la Red de Observatorios Independientes de Cuba presentó este miércoles en la Green Library de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés) su Informe Cuba 2026, un documento que sus autores describen como “una radiografía amplia de la situación del país durante 2025”.
Elaine Acosta, socióloga y directora del Observatorio Cuido 60; Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH); Juan Antonio Blanco, director del laboratorio de ideas Cuba Siglo 21; e Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT), expusieron los principales hallazgos de varios informes sectoriales y de un análisis general sobre la situación de la Isla.
Los datos presentados permiten dimensionar la profundidad de una crisis que atraviesa ámbitos tan diversos como la pobreza, la alimentación, los servicios públicos, el envejecimiento, la violencia de género, la conflictividad social y la economía.
Según el informe, el 89% de los cubanos se encontraba en 2025 en situación de pobreza extrema, y siete de cada diez consultados afirmaron haberse visto obligados a saltarse al menos una comida diaria. El IX Estudio sobre Derechos Sociales del OCDH, publicado en agosto de 2026, elevó esas cifras al 94% y a ocho de cada diez.
Durante 2025, además, los observatorios documentaron 11.268 protestas, denuncias y acciones cívicas, una cifra superior en más de un 25% a la registrada en 2024. El informe señala también que durante cinco meses consecutivos se contabilizaron más de 1.000 eventos mensuales.
En materia de violencia de género, 22 de las 46 víctimas cuyo perfil racial pudo identificarse eran mujeres negras o mestizas, un 45,8%, muy por encima de su proporción en la población. En el 54,2% de los casos verificados no fue posible determinar si la víctima había acudido antes a alguna instancia institucional.
El documento también advierte que Cuba carece de protocolos obligatorios de alerta pública inmediata ante desapariciones de mujeres y niñas.
Un salario que no alcanza
Otro de los indicadores expuestos durante la presentación fue el deterioro del poder adquisitivo.
El salario medio oficial, situado en 6.930 pesos cubanos, equivalía al cierre de 2025 a unos 13dólares mensuales, tomando como referencia el valor del dólar en el mercado informal utilizado por el informe. Las pensiones, según los datos presentados, equivalían aproximadamente a tres dólares mensuales.
Las cifras forman parte de un estudio más amplio que cruza información sobre pobreza, apagones, inseguridad alimentaria, envejecimiento, violencia de género, conflictividad social, empleo, economía y concentración de recursos en manos del conglomerado militar cubano.
Pero, para los investigadores, las cifras adquieren otra dimensión cuando son acompañadas por las historias de quienes viven esas condiciones.
“No es tan importante el dato en sí como el testimonio de ese dato. Ese impacto se puede medir, se asegura con la vivencia y el testimonio que contextualiza el dato”, explicó Ileana Álvarez.
La directora del OGAT puso como ejemplo hipotético el caso de una madre con varios hijos que lo ha perdido todo después de un huracán y recibe una vivienda. Para Álvarez, el número de viviendas entregadas o de personas beneficiadas no basta para comprender el impacto real de una política si no se conoce también la historia de quienes reciben esa ayuda.
“Desde nuestra pequeñez, pero con un trabajo tremendo de nuestro equipo, hemos logrado que el Estado cubano haya estado obligado a dar datos”, sostuvo.
Elaine Acosta resumió su propia aproximación con una frase: “El testimonio es un dato”.
La socióloga se refirió particularmente a lo que significa ser pobre en Cuba en la actualidad, después de décadas de promesas oficiales que no se han traducido, según dijo, en una mejora sostenida de las condiciones de vida.
Un mapa todavía incompleto
Acosta también fue cuidadosa al hablar de las limitaciones metodológicas de las investigaciones. Aun con esas restricciones, dijo, los datos disponibles permiten observar tendencias y detectar el crecimiento de iniciativas de la sociedad civil destinadas a cubrir necesidades que el Estado no está atendiendo de manera suficiente.
En el caso del Observatorio Cuido 60, explicó que una de las preguntas de investigación fue identificar qué iniciativas existen desde la sociedad civil para atender a las personas mayores.
“Lo que nos interesaba era ver qué iniciativas había desde la sociedad civil para personas mayores, pero casi todas incluyen además otro tipo de poblaciones”, explicó.
El resultado, según Acosta, es un mapa todavía incompleto, pero capaz de mostrar la dimensión de una red informal de cuidados que ha ido creciendo ante el deterioro de los servicios públicos.
Yaxys Cires, por su parte, insistió en la necesidad de llevar estos análisis más allá de la descripción de la crisis. “Hay que avanzar más en la academia y avanzar más en el ámbito político”, afirmó. “Estos son análisis para desmontar discursos, pero también para pensar y proponer estrategias concretas”, añadió.
Medir la pobreza más allá del ingreso
Cires reconoció las dificultades para determinar, por ejemplo, cuál es actualmente el valor económico de los subsidios que todavía existen en Cuba y cómo deberían incorporarse a una medición integral de la pobreza.
“Yo diría que hay una serie de datos que permiten calcular la pobreza multidimensional que no tenemos”, explicó.
El informe se concentra fundamentalmente en la pobreza monetaria y por ingresos y utiliza como referencia el estándar del Banco Mundial de 1,90 dólares diarios mencionado durante la presentación.
“Hoy día está por encima de 1,90, pero basándonos en esto, un hogar de tres personas, que es la media en Cuba, tendría que ingresar el equivalente a 171 dólares o más para decir que no está en la pobreza”, señaló Cires.
La cifra busca ofrecer una referencia para medir la precariedad económica de los hogares, aunque los propios investigadores reconocen que una evaluación completa de la pobreza requiere considerar otros factores, entre ellos el acceso a alimentos, vivienda, salud, servicios y condiciones materiales de vida.
Estados Unidos: ¿aliado o enemigo?
La discusión también abordó el papel de Estados Unidos en el escenario económico y político cubano, particularmente en medio de la propaganda oficial que atribuye a las sanciones estadounidenses parte de las dificultades que afectan a poblaciones vulnerables, incluidos niños con enfermedades graves que dependen de dispositivos médicos.
Juan Antonio Blanco propuso una mirada diferente sobre la relación entre ambos países y llamó a considerar a Washington como “un aliado nuestro contra el totalitarismo”.
“El único en estos momentos”, afirmó. Pero inmediatamente introdujo un matiz: “Los aliados no son siameses. Cada uno tiene sus intereses, aunque compartan un objetivo común. Nuestro asunto es cómo mantener la alianza sin insultar a tu aliado”, añadió.
Blanco también se refirió a la presencia de Marco Rubio al frente del Departamento de Estado estadounidense y cuestionó la expectativa de que la política exterior de Washington responda a los intereses específicos de la comunidad cubana de Miami.
“Nos enorgullece que Marco Rubio esté en la posición de secretario de Estado, pero es tan norteamericano como el pastel de manzana. Pensar que el secretario de Estado responderá a una agenda de Hialeah no nos conduce a ninguna parte”, afirmó.
Nombrar la violencia
De vuelta a la situación interna de Cuba, Ileana Álvarez insistió en la importancia de mantener registros y mapas actualizados de determinados fenómenos sociales.
“¿Dónde están y quiénes son los pedófilos en Cuba?”, preguntó como ejemplo de una información que la sociedad civil debería poder documentar.
En un escenario que calificó de “terrible”, Álvarez defendió además la necesidad de nombrar la violencia contra las mujeres y mantener visibles los casos de mujeres asesinadas por razones de género.
Para la directora del OGAT, documentar y nombrar los feminicidios es también una forma de evitar que las víctimas sean olvidadas y de generar información que pueda servir para diseñar políticas públicas de prevención.
“Ellos ni siquiera los llaman feminicidios”, afirmó en referencia a las autoridades cubanas.
En agosto de 2026, el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, adscrito a la ONEI y la FMC, reconoció 49 casos de “violencia feminicida” juzgados en 2025, una cifra casi idéntica a la verificada por los observatorios independientes. El informe oficial omite nombres, fechas y condenas, y evita el término “feminicidio”.
Álvarez rechazó, además, la idea de que los observatorios independientes compitan por registrar un número mayor de casos. El objetivo, explicó, es precisamente conseguir que los feminicidios sean reconocidos como tales y contribuir a una estrategia de prevención a largo plazo.
Los datos y las historias
La conferencia permitió al público conversar directamente con los investigadores y representantes de las organizaciones que elaboraron los informes, conocer sus metodologías y discutir qué revelan los datos sobre la evolución de la crisis cubana.
Periodistas independientes cubanos participaron con preguntas desde la sala y también a través de las redes sociales. Más allá de las cifras, el encuentro moldeó la idea compartida por varios de los investigadores de que, en una crisis de dimensiones tan amplias como la cubana, los números permiten medir el deterioro, pero son las historias de quienes lo padecen las que permiten comprender qué significa vivirlo.
