MIAMI, Estados Unidos ― La Fiscalía federal de EE.UU. renunció a pedir la pena de muerte contra Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, el expiloto de la Fuerza Aérea cubana acusado por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Los fiscales lo comunicaron el miércoles 2 de septiembre durante una audiencia de seguimiento en la corte federal de Miami, según informó Telemundo 51, que cubrió la vista.
El acusado sigue enfrentando un cargo de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, castigado con cadena perpetua. A diferencia del resto de los encausados en el mismo expediente, no afronta cargos de asesinato: la acusación federal lo vincula específicamente con la persecución de una tercera aeronave de la organización que logró escapar aquel 24 de febrero de 1996.
Descartar la pena capital no destrabó el caso. El juez federal Darrin P. Gayles aplazó la decisión sobre la fecha del juicio para dar más tiempo a ambas partes a revisar las pruebas, reportó la agencia EFE. La Fiscalía propuso mantener el proceso fuera del calendario de juicio y sustituirlo por audiencias de seguimiento aproximadamente cada 60 días.
El cuello de botella es el material clasificado. Los fiscales explicaron ante el juez que el expediente contiene documentación clasificada y no clasificada, que ya entregaron a la defensa un primer paquete de pruebas sin restricciones y que trabajan en un segundo. Los dos abogados de González-Pardo, en cambio, aún no tienen las autorizaciones de seguridad para revisar el material clasificado: dijeron ante el tribunal que ya fueron entrevistados por el FBI y que les advirtieron que el trámite puede demorar hasta seis meses.
Ese calendario borra la previsión de julio, cuando el propio Gayles había fijado el inicio del juicio para el 24 de agosto.
González-Pardo llegó encadenado a la sala y permaneció así durante toda la audiencia, que siguió con la asistencia de una intérprete. Es el único de los seis acusados que se encuentra en Estados Unidos enfrentando el proceso; los otros cinco, entre ellos Raúl Castro Ruz, están fuera del alcance de la justicia estadounidense.
La acusación que los reúne fue presentada el 23 de abril y desvelada el 20 de mayo en el Distrito Sur de Florida. Imputa un cargo de conspiración para matar a nacionales estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro de asesinato, según detalló la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. Los aviones de combate cubanos que dispararon los misiles aire-aire contra dos Cessna civiles desarmadas actuaron bajo la cadena de mando encabezada por Castro Ruz, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En el ataque murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. “El paso del tiempo no borra el asesinato. No disminuye el valor de estas vidas. Y no debilita nuestro compromiso con el Estado de derecho”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones al anunciar la imputación.
En agosto de 2003, un gran jurado de Miami ya había acusado por los mismos hechos al general Rubén Martínez Puente, jefe de la Fuerza Aérea cubana en 1996, y a los pilotos Lorenzo Alberto Pérez-Pérez y Francisco Pérez-Pérez, con idéntica estructura de cargos: cuatro asesinatos, dos destrucciones de aeronave y una conspiración. Martínez Puente y Francisco Pérez Pérez murieron sin ser juzgados. Lorenzo Alberto Pérez-Pérez vuelve a figurar en el expediente de 2026, señalado como el piloto que disparó.
A González-Pardo la acusación federal lo sitúa en tierra, dentro de su MiG, mientras otro piloto derribaba las dos Cessna, y sostiene que despegó después junto a un segundo caza para dar caza a la avioneta restante, escribió el reportero Stephen Dinan en The Washington Times. En esa tercera aeronave viajaban José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate, Arnaldo Iglesias y Silvia Iriondo. “Nos salvamos porque estaban tan cerca de Cayo Hueso que la torre de La Habana les pidió que abortaran”, relató Iriondo a Martí Noticias en 2024. El piloto cubano Orestes Lorenzo, compañero de estudios del acusado en la antigua Unión Soviética, aseguró entonces al mismo medio: “Fue el Mig 29 que persiguió a [José] Basulto hasta al norte del paralelo 24. Lo sé porque me lo confirmó él recientemente”.
Aquella investigación reveló que González-Pardo, miembro de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria entre 1980 y 2009 y luego director de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional “José Martí” de La Habana, había entrado en EE.UU. el 19 de abril de 2024 mediante el programa de parole humanitario y vivía en Jacksonville, donde trabajaba de madrugada en una panadería. En noviembre de 2025 fue acusado en el Distrito Medio de Florida de fraude migratorio por ocultar ese pasado militar en un formulario I-485 presentado en abril de ese año. El 29 de mayo de 2026 recibió siete meses de prisión por ese delito, cuando ya llevaba más de seis en detención preventiva. Trasladado a Miami, se declaró no culpable del cargo de conspiración el 24 de junio.
Que sea el único acusado a mano, que no cargue con los asesinatos y que la Fiscalía haya renunciado a la pena capital alimenta desde mayo la hipótesis de que González-Pardo podría negociar con el Gobierno estadounidense. Sus abogados no hicieron declaraciones al salir de la audiencia del miércoles. La próxima vista de seguimiento está prevista dentro de unos 60 días.
