MIAMI, Estados Unidos ― La presidenta de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, Iliana Gómez Guerra, desglosó ante las cámaras de la Televisión Cubana la escala completa de castigos que se aplica a quienes sustraen aceite dieléctrico de los transformadores eléctricos: de siete a 15 años de privación de libertad en la modalidad básica del delito de sabotaje y de 10 a 30 años, privación perpetua de libertad o pena de muerte cuando concurre alguna agravante.
La magistrada intervino en la emisión de Hacemos Cuba del jueves 3 de septiembre, dedicada íntegramente a los delitos contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
El Dictamen 475 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, del 23 de mayo de 2025, fija criterios de obligatorio cumplimiento para los tribunales de instancia sobre la calificación legal de los hechos vandálicos contra el transporte público, las líneas férreas, los grupos electrógenos, los parques fotovoltaicos y las telecomunicaciones.
El Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República precisaron el 31 de agosto, en una nota conjunta, que desde mayo de 2025 constituyen sabotaje los hechos en que se sustraen, dañan, alteran o perjudican “entidades, componentes, partes y piezas destinados al sistema electroenergético”.
El Código Penal cubano sanciona en su artículo 125 con siete a 15 años a quien destruya, altere, dañe o perjudique las fuentes energéticas y las vías de transmisión de energía, entre otras instalaciones, con el propósito de impedir u obstaculizar su normal uso o funcionamiento o a sabiendas de que puede producirse ese resultado.
El artículo 126 eleva la pena a 10 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte en cinco supuestos: que se ocasionen lesiones graves o la muerte de alguna persona, que se empleen fuego, explosivos o agentes químicos o biológicos, que “se producen consecuencias graves, cualquiera que sea el medio utilizado”, que se ponga en peligro la seguridad colectiva o que los bienes afectados pertenezcan a las reservas materiales. Ninguno de esos tres últimos supuestos exige violencia ni víctimas.
Lo que los tribunales han impuesto hasta ahora se mantiene en la franja intermedia. Gómez Guerra situó las sanciones dictadas hasta agosto por sustracción de aceite dieléctrico entre nueve y 20 años de privación de libertad, el mismo rango que recoge la nota del 31 de agosto, donde se afirma que “todas las personas juzgadas en 2026 por hechos ilícitos relacionados con el SEN han sido sancionadas por el delito de Sabotaje”. La Fiscalía General de la República informó que ha impuesto prisión provisional al 87% de los imputados presentados en estos procesos.
Los peritajes técnico-científicos en puntos de control de carretera, destinados a determinar si un vehículo lleva aceite dieléctrico mezclado con el combustible del depósito, constituyen la medida más reciente contra el destino final del producto robado, según explicó el teniente coronel Carlos Martínez González, segundo jefe del Departamento del Órgano de Instrucción de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior.
En una sola provincia, que el oficial no identificó por tratarse de procesos en curso, se pesquisaron 105 vehículos, 21 dieron positivo y 18 fueron ocupados. Señaló a los transportistas del sector privado como los principales receptadores del aceite robado, sin generalizar al conjunto del gremio.
La fiscal Moraima Velázquez Romero, jefa de departamento en la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General, sostuvo que el decomiso del vehículo procede como sanción accesoria cuando se acredita la participación o el conocimiento del propietario.
Matanzas fue la primera provincia en anunciar esos controles. La emisora provincial Radio 26 informó el 28 de agosto que el territorio concentra el 60% de los robos de aceite dieléctrico del país, con más de 90 transformadores dañados y pérdidas superiores al medio millón de dólares solo en la reposición del lubricante, y que los laboratorios de la Empresa Comercializadora de Combustibles de Matanzas analizarían muestras de diésel mediante pruebas de viscosidad y punto de inflamación.
El fenómeno alcanza 97 municipios y todas las provincias, según Martínez González, que ordenó la incidencia delictiva contra el sistema eléctrico en tres escalones: primero el aceite de los transformadores, después los paneles solares y en tercer lugar la sustracción de angulares de las torres de alta tensión. Entre 2025 y el primer semestre de 2026 se iniciaron más de 460 investigaciones penales por sabotaje, daños, robo con fuerza, hurto y receptación vinculados al SEN, y solo la sustracción de aceite acumuló más de 300 denuncias, con mayor incidencia en Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa.
De acuerdo con la información oficial, en el consejo popular Marcos, en Matanzas, la sustracción de unos 1.000 litros dejó a la comunidad más de 30 días sin electricidad. En Calimete, también en Matanzas, 12 personas afectaron 23 transformadores entre marzo y mayo. En las horas previas a la emisión, nueve transformadores habían sido afectados en La Habana, entre ellos los que sirven al abasto de agua de la fuente Paso Seco, en Arroyo Naranjo. Dos hombres de 40 y 31 años murieron electrocutados en Santiago de Cuba mientras manipulaban transformadores.
Radio 26 cifró el precio del aceite dieléctrico en el mercado informal entre 500 y 2.500 pesos por litro, en un país donde apenas hay combustible y lubricantes. En el mercado mundial ese mismo litro promedia entre 2,80 y 3,50 dólares. Cuba solo lo produce en la refinería Sergio Soto, de Cabaiguán, y únicamente para transformadores de hasta 33 kilovoltios; el resto se importa.
Mientras el régimen sube el tono de las amenazas, los apagones se mantienen por encima de las 20 horas diarias en buena parte del país. La Unión Eléctrica pronosticó para el horario de máxima demanda de este viernes 4 de septiembre una disponibilidad de 1.060 megavatios (MW) y una afectación estimada de 2.220 MW. El propio conductor del programa, Humberto López, admitió al abrir la emisión que los delitos contra el SEN hacen daño pero no son la causa principal de los apagones, y atribuyó esa causa al cerco energético estadounidense.
Cuba conserva la pena de muerte en su legislación, aunque no la ejecuta desde hace más de dos décadas. Las últimas ejecuciones documentadas por Amnistía Internacional son las de Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, fusilados el 11 de abril de 2003 tras un juicio sumario por el secuestro de una lancha de pasajeros ocurrido nueve días antes. La organización, que clasifica a Cuba como país retencionista, consideró entonces que aquellos fusilamientos pusieron fin a una moratoria de facto y marcaron una erosión grave en el historial de derechos humanos de la Isla.
