MIAMI, Estados Unidos — Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, defendió este martes la continuidad de la presión económica sobre el régimen cubano y sostuvo que ofrecerle alivio en medio de la actual crisis solo aplazaría las reformas políticas y económicas exigidas por Washington.
“Esto es como intentar ayudar a alguien a dejar de fumar; cuando lo ves sufrir, no le entregas un cigarrillo”, afirmó Kozak durante una audiencia del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Senado dedicada a la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la región.
Con esa metáfora, Kozak respondió una pregunta del senador republicano Rick Scott, quien expresó preocupación por la falta de resultados visibles en Cuba y pidió al funcionario del Departamento de Estado explicar qué podía ofrecer esperanza a los cubanos y cómo serían responsabilizados los dirigentes del régimen. Scott también aludió a la reciente acusación presentada en Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de Hermanos al Rescate.
Kozak aseguró que la presión sobre La Habana para que emprenda reformas es actualmente mayor que en cualquier momento anterior y relacionó esa situación con la pérdida de los subsidios petroleros venezolanos. También recordó que la Unión Soviética sostuvo durante décadas al Gobierno cubano y Venezuela asumió después ese papel, mediante entregas de crudo y otras formas de apoyo económico.
El funcionario afirmó que el régimen cubano revendía entre el 40% y el 60% del petróleo recibido de Venezuela a China y otros mercados para obtener divisas. Asimismo, sostuvo que la pérdida de esos suministros ha colocado a La Habana bajo una presión financiera excepcional y que Washington ha adoptado medidas para impedir que otros países reemplacen a Caracas como principal sostén energético del régimen.
Esa política se basa en una orden ejecutiva del 29 de enero que declaró “emergencia nacional” con respecto al régimen cubano y creó un mecanismo para imponer aranceles adicionales a las importaciones procedentes de países que suministren petróleo, directa o indirectamente, a la Isla.
El Gobierno de Donald Trump amplió posteriormente, mediante la Orden ejecutiva 14404 del 1 de mayo, las facultades para sancionar a personas, empresas e instituciones financieras vinculadas con el aparato de seguridad cubano, hechos de corrupción, graves abusos de derechos humanos o actividades consideradas contrarias a la seguridad nacional estadounidense.
En su testimonio escrito, Kozak afirmó que “el statu quo ya no es sostenible” y exigió al régimen reformas económicas y políticas inmediatas. También recordó que varios cientos de participantes en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 permanecen encarcelados y reiteró la exigencia de Washington de que sean liberados todos los presos políticos.
Kozak reconoció que no podía anticipar cómo se desarrollaría una eventual transición ni cuándo produciría resultados la estrategia estadounidense, pero sostuvo que la desaparición de los subsidios venezolanos, las restricciones al suministro de petróleo y el endurecimiento de las sanciones han reducido las alternativas económicas del régimen cubano y podrían obligarlo a tomar decisiones que durante décadas logró postergar gracias al respaldo de gobiernos aliados.
Un día antes de la comparecencia de Kozak, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció nuevas sanciones contra 10 entidades cubanas: el Ministerio de Turismo, los grupos empresariales GECOMEX y GEMAR, las compañías Enetec, Coreydan, Antex y OSDE Caudal, las Milicias de Tropas Territoriales, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, y las Brigadas de Respuesta Rápida, utilizadas por el régimen para intimidar y reprimir a opositores y manifestantes.
Las restricciones tampoco eliminan todas las vías para enviar combustible a Cuba. La OFAC mantiene una política favorable a la concesión de licencias para la reventa de petróleo venezolano destinado a beneficiar directamente al pueblo cubano o al sector privado independiente, siempre que la operación no favorezca a las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, entidades controladas por el Estado u otros actores restringidos. Las normas estadounidenses también contemplan autorizaciones para determinados suministros petroleros de origen estadounidense dirigidos a mejorar las condiciones de vida o respaldar actividades económicas independientes.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó la nueva ronda de sanciones y escribió en X que Washington continuaba “reforzando la guerra contra el pueblo de Cuba, sus condiciones de vida y fuentes de sustento”. También calificó las medidas del 13 de julio como parte de una política destinada a castigar a toda la población, una interpretación rechazada por el Gobierno estadounidense, que presenta sus acciones como dirigidas contra las estructuras económicas, represivas y militares del régimen.
