MIAMI, Estados Unidos ― Los congresistas demócratas Mark Pocan, Teresa Leger Fernández, Maxine Dexter y Delia C. Ramírez concluyeron este lunes, 13 de julio, una visita a Cuba durante la cual se reunieron con Miguel Díaz-Canel y representantes de distintos sectores de la Isla, denunciaron las consecuencias de la política energética de la Administración de Donald Trump y reconocieron que actualmente no existen negociaciones formales entre Washington y La Habana para modificar esas medidas.
Los representantes por Wisconsin, Nuevo México, Oregón e Illinois, respectivamente, llegaron a Cuba el jueves, 9 de julio, y permanecieron en el país hasta este lunes. La oficina de Pocan describió el viaje como una misión congresional de investigación de cuatro días.
Associated Press (AP) reportó que la delegación se reunió con Miguel Díaz-Canel, aunque el comunicado conjunto de los cuatro congresistas no menciona ese encuentro y, hasta el momento, tampoco ha sido anunciado públicamente por la Presidencia cubana.
“No creo que se estén llevando a cabo negociaciones”, declaró Pocan durante una conferencia de prensa ofrecida en La Habana antes de la salida de la delegación. El legislador también acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, de convertir la política hacia Cuba en un asunto “personal” en lugar de profesional.
Los congresistas informaron que se reunieron con Díaz-Canel, ministros, profesionales de la salud, empresarios y otros interlocutores, además de recorrer calles de La Habana. En su declaración conjunta afirmaron que conversaron con líderes religiosos, emprendedores, organizaciones de la sociedad civil, grupos humanitarios, médicos y agricultores “de todas las condiciones sociales y perspectivas políticas”. El comunicado no identifica a esos actores de la sociedad civil ni precisó si entre ellos había opositores, activistas de derechos humanos o familiares de presos políticos.
La delegación sostuvo que viajó a La Habana para conocer directamente las dificultades generadas por la política de “máxima presión” de la Administración Trump, examinar las reformas económicas anunciadas por el régimen cubano y explorar un restablecimiento de las relaciones bilaterales basado en la diplomacia y el diálogo.
Los cuatro legisladores calificaron las restricciones estadounidenses al abastecimiento de combustible como un “bloqueo de facto” que provoca apagones nacionales, acumulación de basura, escasez de alimentos y medicamentos, problemas en el transporte público y un aumento de la desigualdad.
“En otras palabras, nuestras políticas están matando a ciudadanos cubanos comunes”, afirmaron los representantes en el comunicado. También aseguraron que las restricciones financieras y energéticas estaban afectando hospitales y servicios básicos, dificultando la distribución de ayuda humanitaria y provocando la salida de empresas extranjeras, con consecuencias tanto para el sector estatal como para los negocios privados cubanos.
Pocan afirmó que una de las personas con las que habló durante la visita describió la situación de Cuba como una “Gaza silenciosa”, comparación que el congresista consideró apropiada. Aunque reconoció que no existen bombardeos en la Isla, señaló que los apagones y la escasez impiden a los ciudadanos acudir al trabajo, conservar alimentos y acceder a suministros médicos. Leger Fernández sostuvo, por su parte, que no tenía sentido “obligar a un país a sufrir y a estar sometido a un asedio”.
Pocan, propietario de una pequeña empresa durante 37 años, afirmó que el sector privado cubano tiene mayores posibilidades de crecimiento que en etapas anteriores, pero consideró que las sanciones estadounidenses limitan su acceso a financiamiento, proveedores, trabajadores, clientes y mercados de exportación. La declaración no abordó en detalle las restricciones internas, los impuestos, la inseguridad jurídica ni la subordinación regulatoria que enfrentan las mipymes bajo el sistema económico controlado por el régimen.
Ramírez vinculó la crisis con el éxodo cubano y sostuvo que muchos ciudadanos sienten que no tienen otra alternativa que abandonar el país. La congresista criticó además el sistema migratorio estadounidense y la política de deportaciones de la Administración Trump, al asegurar que los cubanos quedan ante una decisión imposible: permanecer en la Isla enfrentando hambre, enfermedades y pobreza o exponerse en Estados Unidos a las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (USCIS, por sus siglas en inglés).
Dexter, médica de profesión, afirmó que el sistema sanitario cubano se encuentra al borde del colapso y prometió emplear las herramientas disponibles en el Congreso para eliminar obstáculos a la prestación de servicios médicos. Leger Fernández calificó la política estadounidense como un “asedio” y atribuyó a las sanciones el aumento de la mortalidad infantil desde cuatro hasta 9,9 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos.
Dexter y Ramírez adelantaron que intentarán impulsar enmiendas en el Congreso para mitigar los efectos de las medidas sobre los servicios de salud y limitar cualquier posible operación militar contra Cuba que no haya sido autorizada por el Poder Legislativo. La delegación advirtió que una acción armada agravaría la crisis humanitaria, pondría en riesgo a militares estadounidenses y perjudicaría a la misma población que Washington afirma respaldar.
La política cuestionada por los congresistas se apoya en la Orden ejecutiva 14380, firmada por Trump el 29 de enero de este año, la cual declara que las acciones del régimen cubano constituyen una amenaza “inusual y extraordinaria” para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos y crea un mecanismo para imponer aranceles adicionales a los productos procedentes de países que vendan o suministren petróleo directa o indirectamente a Cuba.
La Casa Blanca justificó la medida con acusaciones contra el régimen por su cooperación militar y de inteligencia con Rusia y China, sus vínculos con Irán y otros actores hostiles, y la persecución de opositores, periodistas independientes, organizaciones civiles y creyentes. Trump dejó abierta la posibilidad de modificar las disposiciones si La Habana toma medidas que, a juicio de Washington, respondan a la emergencia declarada y se alineen con los intereses estadounidenses de seguridad y política exterior.
Coincidiendo con el final de la visita de los cuatro congresistas demócratas, el Departamento de Estado anunció este lunes nuevas sanciones contra 10 entidades del régimen cubano. Washington afirmó que las designaciones alcanzan empresas estatales que generan ingresos para el Gobierno y organizaciones paramilitares, grupos civiles armados y estructuras de vigilancia utilizadas para reprimir a la población.
