LA HABANA, Cuba ― Cuando María Victoria Sirut Reyes habla de su hijo, ya no describe al joven brillante que dominaba cinco idiomas y soñaba con estudiar Turismo. Habla de un hombre que después de casi dos décadas de encierro apenas puede caminar, ha dejado de hablar y necesita que otros presos le den de comer y le acerquen un vaso de agua. “No sé cómo sigue vivo”, repite una y otra vez.
El testimonio de la madre de Leandro Cerezo Sirut, uno de los dos jóvenes cubanos que en 2007 intentó secuestrar un avión para escapar del país, llega poco después de que el Centro de Información Legal Cubalex publicara un análisis jurídico en el que denuncia que el preso ha sido sometido durante años a torturas, aislamiento prolongado y otros tratos crueles que habrían provocado un grave deterioro físico y psicológico.
Según relató a CubaNet Sirut Reyes, residente en Estados Unidos, el punto de quiebre ocurrió en 2020, durante la pandemia de COVID-19. Hasta entonces mantenía contacto telefónico con su hijo en la prisión de Kilo 8, en Camagüey.
“Lo último que me dijo fue que estaba vomitando sangre”, recuerda. Después de denunciar públicamente la situación, las autoridades penitenciarias le retiraron a Leandro el derecho a realizar llamadas telefónicas y lo castigaron incomunicándolo de su familia.
Mientras permanecía aislado, asegura su madre, las autoridades comenzaron a afirmar que realizaba una huelga de hambre, cuando en realidad su estado de salud le impedía alimentarse con normalidad. Poco después fue trasladado a una celda de castigo.
“No sé cómo sobrevivió. Salió de la tapiada con la piel horrible, extremadamente delgado y psicológicamente destruido. Desde entonces prácticamente no volvió a hablar”, afirma.
Las escasas visitas familiares que se autorizaron posteriormente permitieron constatar, según Sirut, un deterioro cada vez mayor. Cada dos meses sus hermanas y sobrinas, residentes en Camagüey, podían verlo en la prisión. Ella también viajaba desde Estados Unidos cuando las autoridades se lo permitían. En cada encuentro encontraba a un hombre más delgado, incapaz de comunicarse y completamente dependiente de otras personas.
La madre asegura que un reeducador llegó a insinuarles que Leandro ni siquiera podía bañarse por sí solo y que era necesario llevarle el agua. Por años permaneció en una celda de castigo, estuvo sin exposición al sol y con condiciones de higiene extremadamente precarias.
“Se bañaba una vez al mes y caminaba muy despacio porque durante años no lo sacaron al patio. En la pandemia dejaron de sacarlo por completo”, denuncia.
Hace aproximadamente tres años, durante uno de sus viajes a Cuba, la mujer asegura que fue sometida a vigilancia permanente por parte de la Seguridad del Estado. Desde su llegada recibió advertencias para que permaneciera en su vivienda y las visitas a la prisión fueron restringidas.
En medio de esa estancia recibió una llamada que la dejó paralizada: su hijo acababa de ser brutalmente golpeado por varios guardias penitenciarios. “Me dijeron que entre cinco guardias le dieron una paliza terrible y le habían partido la cabeza, le dieron 14 puntos y cinco en una pierna”, relata.
Toda la familia acudió de inmediato al penal, pero únicamente permitieron la entrada a la madre, quien asegura que tampoco pudo verlo. En lugar de información, afirma que recibió amenazas para que regresara cuanto antes a Estados Unidos. “Me dijeron que si no me iba enseguida iban a meter preso a mi otro hijo”, asegura.
Un mes y medio después, otros familiares lograron visitarlo y comprobaron las cicatrices. Sin embargo, Leandro, de 38 años, ya no podía explicar lo sucedido. “No habla, no se comunica. Está como una persona ausente. No come por sí mismo; hay que darle la comida y el agua”, dice.
La madre sostiene que, posteriormente, directivos de la prisión le aseguraron que la entrada en vigor del nuevo Código Penal podía beneficiar a Leandro debido a que fue condenado cuando tenía 19 años.
Con esa esperanza contrató los servicios de dos abogadas en la ciudad de Camagüey. Según denuncia, ambas cobraron importantes sumas de dinero sin obtener resultado alguno. Incluso, asegura que uno de los informes médicos presentados por la defensa concluía que el preso no presentaba problemas de salud, pese al evidente deterioro que observaban sus familiares.
Según Sirut Reyes, después de que salieran a la luz denuncias contra un jefe de Orden Interior del penal de Kilo 8 identificado como “Primelles”, las autoridades trasladaron a Leandro a un cubículo donde comparte espacio con Yoan Torres, uno de los jóvenes involucrados en los hechos de 2007, además de otros dos reclusos.
Su madre asegura que Torres ha asumido parte de su cuidado diario. “Mi hermana me dice que se ve un poquito recuperado porque Yoan lo está cuidando”, señala.
Asimismo, el director de la prisión autorizó a que la familia le lleve un almuerzo semanal. Sin embargo, Leandro continúa sin hablar, presenta un grave deterioro psicológico y recientemente comenzó a sufrir inflamación en las piernas.
Del Servicio Militar a la prisión perpetua
Antes de ingresar al Servicio Militar Activo, Leandro había terminado el preuniversitario y obtenido una plaza para estudiar Licenciatura en Turismo. Fue enviado a cumplir el servicio en la Gran Unidad Militar de Tanques “Rescate de Sanguily”, en Managua, donde, su mamá asegura, comenzó a sufrir constantes abusos.
Sirut Reyes afirma que los problemas se agravaron cuando, durante un acto político, Leandro denunció públicamente las condiciones dentro de la unidad y realizó críticas a Fidel Castro. A partir de entonces, sostiene, fue arrestado en varias ocasiones y permaneció detenido incluso cuando ya debía recibir la baja del Servicio Militar.
La noche del 27 de abril de 2007, Leandro Cerezo, Yoan Torres, Alain Forbes y Karel Rubio se alzaron en armas. Dos de ellos fueron capturados de inmediato. Leandro y Yoan permanecieron ocultos durante una semana dentro de la propia unidad militar.
Posteriormente, secuestraron un ómnibus con destino al Aeropuerto Internacional “José Martí” e irrumpieron en una aeronave con la intención de abandonar Cuba. Las negociaciones se prolongaron durante seis horas. En medio del operativo murió un teniente coronel retenido dentro del avión y Torres resultó gravemente herido por un disparo de un francotirador. Ambos fueron arrestados.
Tras permanecer tres meses hospitalizados, fueron juzgados en agosto de 2007. Reyes Sirut asegura que no le permitieron asistir al proceso porque las autoridades la consideraban cómplice por haberse negado a pedir personalmente la rendición de su hijo durante el operativo.
Leandro fue condenado a prisión perpetua. La causa penal incluyó delitos como asesinato, toma de rehenes, actos contra la seguridad de la aviación civil, deserción, salida ilegal del país y otros cargos relacionados con el intento de secuestro de la aeronave.
Inicialmente permaneció recluido en la Unidad Especial 47 del Combinado del Este y, tres años después, fue trasladado a la Prisión Especial Kilo 8, en Camagüey, donde continúa encarcelado.
En su análisis, Cubalex sostiene que Leandro ha sido sometido durante casi 20 años a un patrón sistemático de golpizas, aislamiento extremo y otras formas de tortura que han provocado un profundo deterioro físico y cognitivo.
La organización considera que, lejos de investigar las denuncias o garantizar atención médica adecuada, las autoridades cubanas han respondido con opacidad y han incumplido los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
Por ello, advirtió que la vida y la integridad física del prisionero seguirán en grave riesgo mientras permanezca bajo las actuales condiciones de reclusión.
