MIAMI, Estados Unidos ― Los procesos penales, las medidas cautelares, las restricciones migratorias y los castigos dentro de las cárceles se convirtieron en agosto de 2026 en el principal instrumento represivo del Estado cubano, por delante del hostigamiento psicológico que había encabezado el registro todos los meses anteriores del año.
El indicador que el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) clasifica como uso abusivo del poder estatal sumó 48 hechos, el 39% del total del mes y un 152,6% más que en agosto de 2025, según el informe mensual que el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) publicó este lunes.
El Observatorio contabilizó 123 violaciones en total —106 a la libertad de expresión y 17 a la libertad de prensa—, una caída del 56,1% respecto al récord histórico de julio, cuando registró 280, pero un 64% por encima de las 75 documentadas en el mismo mes del año anterior. El ICLEP interpreta esa doble lectura como una modulación táctica y no como una distensión: el aparato, sostiene, reduce la exposición visible sin abandonar la actividad, y el piso resultante se mantiene muy por encima del registro histórico de agosto.
El informe trata el caso del periodista Austin Llerandi, director del medio comunitario Amanecer Habanero, quien permaneció detenido cinco horas el 21 de agosto en la estación policial de Marianao, conocida como “La Sexta”, donde un oficial identificado como “capitán Miguel” le mostró un expediente con el inicio de una acusación penal por el Decreto-Ley 370, le entregó una segunda acta de advertencia y le advirtió que tras una tercera enfrentaría cargos por desacato.
El oficial condicionó no procesarlo a que abandonara el país en un plazo de dos meses, bajo amenaza explícita de prisión, e invocó el embarazo de su esposa y la hija por nacer para presionarlo. El ICLEP solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar de protección a favor del periodista y su núcleo familiar, en aplicación del artículo 25 del Reglamento de la Comisión.
La misma lógica aparece en el caso que concentró el mayor número de agresiones del mes. Sady R. Companioni, madre de una niña de seis años, fue detenida el 28 de agosto en su domicilio del barrio habanero de Lawton por cuatro agentes de la Policía Nacional Revolucionaria —uno de ellos de la unidad de Búsqueda y Captura—, sin citación previa ni orden judicial, después de denunciar en redes sociales la falta de agua en su cuadra y la conducta de la delegada del Poder Popular de la circunscripción. La mujer fue trasladada a la unidad de Aguilera y luego al VIVAC, donde las autoridades negaron a sus padres verla, entregarle alimentos y suministrarle los medicamentos que necesitaba con urgencia. Se le formuló una acusación por desacato, delito que contempla sanción de uno a cinco años.
La irrupción de los gobiernos municipales como perpetradores directos es uno de los datos inéditos del informe. Sobre una base de 86 hechos con responsabilidad institucional asignada, el Poder Popular aparece imputado en nueve casos —el 10,5%—, con directivos del municipio Diez de Octubre, en La Habana, y del gobierno municipal de Holguín señalados de manera específica. Los civiles que actúan a nombre del Estado suman otros nueve hechos, una modalidad que, según el Observatorio, permite externalizar el hostigamiento hacia estructuras aparentemente civiles y dificultar la trazabilidad institucional.
El Ministerio del Interior sigue concentrando el grueso de la actividad represiva: la Seguridad del Estado encabeza el registro con 36 hechos (41,9%), la PNR aporta 29 (33,7%) y el sistema penitenciario 20 (23,3%). El sistema judicial —fiscalías y tribunales— figura en cinco casos, frente a los 21 de julio.
El ciudadano común regresó al primer puesto del perfil de víctimas con 45 casos, el 37,2% de una base de 121 agresiones individualizadas, seguido por el preso político (28), el periodista (17) y el expreso político, que saltó de dos casos en julio a 11. La participación en protestas fue el motivo detonante más frecuente con 42 agresiones, aunque el propio Observatorio advierte contra la lectura rápida de esa cifra: 29 de esas agresiones —el 69%— provienen de un único operativo desplegado contra un grupo de 16 personas que pretendía recorrer el Paseo del Prado habanero desde el Capitolio hasta el Malecón; 13 fueron detenidas y multadas antes de su liberación. Otras cuatro corresponden a protestas dentro de las cárceles y solo nueve se reparten entre el resto de los episodios del mes.
Las prisiones se mantuvieron como escenario represivo activo. En la cárcel Kilo 8, de Camagüey, los presos políticos Ediolvy Marín Mora y Fausto René Ramos Ramírez, recluidos en celdas de castigo, fueron amenazados de muerte por el capitán Yasmany Fuentes Leyva, segundo jefe de la unidad, y por Daniel Brisney Calas, segundo jefe de Orden Interior, quienes les advirtieron que podían aparecer “ahorcados” en sus celdas en cualquier momento. En el Campamento La Lima, en Guanabacoa, Ángel Serrano Hernández —condenado a 15 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021— fue esposado y golpeado el 26 de agosto tras negarse a realizar trabajos impuestos; presentó inflamación en distintas partes del cuerpo y un ojo morado, y fue enviado primero a una celda de castigo y después a la prisión de máxima seguridad 1580.
La Habana concentró 66 agresiones, el 53,7% del total, una proporción casi idéntica a la de julio pese al desplome del volumen absoluto. Holguín se consolidó como segundo territorio con 12 casos y Camagüey quedó tercero con 11, de los cuales nueve ocurrieron en Kilo 8. Guantánamo registró siete, tres de ellos contra el periodista independiente Niober García Fournier. Cuatro territorios —Pinar del Río, Artemisa, Cienfuegos e Isla de la Juventud— no reportaron hechos documentados, una ausencia que el Observatorio atribuye a las limitaciones de acceso y verificación y no a la inexistencia de represión.
La proporción de mujeres entre las víctimas alcanzó el 33,3% —28 de 84 víctimas con género determinado—, 11 puntos porcentuales por encima de julio y el nivel más alto documentado en el año.
El indicador de restricción en el espacio digital cerró el mes con un solo caso, el mínimo del año, pero el ICLEP advierte que la cifra no refleja una menor vigilancia sobre el ecosistema informativo, sino la imposibilidad de distinguir un corte de conectividad ordenado del colapso eléctrico generalizado. “El apagón, en la Cuba de 2026, se ha convertido en un manto que oculta la censura al mismo tiempo que la ejecuta”, concluye el informe.
Para septiembre, el Observatorio proyecta alrededor de 130 violaciones, en un rango de entre 120 y 145, con el uso abusivo del poder estatal y el hostigamiento psicológico como indicadores dominantes y una advertencia explícita: cualquier brote de conflictividad social, en un contexto de crisis energética, inflación y escasez sostenidas, puede elevar rápidamente el registro por encima de esa banda.
