Al menos 115 personas privadas de libertad fallecieron bajo custodia estatal o inmediatamente después de ser liberadas de forma extemporánea en Cuba entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de junio de 2026, según un informe especial publicado por el Centro de Información Legal Cubalex.
El monitoreo documenta la situación de reclusos con sentencia judicial e incluye siete casos de excarcelaciones o licencias extrapenales concedidas in extremis, en los que la muerte ocurrió horas o días después de la liberación, cuando el deterioro de salud iniciado en prisión ya resultaba irreversible.
Negligencia médica y desnutrición como causa principal
De acuerdo con la ONG, la denegación o negligencia en la atención médica constituyó el detonante predominante de los decesos, al estar presente en al menos 80 casos, lo que supone aproximadamente el 70 % del total registrado.
Las denuncias detallan demoras sistemáticas en la asistencia, suspensión de tratamientos e inacción ante padecimientos graves.
Dentro de este apartado, el informe destaca 21 muertes provocadas por desnutrición severa o inanición y 12 por tuberculosis. Para Cubalex, la concentración de estos fallecimientos en penales específicos “señala deficiencias graves en la provisión de alimentación, la atención sanitaria y la prevención de riesgos colectivos, que trascienden la actuación aislada de determinados funcionarios”.
El documento también registra episodios de violencia física ejecutada por guardias carcelarios, uso continuado de medios de coerción y muertes bajo presunto suicidio que presentan indicios de agresión externa.
Asimismo, el análisis de las muertes clasificadas oficialmente como autolesivas reveló cuadros de depresión no atendidos, intentos previos sin seguimiento psicológico y tratos degradantes.
Dinámicas de opacidad en el sistema
Geográficamente, más de la mitad de los casos documentados se concentraron en cárceles de Santiago de Cuba, La Habana y Mayabeque.
La organización enfatizó en la necesidad de implementar medidas de protección para grupos vulnerables como adultos mayores, enfermos crónicos, pacientes con padecimientos mentales, mujeres, personas afrodescendientes y presos políticos.
Respecto a las liberaciones otorgadas al borde de la muerte, el informe advierte que “dificultar la trazabilidad del fallecimiento y favorecer su exclusión de registros limitados a muertes ocurridas formalmente bajo custodia” no exime al Estado de sus obligaciones legales. La ONG subrayó que subsiste el deber institucional de investigar las responsabilidades administrativas o penales por omisiones previas.
Aunque en ocho de los casos no fue posible precisar el mecanismo exacto del deceso debido al hermetismo oficial, Cubalex concluyó que los hallazgos evidencian patrones estructurales de desprotección que demandan la intervención de mecanismos de supervisión independientes, transparencia informativa y la reparación integral a las familias afectadas.
