MIAMI, Estados Unidos ― La ONG Ciudadanía y Libertad presentará este miércoles 23 de septiembre en Nueva York un informe que documenta 12 patrones de represión estatal contra los derechos a la libertad de asociación y de reunión pacífica de los jóvenes en Cuba y que sostiene que esas prácticas y el envejecimiento acelerado del país forman parte de un mismo proceso.
El acto tendrá lugar a las 6:00 p.m. en el Bildner Center for Western Hemisphere Studies de The Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El documento, titulado “Juventud, poder y redes sociales en Cuba: patrones de represión estatal contra los derechos a la libertad de asociación y de reunión pacífica de los jóvenes”, concluye que “la represión de la juventud y el envejecimiento del país son, en ese sentido, dos caras del mismo proceso”.
Al cierre de 2025 la población residente en Cuba era de 9.434.593 personas, 313.414 menos que un año antes, con un saldo migratorio negativo de 245.264 personas en un solo ejercicio y una tasa global de fecundidad de 1,29 hijos por mujer, la más baja registrada desde 1958, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) divulgados en julio de 2026 y recogidos en el informe.
El 26,7% de la población tiene 60 años o más, la edad mediana es de 43 años y el país ha perdido 1.259.894 personas en edad laboral en cinco años. Proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) citadas en el documento sitúan a Cuba en 2050 como el país más envejecido de la región, con un 30,2% de su población de 65 años o más.
Esas cifras aparecen en el informe junto a las de encarcelamiento político. Al cierre de agosto de 2026, Prisoners Defenders contabilizaba 1.339 presos políticos en Cuba —807 convictos de conciencia, 495 condenados de conciencia y 37 otros presos políticos—, entre ellos 155 mujeres y 38 personas detenidas siendo menores de edad, de las cuales 14 continúan encarceladas. Desde julio de 2021 han figurado en esa relación 2.167 personas. La Fiscalía General de la República reconoció en su momento el procesamiento de 790 personas por las manifestaciones del 11 de julio de 2021, 55 de ellas de entre 16 y 18 años de edad.
El informe tiene su origen en dos consultas que la organización facilitó ante la Relatoría Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, celebradas en abril y junio de 2026 con jóvenes activistas, estudiantes, periodistas y creadores de contenido residentes en la isla y en el exilio. Se concibió como contribución al informe temático sobre el activismo de la Generación Z y el futuro del espacio cívico que la relatora especial Gina Romero somete a esta Asamblea General, y para el que la Relatoría abrió una convocatoria de aportaciones en 2026. Todas las fuentes testimoniales fueron anonimizadas por los riesgos señalados por quienes permanecen en el país y sus familias.
El primero de los 12 patrones identificados es la prohibición de la asociación por diseño jurídico: el informe sostiene que no existe vía legal para constituir organizaciones civiles lideradas por jóvenes y que las organizaciones estatales funcionan como estructuras de vigilancia y adoctrinamiento. Una de las participantes, identificada como I-01, mujer de 21 años y creadora de contenido, afirmó que “todas esas organizaciones estudiantiles y juveniles responden específicamente a los intereses de la dictadura” y que “no hay cabida a ningún criterio diferente ni a ninguna propuesta innovadora”.
El segundo patrón es la desconexión de la red de comunicación. El monopolio estatal de las telecomunicaciones permite, según el documento, la vigilancia en tiempo real, la apropiación de cuentas de mensajería, la cancelación de líneas telefónicas, la suplantación de identidad ante los servicios de soporte de las plataformas digitales y los cortes selectivos de internet en momentos de articulación. Una manifestante del 11 de julio de 2021 hoy exiliada, identificada como E-04, relató que “no podía ni hacer llamadas ni mandar mensajes de ningún tipo” y “mucho menos” conectarse a internet.
Los patrones restantes abarcan la criminalización de la libertad de expresión en redes sociales desde la adolescencia, el interrogatorio presentado como “entrevista” —citaciones formales en las que, según los testimonios, se pregunta por actividades, contactos y entorno familiar o académico y se busca reclutar informantes—, el uso de la ley como arma contra el derecho, la prisión como instrumento de quiebre y castigo, la judicialización y el encarcelamiento de menores de edad por motivos políticos, el uso de la familia como forma de coerción, la escuela y el trabajo como aparatos de control, el destierro encubierto, la represión transnacional y lo que el documento denomina ingeniería de la desconfianza.
Bajo el patrón referido a la prisión, el informe recoge alegaciones de aislamiento, privación sensorial, manipulación de la temperatura, registros degradantes y violencia sexual contra presos políticos, prácticas que los participantes describen como compatibles con los estándares internacionales relativos a la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El apartado sobre represión transnacional documenta vigilancia, campañas coordinadas de difamación, amenazas de muerte, presión diplomática para lograr expulsiones y agresiones físicas contra cubanos exiliados en al menos cinco países.
El vínculo entre represión y demografía atraviesa el documento. I-02, hombre de 20 años y creador de contenido, sostuvo que las autoridades “han causado en su máxima expresión la fuga de capital humano”. “Hacen que todos los jóvenes con potencial se quieran ir de este país, porque aquí no pueden ser empleados en lo que estudian”, dijo. El mismo participante describió las organizaciones juveniles oficiales como “un teatro de democracia”.
La presentación ocurre en un momento determinado por el calendario cubano ante los mecanismos de derechos humanos de la ONU. Cuba figura entre los miembros del Consejo de Derechos Humanos con mandato hasta 2026, que concluye el 31 de diciembre, y la Asamblea General elegirá en octubre a los integrantes del período 2027-2029. Han transcurrido casi tres años desde el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de Cuba y más de 18 desde que el Estado cubano firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sin llegar a ratificarlo.
El panel de presentación reunirá a la relatora especial Gina Romero, al artista y exprisionero político Luis Manuel Otero Alcántara y a la activista Carolina Barrero, presidenta de Ciudadanía y Libertad, que presentará el informe y moderará el diálogo. La organización fue fundada en abril de 2022 como Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Guy Pérez Cisneros.
