MIAMI, Estados Unidos ― El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) anunció una campaña ciudadana para promover una reforma del artículo 5 de la Constitución y retirar al Partido Comunista de Cuba (PCC) el rango de “fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”, atribución que la carta magna vigente concede al partido único.
La iniciativa, presentada este lunes, busca apoyarse en el mecanismo de reforma constitucional previsto en el propio ordenamiento cubano: la petición de al menos 50.000 electores ante el Consejo Electoral Nacional para llevar una propuesta a la Asamblea Nacional del Poder Popular. La Ley 131, que regula el funcionamiento del Parlamento y del Consejo de Estado, exige además que, si la iniciativa parte de ciudadanos, vaya acompañada de una certificación de su condición de electores validada por el Consejo Electoral Nacional.
Manuel Cuesta Morúa, presidente del CTDC, dijo a Martí Noticias que la propuesta forma parte de una “acción constitucional ciudadana” dirigida al “núcleo de los problemas” del país. “Desde la agenda mínima del consejo que dimos a conocer recientemente, y como parte de lo que llamamos acción constitucional ciudadana, estamos empujando esta iniciativa de reforma constitucional dirigida al núcleo de los problemas que tiene Cuba acumulados históricamente como sociedad, como nación y como país, que es el monopolio del Partido Comunista sobre la vida social, sobre la vida política y sobre la vida nacional”, afirmó.
La organización prevé convocar a 21 expertos, intelectuales, juristas y ciudadanos para elaborar una propuesta concreta de modificación constitucional, realizar después un encuentro de consenso y organizar 15 asambleas ciudadanas, una en cada provincia, con el propósito de recoger criterios sobre el contenido que debería tener el artículo 5.
El CTDC sostiene que la reforma debe abrir espacio al pluralismo político dentro de un proceso pacífico y legal. “Como creemos en el uso de la ley y en un proceso que va de la ley a la ley, estamos proponiendo una reforma del contenido del artículo 5 de la Constitución cubana para abrir, poner de acuerdo al Estado, a la sociedad y a la Constitución con la realidad diversa y plural del país”, expresó Cuesta Morúa. El opositor añadió que “no es el país el que tiene que ponerse de acuerdo con el artículo 5, [sino que] es el artículo 5 el que tiene que ponerse de acuerdo con esa pluralidad”.
En su declaración pública, el CTDC responsabilizó al sistema de partido único de la crisis estructural del país y afirmó que “la dominación impuesta del partido único es el problema mayor de seguridad nacional que tiene Cuba”. La organización también sostuvo que “el partido único o la nada no es el destino inevitable de nuestro país” y llamó a construir “de manera pacífica, la Cuba de los ciudadanos”.
El artículo 5 de la Constitución de 2019 define al PCC como “único, martiano, fidelista, marxista y leninista” y lo reconoce como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”, lo que limita de hecho cualquier competencia partidista real.
La vía escogida por el CTDC existe formalmente en la Constitución, pero enfrenta un cierre institucional decisivo: la Asamblea Nacional es el único órgano con facultad para reformar la carta magna y cualquier cambio requiere una votación nominal favorable de al menos dos tercios de sus integrantes. La Ley 131 también establece que, si la Asamblea rechaza una solicitud de reforma constitucional, esa solicitud “no será aceptada nuevamente a trámites, aun cuando se interese por otros actores con similares objetivos”.
El margen de reforma tiene otro límite explícito: el artículo 229 de la Constitución declara irreformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema socialista establecidos en el artículo 4. Por tanto, una modificación del artículo 5 podría cuestionar el papel constitucional del PCC, pero no eliminar por sí sola la cláusula que blinda el carácter socialista del sistema.
El CTDC ha presentado la campaña como parte de una estrategia más amplia de “agenda mínima” para una transición democrática. En abril había incluido entre sus prioridades una Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso, asambleas ciudadanas, una Ley de Garantías de los Derechos Fundamentales Constitucionalizados y la reforma del artículo 5.
