MIAMI, Estados Unidos ― El historiador y politólogo Juan Antonio Blanco planteó en un dosier del laboratorio de ideas Cuba Siglo 21 que una intervención de Estados Unidos en Cuba debe considerarse hoy una opción “deseable e imprescindible” para desplazar al régimen, una tesis que justifica por la combinación de crisis humanitaria, cierre político, represión y falta de capacidad ciudadana para enfrentar por sí sola a un aparato armado.
El documento, titulado Intervención en Cuba: ¿indeseable, preferible o imprescindible?, presenta un alegato político e histórico a favor de que la oposición cubana y el exilio abandonen el rechazo automático a cualquier forma de ayuda externa eficaz. La premisa central del texto es que la soberanía cubana ya habría sido anulada por el régimen desde 1959 y que, en las condiciones actuales, el dilema no sería entre soberanía e intervención, sino entre prolongar el control totalitario o recurrir a una alianza externa para restablecer la capacidad de decisión de los cubanos.
Blanco sostiene que la ciudadanía cubana se encuentra “desarmada”, “hambreada”, desconectada por los apagones y sin organizaciones opositoras con capacidad suficiente para forzar una transición por sus propios medios. En uno de los pasajes más duros del informe, afirma: “Nadie tiene derecho a solicitar a un pueblo desarmado, hambreado, sin siquiera recursos de conexión a internet, que salga a las calles a inmolarse frente a una maquinaria estatal brutal y armada”.
La publicación diferencia entre lo “preferible” y lo “imprescindible”. Según Blanco, lo preferible sería una transición interna, pacífica y conducida exclusivamente por cubanos; lo imprescindible, ante la falta de condiciones reales para ese escenario, sería aceptar la participación decisiva de Estados Unidos. El autor resume esa idea al afirmar que “sola, desarmada, desprovista de grandes organizaciones de oposición y desconectada entre sí, la ciudadanía no puede vencer al nuevo despotismo mafioso del siglo XXI”.
El debate aparece en el momento de mayor tensión entre La Habana y Washington desde la llamada Crisis de los Misiles. El secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio, ha descrito a Cuba como un problema de seguridad nacional para Estados Unidos y ha vinculado esa preocupación con la presencia rusa y china en la Isla. El jefe de la diplomacia estadounidense también ha asegurado que tener “un Estado fallido” a 90 millas de las costas de EE.UU. dirigido por “amigos” de los adversarios de Washington representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
El Gobierno cubano, por su parte, ha denunciado que Washington estaría fabricando pretextos para justificar una agresión. Este jueves, la viceministra cubana de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, dijo durante una audiencia legislativa en La Habana que “cada día crece el peligro de agresión militar contra Cuba”. La funcionaria sostuvo además que el canal de intercambio bilateral sigue abierto, pero “sin mucho progreso”.
El dosier de Cuba Siglo 21 intenta colocar la discusión actual en paralelo con la guerra de independencia de 1895-1898. Blanco argumenta que líderes independentistas que inicialmente desconfiaban de una intervención estadounidense terminaron viéndola como necesaria ante el deterioro militar y humanitario de la Isla, la reconcentración de Valeriano Weyler, la falta de apoyo latinoamericano efectivo y el riesgo de que la guerra fracasara o se prolongara indefinidamente.
El texto dedica amplio espacio a Máximo Gómez y a la gestión diplomática de los independentistas ante Estados Unidos. En una carta de 1897 enviada primero al presidente Grover Cleveland y luego a William McKinley, Gómez evitó presentar formalmente una solicitud de intervención, pero pidió a Washington actuar frente a los abusos españoles. “No veáis en él tampoco una solicitud de intervención en nuestros asuntos. Los cubanos nos lanzamos a la guerra contando con nuestros esfuerzos, y la sabiduría del pueblo americano determinará la conducta que deba seguir con relación a Cuba”.
El propio Gómez, ya en abril de 1898, agradeció la entrada estadounidense en el conflicto al responder al capitán general español Ramón Blanco, quien le había propuesto una alianza contra el “invasor” estadounidense. “He escrito al presidente McKinley y al general Miles, dándoles las gracias por la intervención americana en Cuba”, escribió el jefe del Ejército Libertador.
Blanco usa ese antecedente para cuestionar la narrativa oficial cubana que presenta toda intervención estadounidense como traición automática a la patria. Según su lectura, los independentistas asumieron un riesgo real, incluido el peligro anexionista, pero lo hicieron porque el costo de no actuar podía ser mayor para la nación cubana. El autor sostiene que ese mismo razonamiento debe aplicarse hoy, cuando, a su juicio, el régimen cubano conserva el monopolio de la fuerza y carece de incentivos para entregar el poder mediante un diálogo sin presión creíble.
El informe también invoca la Resolución Conjunta aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 20 de abril de 1898, que reconoció que el pueblo de Cuba “es, y por derecho debe ser, libre e independiente”, exigió a España abandonar la Isla y autorizó al presidente estadounidense a emplear fuerzas terrestres y navales para hacer cumplir esas resoluciones. El cuarto punto, conocido como Enmienda Teller, declaró que Estados Unidos renunciaba a ejercer soberanía, jurisdicción o control sobre Cuba, salvo para su pacificación, y se comprometía a dejar el gobierno y control de la Isla a su pueblo.
A partir de ese precedente, Cuba Siglo 21 establece un paralelo con el Capítulo II de la Ley Helms-Burton, vigente en Estados Unidos desde 1996. Esa ley fija como política estadounidense apoyar la autodeterminación del pueblo cubano, asistir a un gobierno de transición y a un gobierno democráticamente electo, y no favorecer a ninguna persona o entidad en la selección del futuro gobierno de Cuba. El dosier interpreta ese marco legal como una garantía contra el anexionismo, aunque la ley no constituye por sí misma una autorización específica para el uso de la fuerza militar.
Uno de los argumentos más polémicos del informe es que el temor a la anexión sería hoy, más que un riesgo político real, una herramienta de propaganda del régimen. Blanco sostiene que ninguna fuerza relevante en Estados Unidos promueve actualmente la incorporación de Cuba como estado o territorio, y que la idea de asumir a millones de cubanos con derechos de ciudadanía, servicios sociales y representación política resulta ajena a las prioridades migratorias y fiscales de la política estadounidense actual.
El informe también se apoya en encuestas recientes para afirmar que la idea de una intervención dejó de ser marginal en sectores opositores dentro y fuera de Cuba. La encuesta difundida por elTOQUE, con 42.263 respuestas válidas recogidas entre el 24 de abril y el 1 de mayo de 2026, mostró que el 60,5% de los participantes residentes en Cuba apoyó el derrocamiento del Gobierno “por cualquier medio, incluida la vía armada”, mientras que el 23,2% prefirió un diálogo y transición negociada. El propio medio aclaró que los resultados no deben leerse como una representación estadística exacta de todo el país, sino como una aproximación a tendencias en sectores conectados de la población cubana.
En el plano de escenarios, Blanco retoma una clasificación del periodista independiente Reinaldo Escobar: una decisión desde arriba, una explosión social, una intervención extranjera o la continuidad indefinida del sistema. El dosier considera más probable una combinación entre estallido social e intervención externa, y sostiene que ese escenario ofrecería mayor legitimidad nacional e internacional si la acción militar se presentara como protección de protestas populares frente a la represión.
La propuesta más concreta del texto es una secuencia de protestas masivas dentro de Cuba respaldadas por golpes “punitivos y quirúrgicos” de Estados Unidos contra fuerzas represivas, mediante drones y misiles, para impedir una masacre y acelerar la salida del poder. Se trata del punto más sensible del informe: Cuba Siglo 21 no se limita a defender presión diplomática o sanciones, sino que plantea como posibilidad legítima el uso selectivo de fuerza militar extranjera en apoyo de un levantamiento interno.
Blanco descarta además que una transición posterior dependa necesariamente de un plan de reconstrucción financiado por Washington. A su juicio, la recuperación de Cuba podría apoyarse en tres recursos principales: el capital humano, financiero y social de la diáspora; la cultura emprendedora de los cubanos; y la cercanía geográfica al mercado estadounidense. El informe sostiene que la diáspora sería la primera fuerza inversionista en una Cuba poscastrista, no solo mediante remesas, sino a través de negocios familiares, créditos e inversiones privadas.
El dosier concluye que quienes rechazan cualquier intervención deberían explicar no solo los riesgos de aceptarla, sino también el costo de descartarla. Para Cuba Siglo 21, el punto central ya no es si una intervención extranjera resulta deseable en términos ideales, sino si la sociedad cubana dispone todavía de una vía interna, pacífica y eficaz para desmontar un régimen que conserva el control de las armas, las instituciones, los tribunales y los recursos económicos fundamentales del país.
