MIAMI, Estados Unidos – El jefe de misión de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, se reunió en San Antonio de los Baños, Artemisa, con opositores, miembros de la sociedad civil y familiares de presos políticos. Además, reiteró la exigencia de Estados Unidos por la liberación de todos los encarcelados por motivos políticos en Cuba.
“El presidente [Donald] Trump y el secretario [Marco] Rubio están insistiendo en que todos los presos políticos sean liberados”, dijo Hammer en el video de su encuentro con opositores y familiares.
El diplomático hizo la declaración durante el encuentro, celebrado en el municipio donde comenzaron las históricas protestas del 11J, el 11 de julio de 2021. La Embajada de EE.UU. en Cuba identificó entre los participantes a Carlos Manuel Pupo Rodríguez y Jorge Omar Lorenzo Pimienta, a quienes describió como “patriotas comprometidos en avanzar [hacia] un mejor futuro para Cuba”.
La sede diplomática también informó de la participación de Angélica Ramírez, madre de Denis Hernández Ramírez, manifestante del 11J que fue devuelto a prisión en marzo tras la revocación de su libertad condicional. “EE.UU. continuará llamando para la liberación de todos los presos políticos”, sostuvo la Embajada.
En San Antonio de los Baños nos reunimos con las activistas Carlos Manuel Pupo Rodriguez and Jorge Omar Lorenzo Pimienta, patriotas comprometidos en avanzar un mejor futuro para Cuba. Y también con una madre, Angelica Ramirez, que sufre por su hijo, Denis Hernández Ramírez, que… pic.twitter.com/knp9unfV3P
— Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) May 29, 2026
En el video, Ramírez habla con Hammer sobre la situación de su hijo, encarcelado en Artemisa. “Está bien de salud; simplemente está muy tenso”, detalló.
Hernández Ramírez, residente en San Antonio de los Baños, cumple una condena de seis años de privación de libertad por los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos, derivados de su participación en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021. De acuerdo con el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), fue detenido el 24 de marzo pasado al presentarse en la Unidad Provincial de Operaciones Criminales del MININT en Guanajay, conocida como Técnico de Cuatro Caminos, después de recibir una citación entregada a su madre con apenas 12 horas de antelación.
La citación indicaba que debía comparecer “con el objetivo de entrevista”. Tras acudir a la unidad policial, Hernández Ramírez fue privado de libertad y devuelto a prisión en un contexto de vigilancia, intimidación y hostigamiento posterior a su excarcelación de enero de 2025.
Otro de los participantes en la reunión, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, es coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) y uno de los gestores del Proyecto Emilia. Pupo también salió a las calles el 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños y fue sancionado a seis años de cárcel bajo cargos de “desacato y atentado”. En septiembre de 2024 recibió una licencia extrapenal después de sufrir dos isquemias cerebrales en prisión que le dejaron afectada la movilidad del lado derecho del cuerpo, según había relatado a CubaNet.
La Embajada estadounidense indicó además que Hammer sostuvo un encuentro con miembros del PUNCLI y de la sociedad civil cubana. “Visitamos San Antonio de los Baños, a miembros del Partido Unión por Cuba Libre. Hablamos sobre la crisis en Cuba, la represión contra opositores y la sociedad civil cubana”.
Hace casi cinco años, en San Antonio de los Baños estalló una de las primeras protestas del 11J, una jornada que Human Rights Watch calificó como la mayor movilización nacional contra el Gobierno cubano desde 1959. Las manifestaciones pacíficas fueron respondidas con represión sistemática, censura, detenciones arbitrarias, procesos abusivos, golpizas y otros malos tratos.
Por el papel activo que ha mantenido Hammer en la Isla, en 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba entregó al diplomático una nota verbal de protesta por lo que calificó como una “conducta injerencista e inamistosa”, mientras Estados Unidos defendió esos contactos como parte de su respaldo a quienes reclaman libertades en la Isla.
El Gobierno cubano niega reiteradamente que mantenga presos políticos y sostiene que los manifestantes encarcelados enfrentan delitos comunes como desórdenes públicos, resistencia, robo o vandalismo. Sin embargo, Prisoners Defenders registró 1.260 presos políticos y de conciencia al cierre de abril, una cifra que incluye 35 menores y 142 mujeres. La organización también reportó 449 encarcelados con enfermedades provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión, la tortura y la negación de atención médica.
