El tema del impacto de las estrategias autocráticas en la erosión de la democracia pareciera ser tangencial o, al menos, elusivo, probablemente porque, por una parte, las estrategias de influencia de las autocracias más allá de sí mismas a través de estrategias de soft power o sharp power (como más recientemente se ha tipificado) pueden entenderse dentro de las lógicas propias de reproducción de los regímenes autocráticos; y, por la otra, debido a que la democracia puede erosionarse de varias maneras, una de ellas, a través de dinámicas internas que hablan de los límites propios de su accionar, cuando, por ejemplo, un autócrata llega a la presidencia de un país a través de las elecciones y usa la legitimidad de la democracia para desmontarla.
Sin embargo, sería un error no considerar la interacción entre ambas dinámicas y no intentar comprender de qué manera condiciones propias de cada situación se nutren mutuamente. Un ejemplo muy claro de esta interacción se ha revelado recientemente en la información revelada por el periódico mexicano El Universal sobre el tratamiento que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) ha decidido dar a la información sobre los envíos humanitarios a Cuba. Aunque al día siguiente de la publicación, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó el asunto, aludiendo a que el hecho era falso, no es posible desestimar una declaración que nace de una fuente institucional del propio gobierno de México.
En la nota, El Universal informa que, por solicitud expresa a AMEXCID, este emitió un oficio en el cual declara que la información sobre los envíos humanitarios a Cuba ha sido clasificada como reservada por los próximos cinco años, y que tal clasificación obedece a un pedido verbal del gobierno cubano. El oficio enumera también las razones por las cuales el gobierno cubano habría solicitado tal tratamiento de la información. Se trata de razones de seguridad nacional e incluso seguridad regional, puestas en consideración por el supuesto peligro de que la oposición difunda información falsa a la población “con la finalidad de azuzarla a organizarse y boicotear las donaciones, pretendiendo incluso apropiarse indebidamente de ellas”.
Este primer argumento tendría más sentido si se le hubiera encargado a una IA construir un escenario plausible con un promt del tipo: “poniéndote en la posición del gobierno cubano: ¿qué argumentos esgrimirías para justificar que no se difunda información sobre la ayuda humanitaria que recibe de México?”, que si se basara en un análisis de la realidad. No ha habido ningún indicio de ninguna persona o grupo opositor que haya utilizado información falsa para azuzar un boicot de las donaciones, y mucho menos para apropiarse indebidamente de estas.
Lo que ha habido, en consonancia con una demanda permanente que emerge de la oposición, la disidencia y de sectores críticos al régimen cubano dentro y fuera del país es el pedido, dirigido incluso a la sociedad mexicana en general y a su propio gobierno, de que las donaciones sean fiscalizadas. Ello con el objetivo de asegurarse que no son desviadas en su totalidad o en parte, como de hecho reportó TV Azteca a través de corresponsales en la isla recientemente. Tal demanda no solo está justificada por experiencia previas y el conocimiento a nivel popular de que las donaciones recibidas por el Estado cubano son muchas veces desviadas y reapropiadas –por ejemplo, para la venta en tiendas en divisas–, sino que constituye por principio un reclamo básico que pone en cuestionamiento la opacidad de un régimen autocrático y opone a ella una demanda de transparencia. Si la transparencia es una condición básica de la democracia, la opacidad lo es de la autocracia, porque permite el ejercicio arbitrario del poder que caracteriza todas las formas de autocracia, blindándolo con la impunidad absoluta frente al posible escrutinio público.
Por esa razón, la pérdida de los mecanismos de transparencia suelen considerarse como uno de los indicadores de los declives democráticos. En México, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) –un organismo autónomo–, y su sustitución por el Instituto de Transparencia para el Pueblo –dependiente de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno– ha sido interpretado por muchos analistas como signo del declive democrático mexicano. El derecho al acceso a la información pública no parece, en lo formal, quedar vulnerado, pues continúa teniendo un canal a través del cual puede ser ejercido, pero su subordinación al aparato institucional del Estado abre el escenario a un uso arbitrario. En ausencia de una entidad autónoma que pueda fiscalizar al propio gobierno, este puede decidir qué es susceptible de ser transparentado y qué no. Si sumamos a esto que el argumento de la seguridad nacional ha sido ya utilizado para blindar el escrutinio hacia proyectos emblema del sexenio de López Obrador, como el Tren Maya, es posible reconocer que la declaración de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a El Universal sobre la clasificación de reservado a los envíos humanitarios a Cuba es, en cierta medida, coherente con el tratamiento del tema de la transparencia y la opacidad por parte de la actual administración del gobierno mexicano.
Sin embargo, no es un detalle menor que la opacidad se produzca aquí, no en relación con proyectos o políticas propias, sino en respuesta a una solicitud del gobierno cubano, que no es posible consultar porque fue verbal. Es un añadido preocupante que la elaboración de la argumentación para la medida de clasificar como reservada la información sobre los envíos de ayuda humanitaria haya partido de la AMEXCID y ni siquiera exista una declaración por escrito del gobierno cubano. Eso significa una asunción doble de la responsabilidad; la de acceder a un pedido de opacidad y la de justificarlo.
En el hecho mismo, y en su justificación, también hay línea de coherencia; la que se establece con otra serie de acciones que han buscado deliberadamente apoyar al régimen cubano, y que han también erosionado la transparencia en el ejercicio de gobierno. Ha sucedido así con los envíos de petróleo y en casos como el de la compra de medicamentos caducos a Cuba por un costo de 11 millones de pesos. Y es en este punto donde las estrategias de sharp power del gobierno cubano, en su intento de generar apoyos ideológicos y materiales, terminan confluyendo y contribuyendo a la erosión democrática en otros países, en este caso México.
Convergen la influencia autocrática hacia el exterior del país y el declive democrático de otro. Y confluyen porque principios básicos que no deberían ser vulnerados, como la transparencia, son puestos en una posición de subordinación con respecto al imperativo de apoyar al régimen autocrático. Por supuesto, las declaraciones de la SRE de México a El Universal se refieren al asunto aclarando que no se trata de una falta de transparencia, sino que responden “a una estrategia de seguridad humana y de cooperación internacional, como política exterior de ambas naciones”. Sin embargo, cabría preguntarse si la demanda de la ciudadanía cubana de conocer los detalles de las donaciones de las que son el principal destinario puede ser subordinada a preocupaciones de seguridad y, sobre todo, si esas preocupaciones son legítimas o más bien la excusa perfecta que garantiza seguir ejerciendo el poder como han hecho hasta ahora: abusando del poder al mando de un país que se gobierna como una finca, y sin tener que rendir cuentas a nadie.
La respuesta es sencilla. No, no puede subordinarse el derecho a la información a preocupaciones de seguridad que ni siquiera tienen sustento. Y no puede presentarse como un problema de seguridad lo que termina siendo una forma más de criminalizar los reclamos de una sociedad explotada y sometida al yugo totalitario. Que una intención tal encuentre aliados para su sustento es una de las tantas formas de la interminable tragedia nacional cubana y es, también, una señal ominosa de que la complicidad con la opresión autocrática tiene un costo, y es uno que se paga con derechos erosionados, limitados o perdidos.
Hilda Landrove caracteriza muy bien el fenómeno. En Puebla conocí a un industrial que exportaba cercas metálicas a Cuba, financiadas por el banco estatal mexicano, que asumía los impagos. El detalle era que el precio por metro de cerca era un 25% mayor que en el mercado. Al industrial no le afectaba en lo más mínimo, por lo que no investigaba. Y a la empresa cubana tampoco, porque no iba a pagar nada. ¿Quién lo obtenía? Supongo, lo que sí se sabe es que lo pagaba el pueblo mexicano con sus impuestos. Como hoy…